La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado aseguró que no conocía las modificaciones incorporadas al proyecto y reclamó corregir la situación. Advirtió que la falta de información previa generó tensiones dentro del oficialismo y ahora el debate continuará en Diputados.
La incorporación de modificaciones vinculadas con la Ley de Discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027 generó un nuevo foco de tensión dentro de La Libertad Avanza. La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció que desconocía esos cambios antes de que el proyecto llegara al Congreso y sostuvo que la situación debe ser corregida.
“No estaba enterada, tenemos que corregir eso”, afirmó la senadora al referirse a las modificaciones. Además, consideró que la manera en que se incorporaron los cambios afecta el funcionamiento interno del espacio político. “Esto resiente un poco las relaciones”, advirtió.
El proyecto de Presupuesto todavía debe atravesar el tratamiento en la Cámara de Diputados. En caso de que esa instancia apruebe un texto, el Senado deberá intervenir posteriormente como cámara revisora del presupuesto.
La sorpresa de Bullrich por los cambios incorporados
Bullrich explicó que esperaba que las modificaciones relacionadas con discapacidad fueran discutidas previamente dentro de la mesa política del Gobierno, pero aseguró que tomó conocimiento de su contenido recién cuando el proyecto presupuestario fue enviado al Congreso.
“Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz”, señaló. Según explicó, la iniciativa llegó al Parlamento con una serie de modificaciones a la legislación de discapacidad que, hasta ese momento, no eran conocidas por los integrantes de esa mesa.
La senadora también remarcó que el expediente ya está siendo analizado por las comisiones de Diputados y recordó que había existido un entendimiento entre el oficialismo y sectores de la oposición para abordar la cuestión.
En ese sentido, planteó que ahora habrá que esperar el resultado del tratamiento en la Cámara baja.
“Veremos qué es lo que Diputados manda al Senado. Somos la cámara revisora en el caso de Presupuesto, esperaremos a ver qué llega. Parece que está bastante peliaguda la discusión”, sostuvo.
Durante una entrevista con Radio Rivadavia, la titular de la bancada libertaria volvió sobre el mismo punto y explicó que el desconocimiento previo del contenido del proyecto generó una situación compleja para quienes tienen responsabilidades parlamentarias.
“No nos enteramos (de los cambios), es la verdad, yo digo la verdad. Eso es un tema, cuando uno es jefe de una bancada, y no se entera, estando en la mesa política, que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir”, expresó.
Bullrich agregó que esa situación puede generar dificultades en el vínculo entre el Gobierno y sus propios legisladores: “Uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. Yo no sabía. O quedás como un tonto, o como que los engañás. Eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que corrijamos esos problemas”.
Qué cambios plantea el Presupuesto sobre discapacidad
El debate sobre las modificaciones tiene como antecedente la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso durante 2025. Esa norma estableció una actualización del nomenclador utilizado para determinar los valores de las prestaciones y terapias destinadas a personas con discapacidad, cuyos montos habían quedado retrasados frente a la inflación.
El Gobierno había vetado inicialmente esa legislación, pero el Congreso insistió con su aprobación y finalmente la norma fue promulgada.
La vigencia de la emergencia está prevista hasta diciembre, mientras que distintos sectores de la oposición impulsan una prórroga para evitar que el sistema quede sin ese marco legal.
En paralelo, el proyecto incorporado al Presupuesto 2027 plantea modificaciones sobre distintos mecanismos establecidos por esa legislación.
Uno de los cambios centrales consiste en eliminar el artículo 7 bis, que dispone que los pagos destinados a los prestadores deben actualizarse de manera obligatoria, automática y mensual de acuerdo con la inflación.
La iniciativa también plantea cambios en el funcionamiento del nomenclador único. De aprobarse la propuesta, cada obra social o empresa de medicina prepaga podría establecer sus propios aranceles, en lugar de utilizar un importe común para las prestaciones.
Cambios en las pensiones y en el criterio de discapacidad
Otro de los aspectos incluidos en la iniciativa está relacionado con la definición utilizada para establecer la condición de discapacidad.
El proyecto propone reemplazar el enfoque basado en el modelo social de derechos humanos por un criterio vinculado con la “invalidez laboral”.
También se modifica el mecanismo de acceso a las pensiones. De acuerdo con el texto incorporado al Presupuesto, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) dejaría de funcionar como una vía directa para acceder a este tipo de prestaciones.
A esto se suma otra modificación: el proyecto establece una incompatibilidad absoluta entre el cobro de una pensión por discapacidad y la existencia de un trabajo.
Estos puntos quedaron incorporados al debate parlamentario y deberán ser analizados durante el tratamiento del proyecto antes de que pueda establecerse una versión definitiva de la normativa.
Las diferencias dentro del oficialismo y los bloques aliados
La incorporación de estos cambios también provocó diferencias entre distintos sectores que acompañan al Gobierno.
Las diputadas libertarias Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado ya venían trabajando en una propuesta propia destinada a modificar el sistema vigente. Sin embargo, ese trabajo quedó enfrentado con las modificaciones que el Poder Ejecutivo incluyó dentro del proyecto de Presupuesto.
Los bloques aliados también manifestaron reparos. Legisladores pertenecientes al PRO, la UCR e Innovación Federal advirtieron que la nueva propuesta “cambia completamente la discusión”.
Desde el PRO señalaron además dos cuestiones como puntos que consideran innegociables: mantener la actualización automática del nomenclador y avanzar con la cancelación de la deuda acumulada con los prestadores, que supera los $340.000 millones.
Por su parte, desde Provincias Unidas pusieron el foco en las consecuencias legales que podría generar el vencimiento de la emergencia si el Congreso no aprueba una extensión de su vigencia.
El próximo paso del debate parlamentario
El tratamiento de las modificaciones quedó abierto luego de que el plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de Diputados no lograra alcanzar un dictamen.
La próxima instancia informativa fue fijada para el 23 de septiembre, cuando continuará el intercambio entre los distintos sectores involucrados.
El objetivo será avanzar hacia un texto consensuado antes de diciembre, momento en que está previsto que termine la vigencia de la emergencia en discapacidad.
El debate se desarrolla en paralelo al tratamiento del Presupuesto 2027, enviado por el Gobierno al Congreso la noche anterior a la reunión de las comisiones y que incorporó dentro de su articulado las modificaciones relacionadas con la legislación de discapacidad.
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