La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata suspendió provisoriamente la cautelar que había frenado los aumentos eléctricos. La medida alcanza a cuatro distribuidoras de la provincia, aunque todavía resta resolver si los incrementos se ajustan a la ley.
Los aumentos en las tarifas de electricidad volvieron a quedar habilitados en la provincia de Buenos Aires luego de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata hiciera lugar a un planteo del gobierno de Axel Kicillof. El tribunal otorgó efecto suspensivo a la apelación presentada por la Provincia contra la medida cautelar que había frenado las subas y ordenado restablecer el cuadro tarifario anterior.
La resolución, firmada el 15 de octubre, alcanza a los usuarios de las distribuidoras EDELAP, EDEN, EDEA y EDES, que podrán aplicar los valores establecidos en la Resolución 682/2026. De esta manera, quedó suspendida provisoriamente la medida judicial que había detenido los componentes provinciales de los aumentos.
Sin embargo, la decisión no representa una definición definitiva sobre la legalidad de los incrementos. La Cámara todavía debe resolver la apelación sobre el fondo del conflicto. Por el momento, el nuevo pronunciamiento establece que el recurso presentado por el Gobierno bonaerense se tramite con efecto suspensivo mientras continúa el proceso judicial.
Cómo comenzó la disputa por las tarifas eléctricas
El conflicto se originó a partir de una presentación del Defensor del Pueblo bonaerense contra el Estado provincial y las cuatro distribuidoras eléctricas. El 18 de septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Bahía Blanca había concedido una medida cautelar que suspendió los efectos de la Resolución 585/2026 y dispuso volver al cuadro tarifario anterior para los componentes provinciales.
El planteo cuestionaba que las actualizaciones de las tarifas se hubieran aplicado sin una audiencia pública previa o un mecanismo equivalente que garantizara la participación de los usuarios.
Según el argumento considerado por el juzgado, la última audiencia vinculada con una revisión integral de las tarifas se había realizado en diciembre de 2016. Ese antecedente formó parte de los fundamentos de la medida cautelar que dejó temporalmente sin efecto los incrementos correspondientes a los componentes provinciales.
Frente a esa resolución, la Fiscalía de Estado bonaerense presentó una apelación y solicitó que el recurso tuviera efecto suspensivo. En una primera instancia, el juzgado rechazó ese pedido, por lo que la cautelar continuó vigente mientras se analizaba la impugnación.
Ante esa negativa, la Provincia recurrió a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que finalmente aceptó el planteo y habilitó la aplicación provisoria de los valores tarifarios cuestionados.
Los argumentos del Gobierno de Kicillof
Para fundamentar su reclamo, la administración provincial advirtió que mantener el cuadro tarifario anterior podía generar dificultades para cubrir los costos actuales del servicio eléctrico. Según la posición del Gobierno bonaerense, esa situación podía afectar la continuidad y la sustentabilidad de la prestación.
La Provincia también sostuvo que las distribuidoras enfrentaban dificultades para separar los componentes nacionales y provinciales de las tarifas. En ese sentido, planteó que la combinación de valores correspondientes a distintos cuadros tarifarios podía complicar tanto la elaboración de las facturas como su posterior control.
Para respaldar esos argumentos, la Fiscalía de Estado presentó informes técnicos elaborados por el Ministerio de Infraestructura y el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).
De acuerdo con esos documentos, la aplicación simultánea de valores provenientes de diferentes cuadros tarifarios generaría problemas para instrumentar y supervisar la facturación del servicio.
La Cámara evaluó que los argumentos y la documentación aportados permitían advertir, en esta etapa preliminar, una posible afectación del interés público. Sobre esa base, hizo lugar al recurso de queja y dispuso que la apelación de la Provincia tramitara con efecto suspensivo.
La resolución definitiva sigue pendiente
Aunque el fallo permite que las cuatro distribuidoras vuelvan a aplicar los valores previstos en la Resolución 682/2026, la controversia judicial todavía no está resuelta. La decisión de la Cámara tiene carácter provisorio y no establece si los aumentos cuestionados son legales.
La discusión continuará mientras el tribunal analiza la apelación sobre el fondo del asunto. En paralelo, la Fiscalía de Estado bonaerense señaló que la audiencia pública para avanzar con la Revisión Tarifaria Integral estaba prevista para mediados de diciembre de 2026.
De esta manera, la aplicación de los aumentos eléctricos quedó nuevamente habilitada de forma provisoria en la provincia de Buenos Aires, mientras sigue pendiente una definición judicial sobre el cuestionamiento a las actualizaciones tarifarias y la realización de una instancia de participación de los usuarios.
