CTERA lleva adelante una medida de fuerza nacional en reclamo de una convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y la restitución de fondos para la educación. El Gobierno fiscaliza el cumplimiento del servicio mínimo del 75% y advirtió que aplicará sanciones si se detectan incumplimientos.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) lleva adelante este lunes un paro docente en todo el país, en medio de un clima de tensión con el Gobierno nacional por los controles implementados durante la medida de fuerza.
El principal sindicato docente anunció el paro ante la “permanente negativa” del Ejecutivo a convocar a una mesa de Paritaria Nacional Docente. En paralelo, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, fiscaliza el desarrollo de la jornada a través de sus agencias territoriales y advirtió que aplicará sanciones en caso de que no se cumpla con el servicio mínimo establecido.
La medida de fuerza de CTERA coincide con el regreso a las aulas tras el receso invernal en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, y tiene impacto en las escuelas públicas de todo el país.
Desde el gremio conducido por Sonia Alesso cuestionaron la situación del sistema educativo y señalaron en un comunicado: “Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación”.
Como consecuencia del paro, no se dictan clases en los niveles inicial, primario y secundario de las instituciones públicas. Algunas escuelas privadas podrían mantener su actividad habitual, aunque desde los gremios sostienen que la adhesión a la medida es elevada en todo el sistema educativo.
Entre los principales reclamos de los docentes se encuentran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el pago de los fondos nacionales destinados a la educación, una convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
Además, CTERA manifestó su rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.
El Gobierno fiscaliza el paro y advierte por posibles sanciones
En paralelo al desarrollo de la medida de fuerza, el Gobierno nacional lleva adelante un operativo de fiscalización mediante las agencias territoriales para controlar el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente.
Desde el Ministerio de Capital Humano indicaron que se elaborará un informe nacional con el nivel de actividad registrado durante la jornada.
La cartera advirtió que, si se detectan incumplimientos de la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las organizaciones sindicales involucradas.
La fiscalización está coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende del Ministerio de Capital Humano. Las agencias territoriales tienen previsto recopilar información en las distintas provincias, registrar el funcionamiento de los establecimientos educativos y enviar los datos obtenidos a la administración central.
Estas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial entre trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
El operativo se basa en la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 de esa normativa modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró como servicio esencial el cuidado de menores y la educación correspondiente a los niveles inicial, primario, secundario y especial.
La legislación establece que, durante una medida de fuerza, la cobertura de esas actividades no puede ser inferior al 75% de la prestación habitual.
Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que una eventual sanción no se aplicaría de manera automática a partir del nivel de adhesión al paro.
Primero deberá comprobarse un incumplimiento, establecer cuál fue la obligación que no se respetó, identificar a la entidad sindical responsable y llevar adelante el procedimiento administrativo correspondiente.
El proceso contempla además la posibilidad de ejercer el derecho a defensa y recurrir posteriormente a la revisión judicial.
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