El dirigente del Frente de Izquierda presentó una denuncia penal contra el Presidente y el ministro de Economía por el presunto incumplimiento de una medida cautelar que ordena aplicar la Ley 27.795. La presentación se realizó antes de una nueva marcha universitaria y apunta a la falta de actualización de salarios, fondos y becas estudiantiles.
El dirigente del Frente de Izquierda y referente del Partido Obrero, Gabriel Solano, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por el presunto incumplimiento de una medida cautelar firme que ordena aplicar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
La norma establece la actualización de los salarios y de los fondos destinados al sector universitario en la misma proporción que la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Según la denuncia, ambos funcionarios habrían incurrido en los delitos de desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La presentación judicial se produjo en la previa de una nueva marcha universitaria y cuestiona que el Poder Ejecutivo continúe sin aplicar las disposiciones de la ley, pese a las resoluciones del Congreso y de la Justicia.
“Milei y Caputo tienen que responder penalmente por incumplir una medida cautelar firme que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El Congreso rechazó el veto presidencial con los dos tercios y la Justicia ordenó recomponer los salarios docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles. Sin embargo, el Gobierno sigue desconociendo estas resoluciones y profundizando el ahogo presupuestario de las universidades públicas”, sostuvo Solano tras impulsar la acusación penal.
La ley aprobada por el Congreso y suspendida por decreto
El escrito presentado por el dirigente reconstruye los pasos que derivaron en el conflicto. En primer lugar, el Poder Ejecutivo vetó la Ley de Financiamiento Universitario, pero el Congreso insistió con su aprobación mediante una mayoría calificada.
Posteriormente, el Gobierno promulgó la norma y suspendió su aplicación en el mismo acto, a través del Decreto 759/2025. En los considerandos de esa disposición, el Ejecutivo sostuvo que la ley “quedará suspendida en su ejecución hasta tanto el H. Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento”.
De acuerdo con el planteo de Solano, esa decisión dejó a la ley formalmente vigente, pero sin efectos concretos sobre el financiamiento de las universidades públicas.
La denuncia también hace referencia a la intervención de la Justicia en el expediente. El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, que intervino en el amparo original, dictó una medida cautelar el 23 de diciembre de 2025.
En esa resolución, el magistrado consideró acreditada la “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico, a cargo de la demandada”.
Más adelante, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que actúa junto a rectores de cincuenta universidades públicas, promovió un incidente de ejecución el 15 de abril de 2026 para avanzar en el cumplimiento de la medida.
La resolución quedó firme el 25 de junio de 2026, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional. Según lo expuesto en el escrito, el máximo tribunal consideró que la resolución cuestionada no revestía el carácter de sentencia definitiva.
Pese a las intimaciones judiciales, el Gobierno no habría cumplido con la instrucción del Congreso ni con la orden de la Justicia.
“El juzgado intimó reiteradamente al Poder Ejecutivo y constató que sigue sin cumplirse la recomposición salarial según la inflación acumulada ni la actualización de las becas Progresar, Belgrano y otras”, afirmó Solano.
El exlegislador insistió en que el conflicto no se limita a una discusión sobre cómo interpretar la normativa. “No estamos ante una diferencia de interpretación, estamos denunciando el incumplimiento de una orden judicial”, remarcó.
Por qué la denuncia también alcanza a Luis Caputo
La acusación penal no se dirige únicamente contra Javier Milei. Solano también incluyó al ministro de Economía, Luis Caputo, debido a las responsabilidades de esa cartera en las decisiones presupuestarias necesarias para aplicar la ley.
La actualización de las partidas, la liberación de fondos y la adecuación de las asignaciones forman parte de las herramientas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Economía.
En ese sentido, la presentación cita el artículo 20 de la Ley de Ministerios (Ley 22.520), que establece las funciones de esa cartera en materia económica y presupuestaria.
La norma le asigna al Ministerio de Economía la asistencia al Presidente en todo lo relacionado con la política económica, presupuestaria e impositiva. También le encomienda la elaboración y ejecución del presupuesto, la distribución de las rentas y la fiscalización de los gastos que recaen sobre el Tesoro de la Nación.
A partir de esas atribuciones, el escrito sostiene que Caputo debe responder por su presunta responsabilidad en la falta de ejecución de las medidas presupuestarias necesarias para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
Qué medidas solicita la presentación judicial
La denuncia solicita que avance la investigación penal contra ambos funcionarios, que se los cite a prestar declaración indagatoria y que se identifique a otras personas que eventualmente pudieran haber participado en los hechos denunciados.
Además, pide que se libre un oficio a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) para que informe cuál sería la incidencia presupuestaria estimada de la aplicación de la Ley 27.795.
El objetivo de ese requerimiento es incorporar información sobre el impacto presupuestario de la norma en el marco de la investigación.
Solano concluyó con nuevas críticas al Gobierno nacional y vinculó el conflicto con la discusión sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo, el cumplimiento de las leyes aprobadas por el Congreso y la ejecución de las resoluciones judiciales.
“Milei pretende gobernar por decreto, desconocer las leyes votadas por el Congreso y desobedecer a la Justicia cuando sus resoluciones afectan sus intereses. Vamos a defender el financiamiento universitario, los salarios de sus trabajadores y el derecho de los estudiantes”, concluyó el dirigente del Partido Obrero.
