El máximo tribunal convocó a una sesión extraordinaria para este viernes a las 9, con el objetivo de avanzar en una causa que cuestiona la derogación de la Ley de Tierras Rurales mediante el DNU 70/2023. La decisión requiere la intervención de conjueces, luego de que los tres integrantes de la Corte no alcanzaran la unanimidad necesaria.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación realizará este viernes a las 9 una sesión extraordinaria para analizar la vigencia de la Ley de Tierras Rurales y resolver una medida cautelar que podría restablecer las restricciones a la compra de campos por parte de ciudadanos extranjeros. Esas limitaciones fueron eliminadas por el artículo 154 del DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei.
El expediente incluye un planteo presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes solicitan una medida cautelar para cuestionar la constitucionalidad de la norma que derogó la Ley 26.737.
Si el máximo tribunal acepta el pedido, volverían a aplicarse las restricciones que la legislación establecía para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Según constitucionalistas con experiencia en el funcionamiento de la Corte, una resolución directa del tribunal, sin devolver el expediente a una instancia inferior, representaría una decisión excepcional.
Por qué la Corte convocó a conjueces
La convocatoria extraordinaria se produjo después de que los tres integrantes del máximo tribunal —Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti— no consiguieran reunir la unanimidad necesaria para avanzar con una resolución. Ante la falta de los tres votos requeridos, se convocó a dos conjueces para intervenir en la definición del expediente.
Los magistrados seleccionados son Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos cuentan con una extensa trayectoria judicial en el ámbito penal.
Barroetaveña, cercano a Rosatti, forma parte del Consejo de la Magistratura. Pérez Curci, por su parte, es discípulo de Carlos Mahiques, juez de Casación y padre del actual ministro de Justicia.
Los dos camaristas también compartían hasta hace poco su participación en tribunales vinculados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Ambos renunciaron a esas funciones en diciembre del año pasado, después de que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) solicitara a la Corte que ordenara el cese de todos los jueces que integraban esos órganos.
La urgencia del procedimiento quedó reflejada en una resolución firmada el miércoles a las 19:09 por Sergio Miguel Nápoli, secretario de la Corte. El documento modificó el plazo habitual de 72 horas para que quedara consentida la integración del tribunal y lo redujo a 24 horas.
La resolución justificó la medida por las “particulares circunstancias de la causa” y habilitó expresamente el uso de “días y horas inhábiles” para garantizar el cumplimiento de ese plazo.
El reclamo por la constitucionalidad del DNU 70/2023
La causa se inició en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche. En esa presentación, Árbol de Pie y los demás demandantes cuestionaron la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó íntegramente la Ley de Tierras Rurales.
Posteriormente, el expediente fue derivado a la Cámara Federal de La Plata, al considerarse que tenía conexión con otra causa impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Sin embargo, hasta el momento ningún tribunal llegó a analizar el fondo del planteo presentado por Árbol de Pie y las comunidades que acompañan la demanda.
Los impulsores de esta causa sostienen que su legitimación judicial es propia y diferente de la invocada por el CECIM. En lugar de fundamentar su reclamo en la soberanía nacional, señalan que buscan proteger “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas” sobre sus territorios ancestrales.
Ese argumento constituye uno de los aspectos centrales del expediente que la Corte deberá analizar, en particular ante la posibilidad de que el tribunal adopte una decisión sobre la medida cautelar solicitada.
El antecedente que reabrió la discusión sobre la Ley de Tierras
El llamado a una sesión extraordinaria se produce después de una resolución de la Corte que generó cuestionamientos políticos y judiciales. El martes de la semana pasada, el máximo tribunal revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023.
En aquella oportunidad, la Corte argumentó que el CECIM carecía de legitimación activa para promover el amparo. La decisión abrió una nueva controversia en torno a la derogación de la Ley de Tierras y provocó críticas de sectores de la oposición.
En ese contexto, legisladores opositores amenazaron con impulsar en el Congreso la derogación de la totalidad del DNU 70/2023. Para el próximo jueves estaba prevista una sesión especial vinculada con esa iniciativa.
Tras las repercusiones, la Corte difundió un comunicado para precisar el alcance de su fallo. Allí sostuvo que la resolución se había limitado a una cuestión procesal y que “no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”.
No obstante, desde la vocalía de Rosenkrantz informaron que el magistrado no participó de la redacción del comunicado ni convalidó su contenido.
Qué puede cambiar con la decisión
La discusión que llegará este viernes al máximo tribunal se centra en la medida cautelar solicitada por Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y Magdalena Odarda. Una resolución favorable al pedido podría restablecer las restricciones de la Ley 26.737 sobre la compra de tierras rurales por extranjeros.
El expediente también plantea una cuestión institucional, ya que la falta de unanimidad entre los integrantes de la Corte obligó a convocar a dos conjueces y a acelerar los plazos para definir la integración del tribunal.
La decisión que se adopte determinará cómo continúa el trámite judicial de este reclamo y podría tener consecuencias sobre la aplicación de las disposiciones del DNU 70/2023 relacionadas con la adquisición de tierras rurales.
