La iniciativa fue oficializada mediante la Resolución 1089/2026 y funcionará dentro del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos. El mecanismo reunirá información de distintas agencias y clasificará los casos según la gravedad de los delitos, los antecedentes y los posibles vínculos con organizaciones criminales.
El Ministerio de Seguridad Nacional creó el programa “Los Más Buscados”, una herramienta destinada a centralizar información oficial y establecer prioridades en la búsqueda de personas prófugas o evadidas de la Justicia, de acuerdo con su nivel de peligrosidad.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 1089/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El nuevo sistema funcionará dentro del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), dependiente de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales.
El objetivo es consolidar una base de datos común y establecer prioridades operativas para las fuerzas federales que participan en la localización y captura de personas con pedidos de detención vigentes.
Cómo funcionará el sistema para clasificar a los prófugos
El programa recibirá información de manera permanente del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), del Programa Nacional de Recompensas y de otras bases de datos oficiales.
Además, el Ministerio de Justicia fue invitado a aportar los registros disponibles sobre antecedentes penales, declaraciones de rebeldía y órdenes de captura vigentes. Esa información será suministrada a través de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia.
La normativa establece que la clasificación de los casos deberá realizarse mediante criterios técnicos y variables objetivas. Entre los factores que se tendrán en cuenta figuran la gravedad de los delitos imputados o por los que existan condenas, las penas previstas o aplicadas, los antecedentes de reincidencia y los posibles vínculos con organizaciones criminales.
De acuerdo con el anexo de la resolución, el sistema automatizará la clasificación de las personas prófugas y evadidas según su nivel de peligrosidad. A su vez, una Mesa de Evaluación tendrá a su cargo la definición, validación y actualización de los parámetros utilizados para establecer ese orden de prioridades.
Sin embargo, la resolución no detalla la fórmula específica que se aplicará ni el peso que tendrá cada variable en el resultado. Tampoco identifica a las personas que integrarán inicialmente la nómina de mayor prioridad.
Qué organismos participarán de la evaluación
La resolución dispone la creación de una Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas, que funcionará dentro del nuevo programa. Su tarea será analizar las situaciones registradas y contribuir a determinar cuáles deben recibir mayor atención operativa.
El organismo estará integrado por representantes de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Subsecretaría de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales.
También formarán parte áreas especializadas de las principales fuerzas federales y del sistema penitenciario:
- Policía Federal Argentina.
- Gendarmería Nacional Argentina.
- Prefectura Naval Argentina.
- Policía de Seguridad Aeroportuaria.
- Servicio Penitenciario Federal.
Además, la normativa habilita la convocatoria de representantes del Poder Judicial de la Nación, de los ministerios públicos y de otros organismos competentes para colaborar con las tareas de evaluación.
La intención es que los datos reunidos por las distintas dependencias puedan traducirse en decisiones concretas sobre los objetivos de búsqueda y recaptura.
Quién estará a cargo de administrar la información
La responsabilidad por el desarrollo, mantenimiento y actualización del sistema recaerá en el titular de la Dirección Nacional de Gestión de Bases de Datos de Seguridad.
La resolución también le asigna funciones relacionadas con el fortalecimiento de las políticas de protección de datos y la gestión de la información. Este aspecto está vinculado con la centralización de registros personales y judiciales en una misma herramienta.
Por su parte, la Subsecretaría de Investigación Criminal deberá establecer los criterios para el ingreso de los datos al sistema y las condiciones bajo las cuales serán utilizados para clasificar los casos.
La implementación dependerá de la provisión regular de información por parte del SIFCOP, el Programa Nacional de Recompensas y los organismos que se incorporen al esquema.
Los antecedentes internacionales y locales del programa
Entre los fundamentos de la medida, el Ministerio de Seguridad menciona mecanismos aplicados en el Reino Unido, Estados Unidos, Colombia y México para identificar y priorizar la búsqueda de personas prófugas.
Entre los antecedentes internacionales citados figuran el Crime Severity Score británico, las listas de fugitivos buscados por el FBI y el U.S. Marshals Service, las notificaciones rojas de Interpol y los listados de personas buscadas elaborados por fuerzas de seguridad de distintos países latinoamericanos.
La resolución también señala experiencias desarrolladas en la Argentina. Entre ellas se encuentran el Programa Nacional de Recompensas, regulado mediante disposiciones de 2012 y 2022, y la lista de “Los más buscados” que el Ministerio de Justicia puso en marcha en 2016.
Según los fundamentos de la nueva normativa, esos instrumentos requieren una mayor articulación entre los organismos y una metodología sistematizada para determinar qué casos deben recibir prioridad.
El objetivo de coordinar la búsqueda de prófugos
El Ministerio sostuvo que la creación del programa responde a la necesidad de mejorar la coordinación de los mecanismos de localización e identificación frente al crimen organizado y al número de personas que permanecen fuera del alcance de la Justicia.
Con la nueva estructura, el Gobierno busca reunir registros de diferentes agencias, aplicar parámetros comunes y orientar los recursos de las fuerzas federales hacia los casos considerados prioritarios.
La puesta en funcionamiento del sistema quedará sujeta al suministro regular de datos, a la definición de los criterios de clasificación y al trabajo de la Mesa de Evaluación, que deberá establecer y actualizar los parámetros para ordenar las búsquedas.
