La Argentina promulgó la Ley 27.819 y formalizó la entrada en vigencia del tratado firmado en 2023. El convenio crea una zona de libre comercio para bienes y servicios, con un cronograma de reducción de derechos de importación que en algunos sectores se extenderá hasta 15 años.
El Gobierno nacional formalizó la incorporación de la Argentina al Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, luego de promulgar la Ley 27.819, mediante la cual el Congreso había ratificado el convenio comercial entre el bloque regional y el país del sudeste asiático.
La entrada en vigencia del tratado quedó establecida a través del Decreto 1010/2026. El acuerdo establece un marco de intercambio para bienes y servicios entre las partes y fija reglas comerciales alineadas con las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El convenio había sido firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro, Brasil, y uno de sus principales puntos es la creación de una zona de libre comercio.
Un cronograma para reducir los aranceles
El acuerdo contempla un proceso de desgravación progresiva de los derechos de importación, con diferentes plazos según los productos y sectores involucrados.
El esquema va desde la eliminación inmediata y total de los aranceles una vez que el tratado entra en vigencia hasta períodos de reducción que pueden extenderse durante 15 años para determinados sectores.
Además, las partes se comprometen a no establecer nuevos incrementos sobre los aranceles aplicados a los bienes originarios de los países integrantes del acuerdo.
El objetivo es establecer condiciones previsibles para el intercambio comercial y avanzar gradualmente hacia menores costos para las operaciones entre el Mercosur y Singapur.
Facilidades para las operaciones comerciales
El tratado también incorpora distintas herramientas destinadas a agilizar el comercio y reducir los costos administrativos asociados a las operaciones internacionales.
Entre las medidas contempladas se encuentra el ingreso sin aranceles de muestras comerciales de valor insignificante.
También se establece un régimen de admisión temporal con suspensión de tributos para determinados bienes, entre ellos equipos profesionales, productos destinados a ferias y ciertos materiales vinculados con el transporte.
El acuerdo incorpora además un mecanismo simplificado para aquellas mercaderías que sean enviadas al exterior con el objetivo de ser reparadas. Estos productos podrán regresar al país de origen siempre que mantengan su función original.
Reglas para las licencias y restricciones a las importaciones
El convenio establece condiciones específicas para las licencias de importación y exportación y limita la posibilidad de aplicar restricciones cuantitativas que no cuenten con una justificación.
También se contempla una situación particular para determinados productos alimentarios considerados críticos.
Si alguna de las partes decide implementar medidas restrictivas sobre esos productos, deberá informarlo previamente y responder las consultas técnicas que formule la otra parte dentro de un plazo máximo de 30 días.
Para supervisar el cumplimiento de las reglas de origen y las condiciones de acceso a los distintos mercados, el acuerdo creó un Subcomité de Comercio de Bienes y Reglas de Origen.
Ese organismo tendrá entre sus funciones coordinar consultas técnicas y elaborar recomendaciones cuando surjan diferencias relacionadas con la clasificación arancelaria de los productos.
Singapur como potencial fuente de inversiones
Además de facilitar el intercambio de bienes y servicios, desde la Cancillería destacaron que el acuerdo puede contribuir a ampliar el flujo de inversiones hacia la región.
En particular, señalaron el potencial de Singapur como fuente de capitales destinados a actividades relacionadas con la provisión de minerales y fuentes de energía.
El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, consideró que el convenio puede funcionar como una plataforma para atraer inversiones.
En ese sentido, destacó el volumen del fondo de inversiones de Singapur, cuyos activos se ubican cerca de los US$100.000 millones. Según explicó, actualmente solamente alrededor del 4% de esos fondos tiene como destino América Latina.
La expectativa oficial está vinculada con la posibilidad de incrementar esa participación a partir de un marco comercial que facilite el vínculo entre ambas regiones.
El debate que tuvo el acuerdo en el Congreso
Durante el tratamiento legislativo del convenio también hubo distintas posiciones respecto del alcance de la apertura comercial.
El senador Francisco Paoltroni respaldó el acuerdo y planteó la apertura comercial como una herramienta para reducir el rezago existente en el intercambio.
Por otra parte, otros legisladores, entre ellos Jorge Capitanich, plantearon la necesidad de fortalecer los controles técnicos sobre los productos que ingresen al país.
En ese marco, se mencionó el rol que podrían desempeñar organismos como el INTA y el INTI para reforzar las evaluaciones técnicas.
La normativa finalmente fue promulgada con las firmas de Victoria Villarruel y Martín Alexis Menem y quedó incorporada al Registro Oficial, completando así el proceso de entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur.
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