La defensora del Pueblo porteña, María Rosa Muiños, presentó un proyecto para que los ministerios de Educación y de Desarrollo Humano y Hábitat evalúen el destino de los inmuebles sin herederos. La iniciativa busca ampliar las alternativas habitacionales para personas en situación de vulnerabilidad.
La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, presentó un proyecto de ley que busca modificar el régimen de herencias vacantes para que los inmuebles que no tienen herederos puedan destinarse a políticas habitacionales antes de ser puestos en subasta pública.
La propuesta plantea cambios en la Ley 52 e incorpora al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat al procedimiento que actualmente contempla la participación de la cartera educativa. De esta manera, ambos organismos deberán analizar si las propiedades pueden utilizarse con fines educativos o habitacionales en un plazo de 10 días hábiles administrativos.
Si alguno de los ministerios expresa interés en incorporar un inmueble, la Procuración General de la Ciudad deberá disponer su ingreso al patrimonio porteño y asignarlo al organismo solicitante. En caso de que las dos carteras pretendan utilizar la misma propiedad, la iniciativa establece que tendrá prioridad el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
En cuanto a los inmuebles que se destinen a vivienda, el proyecto determina que deberán incorporarse al Plan Integral de Estrategias Habitacionales, aprobado en marzo de 2026 y orientado a personas en situación de vulnerabilidad sociohabitacional, o al programa que lo reemplace.
Por el contrario, si ninguno de los dos ministerios manifiesta interés en utilizar una propiedad, se deberá realizar una subasta pública a través del Banco Ciudad. El procedimiento tendrá que concretarse dentro de los 60 días hábiles administrativos posteriores a la comunicación de esa decisión.
El dinero obtenido por la venta ingresará al Fondo Educativo Permanente, una vez descontadas las deudas del causante, los gastos judiciales y, cuando corresponda, la comisión del denunciante.
Un relevamiento sobre el destino de los inmuebles
Entre los fundamentos de la iniciativa, Muiños cita una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo en conjunto con el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico y Social Urbano (CEDESU). El relevamiento identificó al menos 626 inmuebles incorporados al régimen de herencias vacantes durante los últimos 15 años.
De acuerdo con los datos del informe, 613 propiedades fueron subastadas, mientras que otras 13 pasaron a integrar el patrimonio de la Ciudad por decisión del Ministerio de Educación. Sin embargo, solamente tres de estas últimas tienen asignados fines educativos específicos.
El estudio también señala que el 86,5% de los inmuebles relevados son departamentos que podrían utilizarse como viviendas. Para la Defensoría del Pueblo, estas propiedades representan una alternativa para ampliar las opciones habitacionales de personas y familias que tienen dificultades para acceder al mercado formal de alquiler.
Entre los obstáculos mencionados se encuentran la falta de garantías, la informalidad de los ingresos y otras circunstancias de vulnerabilidad que limitan las posibilidades de conseguir una vivienda.
La Defensoría podría supervisar el procedimiento
Otro de los puntos contemplados en el proyecto es habilitar a la Defensoría del Pueblo porteña para intervenir como veedora institucional del procedimiento. Además, el organismo podría formular recomendaciones no vinculantes destinadas a fortalecer la transparencia y la publicidad de los actos administrativos.
Según los fundamentos de la propuesta, el objetivo es ampliar el aprovechamiento social de los bienes que pasan al patrimonio público y generar nuevas alternativas habitacionales sin disminuir los recursos del Fondo Educativo Permanente.
En ese esquema, la subasta pública continuaría siendo una opción para aquellos inmuebles que no sean requeridos por los ministerios de Educación y de Desarrollo Humano y Hábitat para desarrollar políticas educativas o habitacionales.
