El Consejo Asesor Histórico, la Comisión Organizadora y otros sectores vinculados a la movilización ratificaron la convocatoria para el 7 de noviembre, pese al pedido de la Ciudad de trasladarla al 21 por el operativo previsto ante la visita del papa León XIV. En paralelo, ingresó un proyecto a la Legislatura porteña y la organización internacional InterPride expresó su respaldo a la fecha original.
La fecha de la 35ª Marcha del Orgullo continúa generando una disputa entre las organizaciones convocantes y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Consejo Asesor Histórico, la Comisión Organizadora y otros sectores vinculados a la movilización ratificaron públicamente su intención de realizarla el 7 de noviembre, pese al pedido de la administración porteña para trasladarla al 21.
En paralelo, un grupo de legisladores presentó un proyecto de declaración en la Legislatura porteña para manifestar su preocupación ante la falta de definiciones oficiales sobre la realización de la marcha. La discusión se inició a partir de la decisión del Gobierno de la Ciudad de plantear una modificación de la fecha en función del operativo previsto por la visita del papa León XIV.
La alternativa propuesta por la administración porteña consiste en trasladar la movilización al 21 de noviembre, una vez finalizado el período durante el cual rigen restricciones para la realización de actividades masivas en el espacio público. El Gobierno porteño argumentó que la medida está vinculada con las necesidades operativas y de seguridad derivadas de la visita papal.
Frente a ese planteo, el Consejo Asesor Histórico y la Comisión Organizadora difundieron un comunicado en el que ratificaron la fecha originalmente establecida. Bajo la consigna “La calle no se negocia y la Marcha se mantiene”, señalaron que el 7 de noviembre fue definido con anticipación por las organizaciones que participan de la convocatoria.
Los sectores que sostienen la fecha original remarcaron que la jornada forma parte de una planificación desarrollada con meses de anticipación y destacaron la trayectoria histórica que tiene la movilización dentro del movimiento de la diversidad en la Ciudad de Buenos Aires.
En ese sentido, plantearon que es responsabilidad del Estado porteño garantizar las condiciones de seguridad, logística y atención sanitaria necesarias para que la marcha pueda desarrollarse, en lugar de condicionar su realización.
La postura de las organizaciones se conoció mientras continúan las conversaciones con las autoridades porteñas. La Ciudad sostuvo que el cambio permitiría disponer de los recursos necesarios para el operativo relacionado con la visita del Papa. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, confirmó que existen conversaciones con las organizaciones y que la propuesta contempla realizar la marcha el 21 de noviembre.
Un proyecto llegó a la Legislatura porteña
En paralelo al reclamo de las organizaciones, ingresó a la Legislatura de la Ciudad el proyecto de declaración 2978-D-2026, que expresa “profunda preocupación” por la falta de respuestas del Gobierno porteño respecto de la realización de la 35ª Marcha del Orgullo, convocada para el 7 de noviembre.
La iniciativa fue presentada por la diputada Delfina Velázquez y cuenta con la firma de los legisladores Matías Barroetaveña, Vanina Biasi, María Bielli, Francisco Caporiccio, Victoria Freire, Noemí Geminiani, Alejandro Omar Grillo, Andrés La Blunda, Amanda Martín, Juan Pablo Modarelli, Graciana Peñafort, Alejandro Salvatierra y Leandro Santoro.
En sus fundamentos, el proyecto plantea que la Marcha del Orgullo constituye una expresión colectiva de relevancia política, social y cultural para Buenos Aires. También recuerda que las movilizaciones comenzaron en la Ciudad en 1992 y que, a lo largo de las décadas, pasaron a formar parte de la agenda pública porteña.
Los legisladores también citan la Ley N° 6.482, mediante la cual se instituyó la Semana del Orgullo y se estableció que la fecha de la Marcha del Orgullo es definida por organizaciones de la sociedad civil reconocidas por su trabajo en defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+.
El proyecto sostiene además que la visita del papa León XIV y la Marcha del Orgullo no deberían ser consideradas actividades incompatibles. Desde esa perspectiva, plantea que corresponde al Gobierno de la Ciudad llevar adelante las tareas de planificación, coordinación y seguridad necesarias para permitir que ambas actividades puedan realizarse.
La iniciativa también advierte que la falta de información oficial a pocas semanas de la movilización genera dificultades para las organizaciones responsables de su organización y para las personas que tienen previsto participar.
El respaldo de InterPride
La posición de los sectores que mantienen la convocatoria del 7 de noviembre recibió además el respaldo de InterPride, organización internacional que reúne a entidades vinculadas con las celebraciones y movilizaciones del Orgullo.
A través de un comunicado difundido por la organización de la Marcha del Orgullo de Argentina, InterPride manifestó su solidaridad frente al intento de postergar la movilización porteña.
La entidad internacional señaló que una marcha de estas características requiere meses de organización y que la fecha elegida posee un significado histórico y político para la comunidad.
Además, reclamó a las autoridades porteñas que mantengan un diálogo con las organizaciones locales y que garanticen las condiciones de infraestructura, salud, seguridad y logística necesarias para desarrollar el evento.
InterPride también sostuvo que las instituciones democráticas tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de reunión y expresión, y planteó que las distintas actividades públicas deben poder convivir bajo condiciones adecuadas de seguridad.
Las restricciones previstas para noviembre
La controversia se desarrolla mientras permanece vigente una resolución conjunta del Gobierno porteño que establece restricciones para la realización de eventos, actos y actividades en el espacio público entre el 6 y el 13 de noviembre, inclusive.
La medida fue adoptada en el marco del operativo previsto por la visita del papa León XIV y contempla la posibilidad de disponer recursos extraordinarios vinculados con seguridad, tránsito, movilidad y mantenimiento del espacio público.
El período alcanzado por la resolución incluye específicamente el sábado 7 de noviembre, fecha seleccionada por las organizaciones para la Marcha del Orgullo. Por ese motivo, el Gobierno porteño planteó como alternativa trasladar la movilización al 21 de noviembre.
Hasta el momento, el Consejo Asesor Histórico, la Comisión Organizadora y otros sectores de la Marcha del Orgullo mantienen públicamente su voluntad de marchar el 7 de noviembre, mientras continúa el diálogo con las autoridades porteñas.
De esta manera, la discusión suma ahora un nuevo escenario institucional con el proyecto presentado en la Legislatura y un pronunciamiento de alcance internacional. Mientras tanto, la definición sobre la fecha de la 35ª Marcha del Orgullo continúa como uno de los principales puntos de la agenda pública porteña.
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