Tras admitir públicamente que la baja de la inflación no garantiza de forma automática el crecimiento económico, el oficialismo debió archivar transitoriamente el dogma libertario. Ante un escenario crítico donde la mora trepó al 7% en entidades tradicionales y roza el 30% en las fintech, el Banco Nación sale al rescate de los bolsillos asfixiados.
El relato de la macroeconomía ideal comenzó a chocar de frente con la economía real de la calle. En un inesperado giro discursivo, el presidente Javier Milei reconoció lo que analistas y sectores críticos señalaban desde el inicio del plan de shock: «La estabilidad monetaria y el orden macroeconómico general, si bien son imprescindibles, no son el motor del crecimiento». Esta admisión expone la lectura que se hace en los despachos oficiales sobre el severo impacto del ajuste en los ingresos de la población, reflejado en un indicador alarmante que encendió las luces rojas en el sistema financiero de la Capital Federal: el estallido de la morosidad.
De acuerdo con los últimos datos del Banco Central, los retrasos en los pagos en el sistema bancario alcanzaron niveles récord, escalando hasta un promedio del 7%. Sin embargo, al desglosar el comportamiento de las familias, la mora en créditos personales y tarjetas de crédito se posiciona en un preocupante 11,5%.
El panorama es sustancialmente más grave en los sectores menos bancarizados que recurren a financiamientos alternativos para sostener el consumo diario:
- Billeteras virtuales (Fintech): Los índices de incobrabilidad y demoras ya promedian cerca del 30% en algunas de las principales plataformas digitales.
- Casas de electrodomésticos: Un informe de la consultora EcoGo desnudó que el incumplimiento en el pago de cuotas dentro de estos comercios —que operan con tasas más elevadas que el promedio de plaza— saltó drásticamente de un 14% en diciembre de 2024 a un devastador 41% en la actualidad.
El «kit de rescate» del Estado y la intervención de precios
Alertado por un estrangulamiento del consumo que amenaza con espiralizar la recesión, el Gobierno nacional recurrió a una dosis de pragmatismo intervencionista alejada de su manual ortodoxo. La principal herramienta de contención es el lanzamiento de un plan de salvataje diseñado por el Banco Nación (BNA), orientado no solo a aliviar a sus propios clientes, sino a absorber y consolidar las deudas contraídas por los ciudadanos con otras entidades bancarias y plataformas fintech.
El programa contempla una línea de asistencia financiera para deudores por montos de hasta $100 millones de pesos, estructurada con plazos de hasta 72 meses y una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 65%, lo que representa un Costo Financiero Total (CFT) del 114,21% anual. Quedan explícitamente excluidos aquellos usuarios que se encuentren en la clasificación crediticia 5, reservada para deudores incobrables con atrasos superiores a un año. Asimismo, para los clientes propios que registren hasta 90 días de mora en resúmenes de tarjetas de crédito, el BNA habilitó refinanciaciones de hasta $10 millones de pesos a 60 meses, con una tasa promocional del 35% TNA.
Este rescate financiero no constituye el único rapto de heterodoxia estatal en las últimas semanas. Frente a la escalada del petróleo a nivel global —cuyo valor se duplicó debido al conflicto bélico de Estados Unidos e Israel contra Irán—, el Palacio de Hacienda intervino el mercado de combustibles local. En lugar de convalidar un traslado directo del 100% a los surtidores, el Ejecutivo dispuso un tope de incremento que no superó el 23%, amortiguando artificialmente un impacto que hubiese resultado letal para los costos logísticos y el índice general de precios.
La realidad del bolsillo vuelve a demostrar que, cuando el consumo amenaza con desplomarse, las consignas ideológicas ceden ante la necesidad de sostener la paz social.
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