Una asociación de consumidores presentó una demanda colectiva contra los costos aplicados en determinados préstamos de la plataforma. La entidad cuestiona cargos que considera desproporcionados y estima que un eventual fallo favorable podría beneficiar a unos siete millones de usuarios.
Mercado Pago enfrenta una demanda judicial colectiva por los costos financieros aplicados en algunos de los créditos que ofrece a sus usuarios. Según la presentación realizada ante la Justicia, determinados préstamos pueden alcanzar un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) superior al 1.300%.
En caso de que la acción prospere, sus efectos podrían alcanzar a unos siete millones de usuarios, de acuerdo con la estimación realizada por la entidad que impulsó el reclamo.
La demanda fue promovida por el abogado Diego Espasandín, fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), y tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires.
El cuestionamiento a los costos financieros
Desde ACFRA sostienen que los costos aplicados en determinados préstamos serían desproporcionados y podrían constituir una práctica abusiva. Por ese motivo, la asociación pretende que la Justicia analice los montos cobrados durante los últimos tres años.
El objetivo es que, si se determina que existieron sumas percibidas de manera indebida, se ordene la devolución de ese dinero a los usuarios afectados.
Uno de los principales puntos de la discusión está relacionado con la cifra de hasta 1.375,94%. Ese porcentaje no corresponde a la Tasa Nominal Anual (TNA), sino al Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA).
El CFTEA permite expresar en términos anualizados el costo total de una financiación, ya que contempla no solamente los intereses, sino también impuestos y otros conceptos asociados al crédito.
En determinadas líneas de consumo y préstamos personales ofrecidos por Mercado Pago, la TNA informada se ubica entre el 48% y el 249%. En el extremo superior de ese rango, la tasa equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 863,48% y llega a un CFTEA máximo del 1.375,94%.
Cómo se compara con los préstamos bancarios
Los porcentajes cuestionados se encuentran considerablemente por encima de los costos informados para numerosos préstamos ofrecidos por bancos tradicionales.
Como referencia, distintas líneas de préstamos personales de entidades bancarias presentan CFTEA de aproximadamente entre 160% y 400%.
Sin embargo, la comparación no puede hacerse de manera estrictamente directa, ya que los créditos tienen diferentes condiciones, plazos y perfiles de riesgo. Además, existen algunas modalidades de financiación bancaria particularmente costosas que también pueden superar esos porcentajes.
Desde Mercado Pago explicaron que cada préstamo tiene condiciones determinadas a partir de un sistema propio de evaluación de riesgo.
La compañía señaló que los costos más elevados corresponden principalmente a créditos de bajo monto otorgados a clientes sobre los cuales existe poca información crediticia.
De acuerdo con la explicación de la empresa, alrededor del 2% de los préstamos se encuentra dentro del segmento de mayor costo financiero.
La demanda busca alcance colectivo
El abogado Diego Espasandín sostuvo, durante una participación en el streaming Contra Ataque, que numerosos usuarios acudieron a este tipo de créditos para afrontar dificultades económicas concretas y terminaron pagando costos financieros que considera excesivos.
Si bien el expediente comenzó a partir de las presentaciones realizadas por dos consumidoras, ACFRA pretende que la acción judicial tenga carácter colectivo.
La intención de la asociación es que, si finalmente obtiene una sentencia favorable, sus efectos alcancen a todos aquellos clientes que hayan atravesado una situación equivalente, y no únicamente a las personas que iniciaron las presentaciones originales.
En ese sentido, la entidad calcula que el universo potencial podría alcanzar a unos siete millones de personas en todo el país.
De todos modos, esa cifra corresponde a una estimación realizada por la asociación demandante y no representa, por el momento, una cantidad de damnificados reconocida por la Justicia.
Ahora será el tribunal el encargado de analizar el caso y determinar si los costos financieros cuestionados se ajustaron a la normativa vigente.
También deberá establecer, en caso de corresponder, si existieron montos cobrados indebidamente y si corresponde ordenar algún tipo de devolución a los usuarios.
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