El Gobierno acordó extender por 11 años el contrato de concesión, con la posibilidad de sumar otros siete años si la empresa cumple con las condiciones de inversión y ejecución de obras. La renegociación fijó una TIR de referencia del 14,30%, descartó el acceso al RIGI y contempla el cierre de una demanda judicial iniciada en 2023.
El Gobierno nacional y Aeropuertos Argentina finalizaron la renegociación de la concesión mediante la cual la empresa administra los principales aeropuertos del país. El nuevo acuerdo modifica el plazo de vigencia del contrato y establece nuevas obligaciones para la compañía, principalmente relacionadas con inversiones y obras de infraestructura aeroportuaria.
La empresa había solicitado originalmente una extensión de 40 años, compuesta por 30 años adicionales con la posibilidad de prorrogarla otros 10. Finalmente, el acuerdo alcanzado establece una ampliación de 11 años respecto del vencimiento actualmente previsto, por lo que la concesión continuará vigente hasta el 13 de febrero de 2049.
El convenio también contempla la posibilidad de incorporar otros siete años al período de concesión. Sin embargo, esa extensión estará condicionada al cumplimiento de determinados compromisos vinculados con el financiamiento y la ejecución de nuevas obras de infraestructura aeroportuaria.
En paralelo, este lunes Javier Milei se excusó de intervenir en el procedimiento debido a su vínculo profesional previo con Corporación América. A partir de esa decisión, la competencia para avanzar con el proceso quedó en manos del jefe de Gabinete.
Las condiciones para extender la concesión
La posibilidad de acceder a esos siete años adicionales quedó sujeta a dos requisitos específicos.
El primero establece que, antes del 30 de junio de 2027, Aeropuertos Argentina deberá acreditar, mediante un informe realizado por una de las principales firmas de auditoría a nivel mundial, que dispone de fondos por US$600 millones destinados a infraestructura comercial.
El segundo requisito determina que el 75% de las obras vinculadas con esa inversión adicional deberá encontrarse terminado antes del 31 de diciembre de 2031.
De esta manera, la ampliación extraordinaria del contrato no estará vinculada solamente a la disponibilidad o al compromiso de desembolsar los fondos. La empresa también deberá demostrar un avance concreto en la ejecución de las obras previstas dentro del plazo establecido.
Qué se acordó sobre la rentabilidad
Otro de los ejes de la renegociación fue la tasa interna de retorno (TIR) utilizada como referencia para determinar la rentabilidad de la concesión.
Aeropuertos Argentina había planteado una TIR de algo menos del 17%, vinculada al riesgo país. La compañía pretendía, además, que ese porcentaje no quedara únicamente como un parámetro de referencia, sino que se transformara en una obligación contractual que pudiera ser exigida al Estado Nacional.
El acuerdo alcanzado finalmente fijó una TIR de referencia del 14,30% y no incorporó mecanismos que permitan que ese porcentaje aumente de manera automática.
La discusión en torno a la rentabilidad se desarrolló dentro de una negociación más amplia entre la empresa y el Estado, que durante los últimos años habían mantenido diferencias relacionadas con las condiciones económicas del contrato y con la evolución de la actividad aeroportuaria.
El Gobierno rechazó el ingreso al RIGI
Otro de los pedidos formulados por la compañía estaba relacionado con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Aeropuertos Argentina había solicitado que las inversiones incluidas en su Plan de Inversión recibieran un tratamiento especial dentro de ese régimen. Sin embargo, el Gobierno rechazó el pedido.
Por ese motivo, las obras adicionales que forman parte de la renegociación no contarán con el tratamiento particular previsto por el RIGI.
El acuerdo también cierra la disputa judicial
La renegociación incluye además una cláusula destinada a poner fin a los reclamos existentes entre las partes.
El convenio establece que el Estado Nacional y Aeropuertos Argentina, junto con sus accionistas, no tendrán nada más que reclamarse mutuamente por ningún concepto.
Como parte de las condiciones acordadas, la empresa también deberá poner fin a la demanda judicial iniciada en 2023, mediante la cual había reclamado por una supuesta distorsión de la ecuación económico-financiera del contrato.
La compañía deberá desistir del derecho que había invocado en ese proceso. De esta manera, el cierre de la causa judicial se incorpora al conjunto de condiciones acordadas para resolver las diferencias acumuladas entre el Estado y la empresa.
Por lo tanto, la renegociación no se limita a modificar el plazo de vigencia y las condiciones económicas de la concesión, sino que también establece un mecanismo para cerrar los reclamos vinculados con el contrato actualmente vigente.
Con el acuerdo ya formalizado, Aeropuertos Argentina continuará administrando la concesión bajo un nuevo esquema de obligaciones, con vencimiento previsto para el 13 de febrero de 2049 y la posibilidad de extenderlo hasta 2056 si cumple con las condiciones establecidas para concretar las inversiones adicionales.
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