Legisladores porteños proponen perdonar deudas, eximir del pago de ABL y otorgar créditos blandos a quienes terminen los esqueletos urbanos paralizados por años.
Un fuerte debate se encendió en la Legislatura porteña tras la presentación de un proyecto de ley que busca rescatar las grandes construcciones privadas que quedaron a mitad de camino en plena Capital Federal. La iniciativa propone otorgar millonarios beneficios fiscales y financieros a los empresarios que reactiven estas estructuras, lo que desató críticas inmediatas sobre si el Estado debe financiar con fondos públicos los negocios fallidos de los desarrolladores inmobiliarios.
La propuesta, impulsada por el bloque Confianza y Desarrollo, apunta a los denominados «esqueletos urbanos» que lleven al menos cinco años abandonados. Para que los privados acepten retomar los trabajos, el texto plantea un menú de premios insólito: exención del ABL por dos años, perdón de deudas fiscales preexistentes y subsidios directos que podrían cubrir hasta el 25% del costo total para terminar la edificación.
La polémica se traslada directo al bolsillo de los contribuyentes, ya que los fondos para sostener estos incentivos saldrán del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Urbano porteño. Mientras el ciudadano común afronta aumentos de tasas e impuestos, los pulpos inmobiliarios tendrían acceso a créditos ultra blandos del Banco Ciudad con una bonificación del 40% en la tasa de interés y plazos de pago de hasta 15 años.
Para intentar matizar el impacto político de la medida, los autores del proyecto incluyeron una cláusula de «asequibilidad habitacional», la cual exige que una parte de los departamentos terminados se vendan o alquilen a precios acordes a los ingresos medios de la zona. Sin embargo, los sectores críticos dudan de la efectividad de estos controles estatales y advierten que la ley podría convertirse en un traje a medida para blanquear inversiones especulativas.
La iniciativa abre un interrogante profundo sobre las prioridades regulatorias y el uso de los recursos públicos en el territorio porteño. El debate recién comienza y promete una discusión feroz en comisiones, donde se definirá si la solución para la crisis de vivienda es subsidiar al sector corporativo o exigirle penalidades por el abandono del espacio urbano.
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