El vínculo entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales atraviesa una etapa de mayor tensión antes de los debates por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral. La caída de la coparticipación, el reparto de ATN y las elecciones del próximo año comenzaron a modificar el escenario político.
Mientras el Gobierno de Javier Milei prepara los debates legislativos por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, los gobernadores comenzaron a marcar una mayor distancia con la Casa Rosada, con la mirada puesta también en las elecciones del próximo año.
El Congreso, que durante buena parte de la gestión libertaria funcionó como un ámbito de acuerdos relativamente favorables para La Libertad Avanza (LLA), empezó a enviar señales diferentes. Los mandatarios provinciales tienen una participación cada vez más directa en esas decisiones y los respaldos ya no aparecen garantizados proyecto por proyecto.
La sucesión de derrotas y dificultades legislativas del oficialismo tuvo uno de sus primeros puntos de inflexión durante una controvertida sesión del Senado vinculada con la ley de Inviolabilidad Privada. En aquella oportunidad, provincias que hasta entonces habían acompañado al Gobierno se apartaron de la reforma de la ley de Tierras y del Sistema de Manejo del Fuego.
El proyecto consiguió media sanción, aunque perdió buena parte de su contenido original durante el tratamiento legislativo.
Más tarde, la Casa Rosada consiguió un respiro cuando Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y Inocencia Fiscal II. Sin embargo, ese respaldo no se prolongó demasiado.
La oposición logró imponer el miércoles pasado su agenda en la Cámara baja con el acompañamiento de bloques dialoguistas y avanzó con el tratamiento de la emergencia en Discapacidad y distintas iniciativas vinculadas con el desendeudamiento de las familias.
Entre los respaldos a esa ofensiva legislativa estuvieron representantes cercanos a gobernadores dialoguistas como Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Hugo Passalacqua, de Misiones; Martín Llaryora, de Córdoba; y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.
El escenario también alcanzó al Senado. Patricia Bullrich no logró evitar que se cayera una sesión prevista para el jueves, en la que estaba previsto avanzar con la nueva ley de Biocombustibles.
La iniciativa genera diferencias incluso entre las propias provincias.
Los biocombustibles, otro punto de conflicto entre las provincias
Mientras Tucumán, Jujuy y Salta se muestran a favor del proyecto, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe expresaron un rechazo frontal.
Estas últimas provincias advierten que el ingreso de compañías integradas —entre ellas, las grandes cerealeras— al mercado del biodiésel podría provocar la quiebra de cientos de pequeñas y medianas empresas.
Por ahora, el tratamiento del proyecto quedó en suspenso.
La conclusión que transmiten los gobernadores es que el escenario cambió: el acompañamiento a Nación se definirá iniciativa por iniciativa.
Los ATN volvieron, pero no alcanzaron para recomponer el vínculo
La Casa Rosada también intentó recomponer la relación con los distritos a través de la reactivación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), después de un agosto sin movimientos en ese sentido.
El martes, el Ministerio de Economía habilitó $12.000 millones para tres provincias.
Jujuy y La Pampa recibieron $3.500 millones cada una, mientras que Misiones obtuvo $5.000 millones.
El caso de La Pampa tuvo una particularidad: se trató del primer desembolso de ATN que recibió esa provincia durante la gestión de Milei.
Sin embargo, el gobernador pampeano Sergio Ziliotto no llegó a disfrutar del anuncio. Apenas 48 horas después, el Gobierno estableció mediante un decreto que el 100% de las regalías del complejo hidroeléctrico de Los Nihuiles corresponde a Mendoza.
La decisión provocó una nueva escalada en el conflicto entre Mendoza y La Pampa por el río Atuel.
“No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. ¡No nos quedaremos quietos!”, cuestionó Ziliotto en sus redes sociales.
En el caso de Misiones, el desembolso de $5.000 millones adquiere una dimensión política particular.
La Casa Rosada busca evitar que, luego de su distanciamiento con Carlos Rovira, el gobernador Hugo Passalacqua termine alineándose con sectores opositores.
Las recientes reuniones del mandatario misionero generan preocupación en el oficialismo. El miércoles recibió a Axel Kicillof, con quien compartió una agenda que incluyó fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional.
Antes de ese encuentro, Passalacqua también había recibido a Sergio Uñac y a una delegación vinculada con el peronismo federal.
Incluso no se descarta que, si Passalacqua busca la reelección, pueda confluir con el PJ provincial.
De todos modos, dentro de Misiones también existen dudas sobre la profundidad de la disputa entre Passalacqua y Rovira. Algunos sectores consideran que recién en 2027 podrá comprobarse si ambos terminan compitiendo con estructuras electorales propias.
Mientras tanto, La Libertad Avanza confía en que puede imponerse en la provincia y ya aparecen dos nombres como posibles candidatos: el diputado Diego Hartfield y el presidente del partido libertario en Misiones, Adrián Núñez.
Las elecciones de 2027 complican la relación
Las diferencias electorales son uno de los principales factores que comienzan a alterar el vínculo entre los gobernadores y el Gobierno de Milei.
Varios mandatarios dialoguistas sospechan que los libertarios podrían competir directamente contra ellos en sus propias provincias durante las elecciones del próximo año.
Esa desconfianza también repercute en el Congreso.
Por ahora existe un caso concreto: el tucumano Lisandro Catalán ya lanzó su candidatura y buscará disputarle Tucumán al justicialismo.
Otro ejemplo fue la elección del domingo pasado en Marcos Juárez, Córdoba, considerada el kilómetro cero de Cambiemos. Allí el triunfo del peronismo cordobés expuso los riesgos de una oposición fragmentada, debido a que el voto contrario al justicialismo no contó con una propuesta unificada.
En este escenario, Karina Milei tendrá la decisión final sobre los acuerdos electorales con los gobernadores.
Por ahora continúan los entendimientos con Alfredo Cornejo, de Mendoza; Leandro Zdero, de Chaco; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos.
También resta determinar si se mantiene la unidad porteña con Jorge Macri y si a esa alianza se incorporan otros gobernadores, como el chubutense Ignacio Torres, el sanjuanino Marcelo Orrego o el puntano Claudio Poggi.
A nivel local, otra elección que será seguida con atención tendrá lugar el 1 de noviembre en Bariloche, donde se votará para reformar la Constitución de la ciudad.
La alianza entre el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés competirá frente al PJ y frente a la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza.
El escenario electoral que se configure en Bariloche podría funcionar como una prueba de cara a las elecciones provinciales, debido a la similitud de las posibles alianzas y ofertas electorales.
La coparticipación también genera tensión
A las diferencias políticas y electorales se suma un problema económico: la evolución de la coparticipación federal.
Un informe de la Fundación Encuentro señala que Catamarca fue la única provincia que recibió más fondos que durante el mismo período del año anterior, con un incremento del 0,3%.
Su gobernador, Raúl Jalil, mantiene una posición cercana al Gobierno nacional y confirmó este viernes que Catamarca no desdoblará sus elecciones, tal como había anticipado Ámbito.
En el acumulado del año, el conjunto de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires recibió 1,2% menos de fondos en términos reales que durante el mismo período de 2025.
“Las transferencias automáticas crecieron levemente de manera interanual en el mes de agosto impulsadas por el buen desempeño del Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, el acumulado muestra una baja del 1,2% real respecto a igual período de 2025”, señala el informe.
El dato agrega presión a una relación que ya presenta diferencias en distintos frentes.
Presupuesto 2027 y reforma electoral, los próximos desafíos
En este escenario, el Gobierno deberá afrontar dos debates legislativos de alto impacto: el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.
Dentro de la reforma electoral, uno de los puntos que genera mayor discusión es la eliminación de las PASO.
Una alternativa que podría reunir mayor respaldo entre los aliados consiste en suspenderlas, siguiendo un esquema similar al aplicado durante 2025.
Además, el Gobierno tiene como fecha límite el 15 de septiembre para presentar el Presupuesto.
Antes de avanzar con ese debate, el oficialismo tiene previsto impulsar el proyecto relacionado con Malvinas anunciado por el Presidente, una iniciativa que, de no producirse nuevas fracturas, tendría un camino legislativo sin grandes dificultades.
El escenario, sin embargo, muestra que el Gobierno ya no cuenta con un respaldo automático de los gobernadores. Entre la distribución de recursos, las diferencias sobre proyectos específicos y la competencia electoral que se aproxima, los mandatarios provinciales comienzan a marcar límites más claros frente a la Casa Rosada.
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