El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal por los disturbios ocurridos durante la quinta Marcha Federal Universitaria, con acusaciones por atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. En paralelo, el Gobierno porteño estimó en $90 millones los destrozos en el espacio público, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria reportó más de 550 personas afectadas por gases lacrimógenos y postas de goma durante el operativo de seguridad.
El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal por los incidentes registrados durante la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el jueves en las inmediaciones del Congreso de la Nación. En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires calculó en $90 millones los daños ocasionados en el espacio público, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que más de 550 personas resultaron afectadas durante el despliegue de las fuerzas de seguridad.
La presentación judicial contempla presuntos delitos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la cartera nacional sostiene que algunos manifestantes tenían el rostro cubierto, arrojaron piedras y otros objetos contundentes contra efectivos federales y provocaron destrozos en bienes públicos.
El escrito también señala que los hechos ocurrieron mientras el Congreso debía desarrollar su actividad legislativa y plantea que los disturbios habrían tenido como objetivo obstaculizar su funcionamiento.
La movilización se realizó para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y terminó con enfrentamientos, detenciones y un importante despliegue de las fuerzas de seguridad en las calles cercanas al Palacio Legislativo.
Mientras el Gobierno nacional avanzó con la denuncia contra los manifestantes señalados por los disturbios, la Comisión Provincial por la Memoria cuestionó el accionar policial y difundió un balance sobre las personas afectadas por el operativo.
Al menos 25 detenidos y ocho efectivos heridos
Los incidentes dejaron al menos 25 personas detenidas, entre ellas un adolescente de 14 años señalado por arrojar piedras contra un móvil policial en la esquina de Montevideo y Bartolomé Mitre.
Además, ocho integrantes de las fuerzas federales resultaron heridos durante el operativo. De acuerdo con la información difundida, cuatro pertenecían a la Gendarmería Nacional, dos a la Prefectura Naval y otros dos a la Policía Federal.
El Ministerio de Seguridad informó que se encuentra recopilando fotografías y videos para identificar a quienes habrían participado en las agresiones y los daños registrados durante la jornada. El objetivo es incorporar ese material a la investigación judicial.
La denuncia se enmarca en las actuaciones iniciadas por los hechos ocurridos durante la protesta, que reunió a estudiantes, docentes y distintas organizaciones en reclamo de financiamiento para las universidades.
La Ciudad estimó en $90 millones los daños en el espacio público
El Gobierno porteño realizó una primera evaluación de los destrozos registrados en la Plaza del Congreso y sus alrededores y estimó que el costo de los daños asciende a $90 millones.
Según la información difundida, las afectaciones alcanzaron distintos sectores del espacio público, entre ellos el mobiliario urbano, las veredas, los canteros y las superficies verdes.
La cifra corresponde a una estimación preliminar de los daños ocasionados durante la jornada de protesta. La evaluación del Gobierno de la Ciudad se suma a la denuncia penal impulsada por la cartera nacional por los hechos registrados en las inmediaciones del Congreso.
La CPM denunció que más de 550 personas fueron afectadas por el operativo
En paralelo, la Comisión Provincial por la Memoria cuestionó el accionar de las fuerzas federales y aseguró que más de 550 personas resultaron afectadas por el uso de gases lacrimógenos, postas de goma y otros elementos durante el operativo de seguridad.
Según el organismo, efectivos de la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal utilizaron gases lacrimógenos, disparos con postas de goma, proyectiles con gas químico, gas pimienta y camiones hidrantes contra quienes participaban de la movilización.
La CPM afirmó que durante el procedimiento se dispararon más de 120 granadas de gas lacrimógeno y que numerosas personas necesitaron asistencia en el lugar.
Entre quienes resultaron afectados, el organismo identificó a 16 integrantes de su equipo de monitoreo, dos miembros del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de 50 trabajadores de prensa y al menos 20 integrantes de organizaciones y puestos sanitarios que asistían a los manifestantes.
La comisión también sostuvo que la intervención policial obligó a adelantar el cierre del acto central. Según su descripción, los representantes universitarios continuaban hablando desde el escenario cuando comenzaron a desplegarse los gases.
Cuestionamientos por la dispersión y nuevas detenciones
De acuerdo con el comunicado de la CPM, durante la desconcentración de la movilización se sumó la Policía de la Ciudad al operativo de dispersión.
El organismo informó que al menos seis personas fueron detenidas en esa instancia, entre ellas dos adolescentes que, según indicó, recuperaron rápidamente la libertad.
La Comisión Provincial por la Memoria señaló que realizó tareas de monitoreo y asistencia a las víctimas junto con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el mecanismo local porteño.
De esta manera, el balance de la protesta quedó atravesado por dos controversias. Por un lado, la denuncia penal del Gobierno nacional contra manifestantes señalados por los disturbios y los daños ocasionados en bienes públicos. Por otro, los cuestionamientos de organismos de derechos humanos al accionar de las fuerzas de seguridad y el reporte de cientos de personas afectadas durante el operativo.
