El jefe de Gobierno envió a la Legislatura una reforma integral de la Ley 1472 que modifica penas, reincidencia, condenas en suspenso y responsabilidad adolescente, además de sumar nuevas contravenciones. La Libertad Avanza presentó una iniciativa propia con diferencias en aspectos como la autonomía del Código, la probation, los cortes de calles y las sanciones.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó ante la Legislatura de la Ciudad un proyecto de reforma integral del Código Contravencional, con modificaciones sobre distintos artículos de la Ley 1472 y del régimen de procedimiento. La propuesta contempla cambios en las escalas de las sanciones, incorpora nuevas conductas consideradas contravenciones y establece un régimen diferente para quienes reincidan.
La iniciativa del Ejecutivo porteño llegó a Perú 160 en paralelo con otro proyecto de reforma integral presentado por legisladores de La Libertad Avanza (LLA). Se trata del Expediente 3147-D-2026, presentado el 7 de octubre por la legisladora Solana Pelayo, con la coautoría de Juan Pablo Arenaza, Marcelo Gregorio Ernst, Juan Ignacio Fernández, Andrea Freguia, Silvia Imas, Marina Kienast, Nicolás Pakgojz, María del Pilar Ramírez, Sandra Mónica Rey, Leonardo Saifert y Diego Vartabedian.
Si bien ambos proyectos proponen modificaciones que avanzan sobre un régimen contravencional más estricto, los textos presentan diferencias en cuestiones centrales como el tratamiento de la reincidencia, las alternativas al cumplimiento de las sanciones, el vínculo con el Código Penal de la Nación y la regulación de determinadas conductas en el espacio público.
Qué propone modificar el proyecto de Jorge Macri
Uno de los principales cambios planteados por el Ejecutivo porteño está relacionado con el régimen de reincidencia.
El proyecto, identificado como Expediente 3155-J-2026, establece que existe reincidencia cuando una nueva contravención se comete dentro de los dos años posteriores a una sentencia firme. Al mismo tiempo, amplía el concepto para contemplar determinados comportamientos habituales en el espacio público, incluso cuando no se trate exactamente de la misma contravención.
La primera reincidencia implicaría un incremento del 50% de la sanción. En la segunda, el aumento sería de dos tercios, mientras que a partir de la tercera la pena podría llegar a duplicarse.
Además, la iniciativa contempla restricciones para los reincidentes respecto de determinadas modalidades de cumplimiento de las sanciones.
El proyecto también crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público y limita la posibilidad de acceder al arresto domiciliario, que quedaría reservado para situaciones excepcionales y debería ser justificado judicialmente.
El endurecimiento alcanza particularmente a las conductas relacionadas con los denominados “trapitos”. En situaciones de reincidencia y cuando exista extorsión a automovilistas, el arresto podría alcanzar los 90 días.
Qué cambia con la condena en suspenso
Otro de los puntos centrales de la propuesta de Jorge Macri está en el artículo 42, donde se elimina la posibilidad de aplicar una condena en suspenso para las personas adultas.
De esta manera, una sanción impuesta a una persona mayor de edad no podría quedar suspendida como regla general.
La iniciativa también establece mecanismos para convertir sanciones que no hayan sido cumplidas. En determinadas circunstancias, una multa o una tarea de utilidad pública incumplida podría transformarse en días de arresto o de trabajo comunitario, de acuerdo con las equivalencias establecidas en el proyecto.
Este aspecto constituye una diferencia con la propuesta de La Libertad Avanza. El proyecto presentado por Pelayo y los demás legisladores no elimina de manera general la condena en suspenso para quienes no tengan antecedentes, aunque establece restricciones para determinadas contravenciones y para reincidentes cuando la nueva sanción sea de la misma especie que la anterior.
Un régimen específico para adolescentes de 14 a 17 años
La iniciativa del Ejecutivo porteño también incorpora un régimen particular para adolescentes de entre 14 y 17 años, desarrollado en los artículos 43 a 46.
Los menores de 14 años quedan fuera del régimen de responsabilidad contravencional. Para quienes tienen entre 14 y 17, en cambio, se establece un sistema diferenciado que no contempla la posibilidad de arresto y que incluye la intervención de una defensa especializada.
Las medidas previstas tienen principalmente un carácter educativo y reparador. Entre ellas figuran la advertencia formal, la intervención de equipos interdisciplinarios, la participación en programas educativos, la continuidad obligatoria de la escolaridad, la capacitación laboral cuando corresponda, la reparación del daño y la realización de tareas comunitarias adecuadas a la edad.
Estas medidas tendrían un límite de 12 meses y no podrían ser más gravosas que las previstas para un adulto por la misma conducta.
El proyecto de La Libertad Avanza, en cambio, no desarrolla en los artículos señalados un régimen especial para adolescentes equivalente al propuesto por el Ejecutivo porteño.
Aumentan los máximos de las sanciones
La reforma de Jorge Macri también modifica los límites generales de las penas.
El proyecto eleva el máximo de las multas a 50.000 Unidades Fijas (UF), mientras que el arresto alcanzaría los 90 días como regla general y hasta 120 días para determinadas contravenciones consideradas graves, relacionadas con el orden público, el tránsito y el juego clandestino.
También se incrementan los límites previstos para las tareas de utilidad pública, las inhabilitaciones y las clausuras.
En el caso de la conducción bajo los efectos del alcohol, la iniciativa establece una multa de entre 1.000 y 6.000 UF, arresto de 5 a 30 días e inhabilitación para conducir por un período de entre seis meses y cuatro años.
Para las actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, el máximo propuesto alcanza las 50.000 UF.
La propuesta de La Libertad Avanza establece, en este punto, un techo todavía mayor para la multa general: 60.000 UF. También mantiene un máximo general de 90 días de arresto y de hasta 120 días para determinadas contravenciones graves. Sin embargo, lleva el máximo de clausura hasta los 365 días.
Las nuevas conductas que busca incorporar Macri
La propuesta del jefe de Gobierno no se limita al incremento de las sanciones. También incorpora nuevas figuras al Código Contravencional.
Entre ellas aparece el acecho o seguimiento de personas en la vía pública, además de distintas conductas relacionadas con el ámbito digital, como la obtención mediante engaño de credenciales, claves, códigos o tokens.
También se propone sancionar la venta de datos personales, la organización de operaciones masivas de compraventa informal en espacios públicos, la portación de dispositivos destinados a interferir señales y la manipulación fraudulenta de sistemas de pago o del transporte público.
El proyecto suma conductas relacionadas con la suplantación de agentes de autoridad mediante credenciales falsas, el financiamiento de contravenciones reiteradas o de grupos destinados a cometerlas, la distribución de elementos capaces de provocar disturbios y la obstrucción de sistemas de videovigilancia pública.
La autonomía del Código, una diferencia que plantea LLA
Uno de los contrastes más marcados entre ambas iniciativas aparece en el artículo 20 del proyecto de La Libertad Avanza.
El texto de Pelayo y sus coautores establece expresamente la autonomía del derecho contravencional porteño y dispone que el Código Penal de la Nación no se aplique de manera directa ni supletoria.
Además, prohíbe la interpretación extensiva o por analogía cuando resulte perjudicial para la persona imputada.
El proyecto de Jorge Macri mantiene una relación diferente con el derecho penal nacional y contempla la aplicación supletoria del Código Penal en los términos establecidos por su articulado.
La iniciativa libertaria también modifica la relación entre los procesos penal y contravencional. El artículo 15 establece que la acción penal suspende el trámite contravencional y su prescripción, y contempla la posibilidad de retomar la acción contravencional en determinadas circunstancias si el proceso penal termina por atipicidad penal, respetando el principio de non bis in idem.
Dos criterios distintos para la reincidencia
Las iniciativas también establecen períodos y aumentos diferentes para calcular la reincidencia.
El proyecto de Jorge Macri toma como referencia un período de dos años y establece una progresión de 50%, dos tercios y hasta el doble de la sanción a medida que se acumulan reincidencias.
El proyecto de La Libertad Avanza extiende ese período a tres años. Para la primera reincidencia propone incrementar las penas en un tercio y, desde la segunda, en la mitad.
En ambos textos, la reincidencia genera consecuencias sobre el acceso a modalidades de cumplimiento menos gravosas. Sin embargo, la propuesta porteña establece un esquema particularmente estricto para la reiteración de determinadas conductas en el espacio público.
Probation y avenimiento
Otra diferencia aparece en la suspensión del proceso a prueba, conocida como probation.
El proyecto de Jorge Macri propone eliminar esta alternativa para los adultos, en línea con su decisión de terminar con la condena en suspenso.
La iniciativa de La Libertad Avanza adopta un criterio distinto: mantiene la probation, aunque establece una serie de restricciones.
El beneficio quedaría prohibido para determinadas conductas vinculadas con violencia, intimidación, desigualdad de género, acoso, hostigamiento y otras figuras expresamente enumeradas.
Además, el proyecto libertario incorpora el avenimiento, mediante el artículo 47 bis. Se trata de un mecanismo por el cual la Fiscalía y la persona imputada pueden acordar una pena de hasta el mínimo legal, que luego debe ser homologada judicialmente.
Los cortes de calles y la regulación propuesta por LLA
La regulación de las obstrucciones de la vía pública constituye otra diferencia entre ambas iniciativas.
El proyecto de La Libertad Avanza incorpora en su artículo 90 una regulación específica para los cortes.
La obstrucción simple podría recibir una sanción de trabajo comunitario o multa, mientras que para organizadores y coordinadores se establecen multas de entre 1.000 y 10.000 UF o arresto de 5 a 15 días.
Las penas se duplicarían cuando la obstrucción afecte hospitales, escuelas, terminales de transporte o el desplazamiento de ambulancias y servicios de emergencia.
El texto también contempla una protección para el ejercicio regular de derechos constitucionales cuando exista un aviso previo razonable y se mantengan despejados los servicios de emergencia.
El proyecto de Jorge Macri no incorpora, en los términos analizados, una tipificación específica de organizadores y coordinadores de cortes con una escala equivalente a la propuesta por LLA.
Ruidos molestos, vandalismo y agresiones
La iniciativa de La Libertad Avanza también introduce modificaciones específicas para distintas conductas.
En el artículo 98, referido a los ruidos molestos, establece arrestos de entre 2 y 10 días cuando provengan de la vía pública, con excepciones para determinadas expresiones artísticas y eventos culturales autorizados. Durante el horario nocturno, las penas podrían duplicarse.
Para comercios y personas jurídicas, propone multas de hasta 5.000 UF y clausuras de entre 5 y 30 días, con clausura obligatoria en caso de reincidencia.
En materia de vandalismo, pintadas y daños o suciedad sobre bienes, el artículo 94 establece tareas comunitarias o multas y duplica las penas cuando resulten afectados monumentos, estatuas, templos religiosos, patrimonio histórico, escuelas, hospitales o instalaciones de subterráneos y trenes.
Además, contempla la obligación de reparar o restaurar el bien afectado.
El texto de LLA también incorpora agravantes para determinadas agresiones, aumentando las sanciones cuando las víctimas sean trabajadores de la educación, personal de salud, integrantes de fuerzas de seguridad o del Poder Judicial.
Asimismo, contempla agravantes para agresiones intrafamiliares o de pareja, ataques en el transporte público, hechos cometidos con armas u objetos contundentes y determinadas conductas relacionadas con la exposición de datos personales o el uso de identidades falsas o anónimas.
