El contratista de su lujosa mansión reveló que el jefe de Gabinete quiso «prepararlo» antes de declarar. La Justicia investiga pagos de 245 mil dólares en efectivo y sin facturas.
Lo que empezó como una ostentosa reforma en un country terminó por convertirse en una pesadilla judicial que pone al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contra las cuerdas. El hombre encargado de construirle una fastuosa cascada en su jardín se presentó en Tribunales y no solo confirmó que el funcionario habría gastado fortunas de dudoso origen, sino que denunció un intento de condicionar su testimonio bajo juramento antes de la cita con el fiscal.
La declaración de Matías Tabar cayó como una bomba en Comodoro Py. Según el acta testimonial, Adorni se habría contactado con la empresa constructora para pedir que el profesional hablara «con su equipo» de asesores antes de declarar. Lejos de amedrentarse, el contratista siguió el consejo de sus propios abogados y se presentó con una carpeta repleta de planos, filmaciones y hasta entregó su teléfono celular para que se periten los chats con el funcionario y su esposa.
El relato del testigo describe una operatoria que indigna a la sociedad: 245 mil dólares en efectivo, pagados «billete sobre billete» y con el pedido explícito de no emitir facturas. Este monto, sumado a otros gastos previos, eleva la cifra que el vocero presidencial no podría justificar a casi medio millón de dólares, una cantidad que resulta imposible de explicar con sus ingresos declarados ante la Oficina Anticorrupción.
Mientras el Gobierno predica austeridad y exige sacrificios a la clase media porteña, los detalles de la mansión en el country Indio Cuá revelan una realidad paralela de lujos y cascadas artificiales pagadas bajo la mesa. La actitud de intentar filtrar la información que llegaría a la Justicia añade una posible causa por entorpecimiento de la labor judicial, un delito que complica todavía más su permanencia en el cargo.
El magistrado a cargo ahora deberá decidir si procesa al jefe de Gabinete por el origen del dinero y por este presunto apriete al contratista. La documentación aportada por Tabar parece ser tan contundente que el margen de maniobra del oficialismo se reduce minuto a minuto, mientras la ciudadanía exige respuestas claras sobre cómo un servidor público financia obras de semejante magnitud en tiempo récord.
El caso Adorni ya no es solo una cuestión de estética en un jardín privado, sino un test de integridad para un Gobierno que juró ser distinto. ¿Podrá el funcionario explicar el origen de esos dólares o la cascada terminará por arrastrar su carrera política al fondo del río?
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