Las iniciativas fueron presentadas por Emmanuel Ferrario junto a otros cinco legisladores porteños. Una propone ofrecer garantías públicas a determinados grupos que no cuentan con respaldo patrimonial y la otra busca crear una plataforma voluntaria para acreditar el historial de cumplimiento de contratos de alquiler.
Dos proyectos de ley ingresados en la Legislatura porteña plantean incorporar nuevas herramientas para facilitar el acceso a viviendas en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires. Las propuestas, impulsadas por el legislador Emmanuel Ferrario junto a Edgardo Alifraco, Graciela Ocaña, Horacio Rodríguez Larreta, Guadalupe Tagliaferri y Manuela Thourte, contemplan la creación de un programa de garantías públicas y gratuitas y un sistema de puntuación para acreditar los antecedentes contractuales de inquilinos y propietarios.
Las iniciativas fueron presentadas el 11 de noviembre de 2026 bajo los expedientes 3510-D-2026 y 3509-D-2026, respectivamente. Si bien persiguen el mismo objetivo de reducir las barreras para acceder a una locación, proponen mecanismos diferentes: uno apunta a brindar una garantía respaldada por el Banco Ciudad y el otro busca establecer un registro público y voluntario sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas en contratos anteriores.
Garantías públicas y gratuitas para determinados grupos
El proyecto identificado con el expediente 3510-D-2026 propone crear el programa “Alquiler Garantizado”, que permitiría acceder a una garantía gratuita emitida por el Banco Ciudad para celebrar contratos de vivienda. El beneficio estaría destinado a personas que alquilen un inmueble dentro de la Ciudad de Buenos Aires para utilizarlo como residencia única y permanente.
La iniciativa contempla cinco grupos de posibles beneficiarios: jóvenes de entre 18 y 29 años que firmen su primer contrato de alquiler; personas que tengan a cargo niños menores de cinco años o estén cursando un embarazo; personas con discapacidad o responsables de al menos un hijo con discapacidad; jubilados, pensionados y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor; y quienes puedan demostrar antecedentes de cumplimiento adecuado en contratos de alquiler anteriores.
Para solicitar la garantía, los interesados deberán acreditar que cuentan con ingresos suficientes para afrontar el pago mensual y que el valor inicial del alquiler, sin incluir las expensas, no supera cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, tendrán que demostrar que no son propietarios ni titulares del usufructo de una vivienda adecuada y que el dueño del inmueble no es su cónyuge, conviviente ni un familiar hasta el segundo grado.
La garantía deberá ser solicitada por el inquilino y contar con la aceptación expresa del propietario. Si el locador decide incorporarla al contrato, no podrá reclamar otra cobertura adicional para esa misma operación, como una garantía propietaria, un seguro de caución o una fianza.
El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) sería el organismo encargado de aplicar el programa, evaluar las solicitudes y aprobar el acceso al beneficio. Por su parte, el Banco Ciudad tendría a su cargo la emisión de las garantías y actuaría como fiduciario del fondo destinado a respaldarlas.
El texto establece que tanto la gestión como la garantía serán gratuitas para los beneficiarios. No se podrán cobrar primas, comisiones ni otros cargos. Sin embargo, el inquilino seguirá siendo responsable de cumplir con sus obligaciones contractuales y la entidad bancaria podrá reclamarle los importes que haya tenido que desembolsar si se ejecuta la garantía.
Un sistema de puntuación para inquilinos y propietarios
La segunda iniciativa, correspondiente al expediente 3509-D-2026, propone crear el Sistema de Puntuación para Alquileres de la Ciudad. Se trataría de una herramienta pública, gratuita y voluntaria destinada a registrar y acreditar los antecedentes de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de locación.
El proyecto contempla el desarrollo de una plataforma digital bajo la administración del IVC. Allí podrían incorporarse datos relacionados con la antigüedad y continuidad de los contratos, el pago del alquiler, las expensas y los servicios, el estado de conservación de las viviendas y el cumplimiento de las responsabilidades asumidas tanto por quienes alquilan como por los propietarios.
A partir de esos registros se elaborarían dos indicadores. La Plataforma del Buen Inquilino (PBIn) permitiría reflejar el historial contractual de las personas que alquilan, mientras que la Plataforma del Buen Locador (PBL) estaría destinada a evaluar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los propietarios.
El mecanismo permitiría que ambas partes incorporen referencias sobre la otra, siempre que estén relacionadas con compromisos establecidos en el contrato y cuenten con documentación respaldatoria cuando corresponda.
Los datos podrían ser consultados por potenciales inquilinos, propietarios, corredores inmobiliarios y compañías aseguradoras. Sin embargo, el acceso estaría condicionado al consentimiento expreso de la persona titular de la información y debería producirse en el marco de la evaluación de una nueva relación de alquiler.
La participación en el sistema no sería obligatoria. El proyecto establece que no estar registrado no podrá utilizarse como motivo para rechazar una solicitud de alquiler ni generar consecuencias negativas para ninguna de las partes. Tanto la incorporación de información como las consultas a la plataforma serían gratuitas.
Protección de datos y mecanismos para cuestionar información
La propuesta también incorpora procedimientos para que inquilinos y propietarios puedan impugnar registros que consideren incorrectos, incompletos o improcedentes.
Los cuestionamientos deberán presentarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación. Una vez recibido el planteo, la autoridad de aplicación tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para emitir una resolución. Mientras la impugnación permanezca pendiente, el dato cuestionado no podrá utilizarse para disminuir la puntuación de ninguna de las partes.
Además, se contempla que los inquilinos puedan incorporar de manera voluntaria una Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). El documento únicamente informará si existen obligaciones tributarias locales exigibles que no hayan sido regularizadas, sin exponer montos, ingresos, bienes ni otros datos alcanzados por el secreto fiscal.
La falta de presentación de esa constancia tampoco podrá perjudicar la calificación de una persona ni convertirse en un argumento para rechazar una solicitud de alquiler.
El proyecto prohíbe incorporar variables discriminatorias en el cálculo de las puntuaciones. Entre ellas menciona la raza, nacionalidad, género, orientación sexual, religión, estado de salud y afiliación política o sindical. También impide utilizar el nivel de ingresos de manera aislada o el patrimonio personal como factores para establecer las calificaciones.
Por otra parte, las inmobiliarias podrán adherir al sistema y cargar contratos o referencias en representación de los propietarios que les otorguen autorización. El IVC también tendrá la posibilidad de celebrar convenios con plataformas digitales dedicadas a la intermediación, publicación o administración de alquileres para facilitar el acceso a las puntuaciones.
Dos iniciativas para reducir las barreras de acceso al alquiler
En los fundamentos del proyecto de garantías, sus impulsores señalan que uno de los problemas para acceder a una vivienda alquilada es que algunas personas, pese a contar con ingresos para afrontar el pago mensual, quedan excluidas por no disponer de una garantía propietaria o de respaldo familiar. Frente a esa dificultad, la propuesta busca incorporar una alternativa pública destinada a determinados sectores de la población.
El sistema de puntuación, por su parte, apunta a que el historial de cumplimiento contractual pueda convertirse en un antecedente verificable al momento de buscar otra vivienda. De esta manera, una persona que haya pagado puntualmente sus alquileres y respetado las condiciones de contratos anteriores podría presentar esos registros ante un nuevo propietario, sin tener que acreditar su trayectoria desde el comienzo.
La herramienta también busca ofrecer a los inquilinos la posibilidad de conocer los antecedentes de cumplimiento de los propietarios antes de iniciar una nueva relación contractual.
Ambos proyectos establecen que, en caso de ser aprobados por la Legislatura porteña, el Poder Ejecutivo deberá reglamentarlos dentro de los 90 días corridos posteriores a su publicación en el Boletín Oficial.
Por el momento, las propuestas forman parte de iniciativas parlamentarias y no constituyen programas vigentes en la Ciudad de Buenos Aires.
