La Dirección Nacional de Migraciones intensifica los operativos junto a las fuerzas federales y suma nuevas herramientas para cruzar información y generar alertas. El Ejecutivo también amplió el marco legal para controlar ingresos y permanencias.
El Gobierno profundiza en todo el país los operativos destinados a detectar extranjeros en situación migratoria irregular y avanza, al mismo tiempo, con una reorganización interna y nuevas herramientas tecnológicas en la Dirección Nacional de Migraciones.
El esquema combina controles territoriales con la participación de las fuerzas federales y sistemas destinados a centralizar información, cruzar datos y generar alertas sobre personas que ingresan o permanecen en el país.
Migraciones determina las zonas donde se realizan los procedimientos a partir de tareas de campo y del análisis de lugares con mayor concentración o circulación de extranjeros. Los operativos pueden ser programados previamente o activarse a partir de un requerimiento, y se llevan adelante junto con la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería, Prefectura Naval o la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Desde el Ejecutivo sostienen que los operativos federales no necesitan una notificación previa a los gobiernos provinciales.
El operativo en Rosario y qué ocurre ante una irregularidad
Uno de los procedimientos más importantes de las últimas semanas tuvo lugar en Rosario, donde Migraciones y la Policía Federal desplegaron alrededor de 60 agentes y controlaron a unas 420 personas.
Según fuentes oficiales, durante el operativo fueron detectados ocho extranjeros con irregularidades migratorias. Entre ellos había un ciudadano chino que tenía una orden de expulsión vigente. El Gobierno de Santa Fe no había sido informado previamente sobre el procedimiento.
La respuesta de las autoridades depende del tipo de irregularidad encontrada. Cuando una persona tiene vencido su permiso de permanencia o necesita completar un trámite de residencia, Migraciones puede intimarla a regularizar su situación.
En cambio, si se comprueba un ingreso ilegal al territorio nacional, puede iniciarse un procedimiento migratorio que eventualmente derive en una expulsión. Si existen causas judiciales pendientes, intervienen las fuerzas correspondientes, mientras que ante un requerimiento internacional se activa el circuito judicial.
Este esquema cuenta con un marco legal ampliado desde 2025. El DNU 366/2025 otorgó expresamente a Migraciones facultades para exigir la acreditación de identidad y de la situación migratoria, además de organizar controles e inspecciones.
La normativa también establece que quienes ingresen al país por pasos no habilitados o evadan los controles migratorios pueden quedar sujetos a una expulsión. Asimismo, permite rechazar el ingreso en frontera cuando la irregularidad es detectada en ese momento.
Más coordinación con las fuerzas federales
La estrategia territorial se reforzó en junio con la creación del Programa de Seguridad Migratoria, establecido mediante la Resolución 551/2026.
La medida dispuso que Migraciones coordine tareas con la PFA, Gendarmería, Prefectura y PSA. Además, ordenó la creación de Unidades de Seguridad Migratoria dentro de cada una de esas fuerzas para trabajar en prevención, detección e investigación de delitos vinculados con la situación migratoria.
Los procedimientos ya se realizaron en distintos puntos del país.
En abril, la PFA, Migraciones y Gendarmería controlaron 423 personas en Aguaray, Salta, y detectaron a 15 extranjeros en situación irregular. El operativo posteriormente continuó en Tartagal.
En julio, por otra parte, Gendarmería identificó en Misiones a cinco ciudadanos chinos que no contaban con un registro de ingreso legal. Migraciones dispuso entonces su salida hacia Brasil.
Migraciones incorpora nuevos sistemas para cruzar información
Además de los controles presenciales, el Gobierno avanza con una reorganización tecnológica y administrativa del organismo.
En julio, Migraciones abrió una contratación por 36 meses para administrar información correspondiente a pasajeros que ingresan o salen del país a través de aeropuertos internacionales y terminales de cruceros.
Este sistema se complementa con la plataforma central de control migratorio, que permite cruzar movimientos con información de Interpol y con datos anticipados proporcionados por las empresas de transporte.
A esto se suma el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), creado este año e integrado por Migraciones, las cuatro fuerzas federales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
El protocolo contempla cruces automatizados y la generación de nuevas alertas a partir del análisis de riesgo. También establece que debe identificarse el origen de cada alerta y su nivel de confiabilidad.
En paralelo, Migraciones estableció en julio que todo su personal debe firmar un nuevo compromiso de confidencialidad y uso de la información.
La disposición incluye datos personales, movimientos migratorios, antecedentes, medidas judiciales y actuaciones administrativas. También establece que las consultas realizadas dentro de los sistemas pueden quedar registradas y ser auditadas.
Nueva causal para impedir ingresos o cancelar residencias
El endurecimiento de los controles también está acompañado por cambios en la legislación migratoria.
El DNU 681/2026 incorporó como causal para impedir el ingreso al país o cancelar una residencia que un extranjero haya difundido mensajes de odio o incitado a la violencia contra argentinos por su nacionalidad, o haya participado en actos considerados ultrajes contra símbolos patrios.
En el caso de personas que ya cuentan con residencia, la cancelación puede derivar en una intimación para abandonar el territorio o en una expulsión, dependiendo de las circunstancias.
El Gobierno busca además incorporar esta causal al sistema de alertas migratorias, sin desarrollar una plataforma tecnológica independiente. La intención es que el antecedente quede asociado a la persona y pueda aparecer en los sistemas consultados por los inspectores cuando intente ingresar al país.
Todavía resta establecer cómo funcionará ese mecanismo: quién podrá generar una alerta, qué evidencia será necesaria para incorporarla y qué organismo deberá validarla, especialmente frente a posibles cuestionamientos judiciales.
Una agenda que el Gobierno busca profundizar
En la Casa Rosada consideran que la agenda migratoria tiene una recepción política diferente a otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.
Dentro del Gobierno sostienen que una política orientada a incrementar los controles migratorios responde a una demanda existente dentro de su base electoral y anticipan que buscarán profundizarla.
La estrategia combina así una mayor presencia territorial, coordinación con las fuerzas federales, nuevas herramientas de análisis de información y modificaciones legales para reforzar los controles sobre el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país.
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