El Decreto 1203/2026 establece un régimen para trabajadores de planta permanente y empleados con contratos por tiempo indeterminado de organismos de la Administración Pública Nacional centralizada. Los puestos de quienes se adhieran serán eliminados una vez concretada la desvinculación laboral.
El Gobierno nacional oficializó un régimen de retiro voluntario para trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial, y forma parte de la política de reorganización de las estructuras y dotaciones del Estado.
La disposición alcanza tanto al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 como a los trabajadores que mantienen contratos laborales por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo.
El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, junto con Diego César Santilli y Federico Sturzenegger, y establece un mecanismo para que los empleados comprendidos en la normativa puedan desvincularse de manera voluntaria de sus puestos.
Entre los principales puntos de la medida se encuentra la eliminación de los cargos presupuestarios correspondientes a quienes se incorporen al régimen. Según lo establecido en la norma, esos puestos deberán suprimirse a partir de la fecha en que se concrete el cese de la relación laboral.
A quiénes alcanza el régimen de retiro voluntario
El programa está destinado a dos grupos de trabajadores de las jurisdicciones y organismos que integran la Administración Pública Nacional centralizada.
Por un lado, incluye al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164. Por otro, contempla a quienes mantienen contratos de trabajo por tiempo indeterminado, de acuerdo con el artículo 90 y concordantes de la Ley 20.744.
De esta manera, el régimen establece las categorías de empleados que podrán acceder al mecanismo de desvinculación voluntaria, dentro del ámbito definido por el decreto.
Qué organismo estará a cargo de la implementación
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Entre sus responsabilidades estará dictar las normas complementarias que resulten necesarias para poner en funcionamiento el régimen y establecer los procedimientos correspondientes para su implementación.
Además, la secretaría tendrá la facultad de disponer, por única vez, una prórroga de hasta 30 días corridos para el plazo de adhesión.
Los cargos serán eliminados después de cada desvinculación
Uno de los aspectos centrales del decreto es la modificación de las estructuras presupuestarias de los organismos alcanzados.
La norma dispone que cada jurisdicción deberá adoptar las medidas administrativas necesarias para suprimir los cargos presupuestarios de los trabajadores que se adhieran al retiro voluntario, una vez que haya finalizado la relación de empleo.
Por lo tanto, los puestos correspondientes a quienes dejen sus funciones mediante este mecanismo no permanecerán dentro de las estructuras presupuestarias de los organismos involucrados.
La disposición se enmarca en los objetivos de reorganización estatal y adecuación de las dotaciones que el Gobierno expone entre los fundamentos de la medida.
Cómo se financiará la implementación
El decreto establece que los gastos que demande la puesta en marcha del régimen deberán afrontarse con los créditos presupuestarios vigentes de cada jurisdicción para el ejercicio correspondiente.
La ejecución se realizará de acuerdo con la Ley de Administración Financiera y las demás normas aplicables en materia presupuestaria.
Cuándo comenzó a regir la medida
El régimen entró en vigencia el 19 de octubre de 2026, a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
El decreto aprueba el mecanismo de retiro voluntario y establece sus lineamientos generales. Sin embargo, las condiciones específicas para que los trabajadores puedan adherirse se encuentran detalladas en el Anexo I que integra la norma.
