La Casa Rosada busca conseguir la media sanción del proyecto en las próximas dos semanas, pero todavía no tiene garantizado el respaldo de sus principales aliados. Diego Santilli encabeza las gestiones con radicales y dirigentes del partido de Mauricio Macri para reunir los votos necesarios.
Con la intención de reunir los respaldos necesarios, el Gobierno reactivó en el Senado el tratamiento de la reforma electoral y se fijó como objetivo conseguir la media sanción del proyecto en un plazo de dos semanas. Sin embargo, dos de sus principales aliados parlamentarios, el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), todavía no confirmaron su acompañamiento y las negociaciones continúan abiertas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Constitución, el oficialismo necesita una mayoría absoluta de 37 senadores para avanzar con una modificación del régimen electoral. La Libertad Avanza cuenta con 21 integrantes y debe conseguir los 16 votos restantes. Una parte importante de esa búsqueda está concentrada en los diez legisladores radicales y los tres representantes del PRO. El respaldo se completaría con senadores de bloques provinciales, cuyos votos en Balcarce 50 consideran encaminados.
El principal obstáculo, sin embargo, continúa siendo la postura de sus socios parlamentarios. “El diálogo está abierto y se seguirá debatiendo, pero aún no hay definiciones”, señalaron cerca de la conducción del bloque radical. Una posición similar mantienen dentro de las filas del PRO.
En el Senado, desde el oficialismo sostienen que las conversaciones dependen directamente de la Casa Rosada y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien tiene a su cargo buena parte de las gestiones para acercar posiciones.
Con el propósito de avanzar hacia un acuerdo, el Gobierno volverá a convocar la próxima semana, aunque todavía no definió la fecha, a la mesa de negociación integrada por Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, en representación del PRO, junto a Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo Menem por La Libertad Avanza.
En el partido amarillo consideran que el oficialismo podría introducir modificaciones para conseguir los apoyos que todavía necesita. Inicialmente, tanto el PRO como el radicalismo habían planteado la posibilidad de no eliminar las primarias, sino reemplazarlas por un mecanismo optativo, conocido como PAS. Sin embargo, esa alternativa no convence a la Casa Rosada.
La intención del Gobierno es eliminar las elecciones primarias previstas para agosto. Entre los argumentos que sostienen esa postura aparecen la posibilidad de darle más tiempo a una recuperación económica, reducir el período de incertidumbre electoral y evitar que el Partido Justicialista utilice esa instancia para organizar una competencia interna.
“No iría lo de la PAS, pero se destrabarían todos los otros puntos de conflicto”, anticiparon cerca de la bancada del PRO. Por su parte, una fuente vinculada al expresidente Mauricio Macri pidió “esperar a la reunión” antes de adelantar cualquier definición.
En el oficialismo, en cambio, mantienen una expectativa favorable sobre el resultado de las conversaciones. “Creemos que están los votos, pero la coordinación es difícil”, reconocieron.
Las negociaciones con los gobernadores radicales
Mientras continúan las conversaciones entre los bloques, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el fueguino Agustín Coto, convocó a una reunión para el próximo martes con la intención de emitir dictamen sobre el proyecto. La planificación oficial apunta a llevar la iniciativa al recinto siete días después.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también expresó su expectativa de avanzar con el tratamiento en ese plazo. “Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”, afirmó el jueves.
Desde la bancada que conduce Patricia Bullrich advierten que el oficialismo podría haber conseguido las firmas necesarias para obtener un dictamen, pero remarcan que eso no garantiza que el proyecto llegue al recinto con los votos asegurados. “De ahí al recinto hay un largo trecho”, señalaron.
Para completar el respaldo radical, Santilli mantiene conversaciones directas con los cinco gobernadores de ese espacio: Alfredo Cornejo, de Mendoza; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Carlos Sadir, de Jujuy; y Leandro Zdero, de Chaco.
“Están en plena negociación”, reconocieron desde una de las provincias involucradas. En esas conversaciones, uno de los factores centrales son los acuerdos electorales de cara a los comicios del próximo año.
Los mandatarios provinciales reclaman que la Casa Rosada respete sus territorios y su representación parlamentaria al momento de definir cómo se organizará la competencia electoral. La discusión también genera diferencias dentro de la mesa política del Gobierno.
Por un lado, Patricia Bullrich, Luis Caputo y Santiago Caputo impulsan cerrar las alianzas cuanto antes para garantizar previsibilidad política. En cambio, Martín Menem y Eduardo Menem no quieren acelerar esos entendimientos si eso implica abandonar la construcción de un armado partidario propio o limitar la posibilidad de competir en las provincias.
Según señalaron desde el bloque oficialista en el Senado, los gobernadores radicales volvieron a plantear la posibilidad de incorporar las listas colectoras al proyecto. Se trata de una herramienta que permitiría a los mandatarios que no tengan un candidato provincial propio sumarse a la boleta de Javier Milei, pero conservar postulantes propios para las categorías legislativas.
Sin embargo, esa alternativa también presenta límites constitucionales. “Si lo hacen para las listas de senadores se va a caer. La Constitución dice dos senadores para el partido de la mayoría y uno para el partido de la minoría. No puede haber tres en la misma alianza”, advirtió una fuente legislativa.
La discusión es relevante para los gobernadores, que consideran que, sin una herramienta de ese tipo, será difícil tener garantías de que el oficialismo respete sus lugares en las listas electorales.
Las conversaciones continúan y todavía no hay un acuerdo cerrado. Cerca de Diego Santilli aseguran que el jefe de Gabinete mantiene una postura optimista y confían en que podrá sumar a los legisladores radicales. Para conseguirlo, cuenta con un plazo de dos semanas.
Si las negociaciones no prosperan, el debate podría trasladarse a diciembre, con el riesgo de que la reforma electoral no consiga sanción antes del inicio de 2027. Ese escenario genera preocupación porque la Cámara Nacional Electoral no ve con buenos ojos que los cambios al régimen electoral se demoren hasta ese momento.
