Desde agosto, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció distintas medidas para impulsar la actividad sin recurrir a un aumento del gasto público. Las iniciativas incluyen flexibilización del crédito en dólares, beneficios para las pymes y financiamiento hipotecario. Mientras tanto, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores preparan nuevas herramientas para ampliar el acceso al crédito en pesos.
El Gobierno busca que la actividad económica recupere impulso antes de las elecciones presidenciales del próximo año. Sin embargo, el presidente Javier Milei estableció como condición mantener el equilibrio fiscal y descartar, según sostiene el oficialismo, cualquier iniciativa que implique un “plan platita”.
En ese contexto, desde agosto el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó siete anuncios que incluyen desde una mayor flexibilización de los créditos en dólares hasta medidas de alivio para las pequeñas y medianas empresas (pymes) frente al fisco nacional. Al mismo tiempo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) trabajan en otras cinco iniciativas vinculadas con el financiamiento.
El principal límite que plantea el Gobierno es el equilibrio de las cuentas públicas. Caputo defendió esa postura este miércoles durante su exposición en un encuentro de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), donde rechazó la posibilidad de incrementar el gasto o recurrir al déficit para mejorar los ingresos de los hogares antes de las elecciones.
“También es muy difícil mantenerse. Escucho a ciertos colegas y veo cuán fácil pierden la convicción. Enseguida ya queremos movernos, dicen: ‘Ahora ya tenemos equilibrio; no están claras las elecciones, pongamos un poco de plata en el bolsillo de la gente’”, afirmó el ministro.
El titular del Palacio de Hacienda explicó que modificar ese criterio tendría consecuencias sobre las necesidades de financiamiento del Estado. “Si tenemos un déficit de dos puntos, implica que vamos a tener que salir a buscar financiamiento por USD 14.000 millones. ¿Podemos? No”, señaló. También advirtió que abandonar el ancla fiscal podría afectar las expectativas económicas debido a los antecedentes de la Argentina.
Esta semana, el equipo económico expuso con mayor claridad sus herramientas para intentar impulsar la actividad durante la participación de Caputo en el encuentro anual de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Allí, el ministro anunció tres medidas destinadas a las pymes en su relación con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La primera establece la suspensión de los embargos hasta mayo de 2027.
También comunicó la extensión del plan de pagos hasta 18 cuotas, que ahora contempla deudas vencidas hasta el 31 de octubre. La tercera disposición permite que las empresas computen el 100% de sus saldos a favor contra impuestos aduaneros.
De acuerdo con las evaluaciones de economistas, estas tres decisiones buscan evitar un mayor deterioro de la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas. En cambio, una de las iniciativas que podría tener un efecto más directo sobre el nivel de actividad es la nueva línea de créditos del Banco Nación para la compra de automóviles.
El financiamiento tendrá una tasa del 25% y plazos de tres, cuatro y cinco años. Hasta el momento, las versiones extraoficiales indican que podría estar destinado a la adquisición de vehículos de producción nacional. Esa condición todavía necesita una confirmación oficial y será importante para determinar el alcance de la medida sobre la industria automotriz local.
Créditos en dólares y financiamiento para la construcción
Los anuncios económicos habían comenzado en agosto, cuando Caputo comunicó una flexibilización de las condiciones para acceder a créditos en dólares.
La medida eliminó la exigencia que limitaba los préstamos en moneda estadounidense a personas o empresas que generaran divisas o contaran con el respaldo de una compañía que cumpliera con ese requisito.
Con el cambio, se amplió el universo de personas y empresas que pueden acceder a ese tipo de financiamiento. Aunque la flexibilización no establece restricciones por sector, el propio ministro reconoció que uno de los principales objetivos era favorecer a la actividad de la construcción.
La iniciativa tuvo posteriormente un complemento con el anuncio de licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A través de ese mecanismo, el Gobierno busca aportar a los bancos hasta $2 billones en fondos de largo plazo para ampliar la oferta de créditos hipotecarios.
El esquema contempla licitaciones de hasta $200.000 millones. Las entidades financieras pueden colocar fondos a un año, con una tasa mínima de UVA +2,5%, o a cinco años, con una tasa mínima de UVA +4,5%.
La disponibilidad de recursos con plazos más extensos apunta a facilitar la generación de nuevos préstamos hipotecarios. Para acceder al financiamiento ofrecido por el FGS, los bancos deberán participar de las licitaciones previstas en este programa.
La postergación de impuestos para contener el precio de los combustibles
Otra de las decisiones del Gobierno estuvo relacionada con el precio de los combustibles. En medio de la volatilidad internacional del petróleo y después de los aumentos aplicados por las petroleras en los surtidores tras el inicio del conflicto en Oriente Medio, el Ejecutivo resolvió postergar la actualización del impuesto correspondiente.
La decisión volvió a quedar formalizada mediante el Decreto 1305/2026, que estableció el 1° de diciembre como nueva fecha para aplicar la actualización.
La legislación dispone que el impuesto debe revisarse cada tres meses de acuerdo con la inflación acumulada. Sin embargo, el Gobierno decidió diferir ese ajuste.
El objetivo fue evitar una presión adicional sobre los consumidores y sobre la evolución de los precios. El tributo forma parte de los componentes que determinan el valor final de los combustibles, por lo que su actualización puede trasladarse a los precios de venta en las estaciones de servicio.
Las nuevas herramientas que preparan el Banco Central y la CNV
Además de las medidas anunciadas por Caputo, el BCRA y la CNV trabajan en cinco iniciativas orientadas a ampliar el crédito en pesos. El diagnóstico oficial fue presentado por el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, durante una reunión con inversores organizada en el marco de los encuentros anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, realizados en octubre de 2026 en Bangkok, Tailandia.
La primera propuesta está dirigida a los empleados públicos que reciben créditos personales mediante descuentos directos de sus haberes. El Banco Central eliminará el límite máximo de tasa de interés para esos préstamos y permitirá que el código de descuento pueda transferirse a otra entidad que cumpla con las condiciones establecidas.
La intención es ofrecer mayor seguridad a las instituciones que adquieren carteras de préstamos ya otorgados y ampliar sus posibilidades de financiamiento. La modificación alcanzará a los créditos que se cobran directamente a través del sistema de liquidación de haberes de los trabajadores estatales.
La segunda iniciativa está destinada a los empleados del sector privado que acceden a préstamos con descuento salarial. El esquema propone centralizar los movimientos de pago con afectación específica mediante la Cámara Electrónica de Compensación de Medios de Pago (Coelsa).
Los trabajadores conservarán la facultad de asignar los fondos, mientras que los empleadores dejarán de tener que asumir las tareas administrativas vinculadas con ese circuito. El propósito es ordenar el mecanismo de cobro de los créditos que se descuentan directamente de los salarios en el sector privado.
La tercera medida apunta a los comercios. El Gobierno propone que los cupones de tarjetas sean reconocidos como instrumentos legales, digitales y transferibles.
La iniciativa busca intervenir sobre el tiempo que transcurre entre una venta realizada con tarjeta y el momento en que el comercio recibe efectivamente el dinero. Con ese reconocimiento legal, los establecimientos podrán utilizar esos cupones en operaciones de financiamiento y acceder a liquidez antes de que se acrediten los pagos.
El proyecto también contempla que esos instrumentos puedan ejecutarse mediante procedimientos sumarísimos en caso de incumplimiento. Su alcance está vinculado con las operaciones de venta con tarjetas y con las posibilidades de financiamiento de los comercios.
La cuarta propuesta involucra a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), entidades que respaldan los créditos de pequeñas y medianas empresas a través de avales.
El Banco Central busca que estas sociedades puedan respaldar una mayor cantidad de préstamos utilizando el mismo fondo de garantía. La iniciativa apunta a ampliar las posibilidades de acceso al crédito para las pymes y a mejorar las condiciones de financiamiento, tanto en las tasas de interés como en los plazos de devolución.
De esta manera, el Gobierno busca combinar medidas de alivio fiscal, flexibilización de las condiciones crediticias y nuevas herramientas de financiamiento para impulsar la actividad económica, sin modificar el compromiso de sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
