La legisladora Aldana Belén Crucitta presentó un proyecto para adaptar los procedimientos judiciales de la Ciudad a la digitalización de los expedientes. La iniciativa también contempla actualizar multas y sanciones e introducir modificaciones en la Ley de Tasa de Justicia.
La legisladora porteña Aldana Belén Crucitta presentó este miércoles 11 de noviembre el proyecto de ley 3511-D-2026, mediante el cual propone introducir cambios en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y en la Ley de Tasa de Justicia. La iniciativa busca poner al día una normativa sancionada en 1999, incorporar al marco legal las transformaciones vinculadas con la implementación del expediente judicial electrónico y revisar distintos montos económicos mediante unidades de medida que permitan conservar su valor a lo largo del tiempo.
La propuesta recupera un trabajo promovido por el Consejo de la Magistratura porteño durante 2024 y plantea modificar varios artículos de la Ley 189. De acuerdo con los fundamentos del proyecto, los avances tecnológicos de las últimas décadas transformaron el funcionamiento del Poder Judicial, por lo que consideran necesario adaptar los procedimientos a un esquema en el que las presentaciones, notificaciones y consultas de actuaciones se realizan principalmente a través de herramientas digitales.
Uno de los puntos centrales establece que los expedientes administrativos deberán incorporarse en formato digital a las actuaciones judiciales. En aquellos casos en los que todavía se encuentren en soporte papel, deberán ser digitalizados antes de su incorporación. Además, la iniciativa restringe el retiro de expedientes físicos a determinadas situaciones y prevé sanciones para quienes no los restituyan dentro de los plazos correspondientes.
Otro aspecto de la reforma está relacionado con la actualización de las multas y sanciones contempladas en el Código. El proyecto propone sustituir distintos importes fijos por Unidades de Medida Arancelaria (UMA), un parámetro que se actualiza periódicamente de acuerdo con los salarios del Poder Judicial de la Ciudad. Según los fundamentos, el mecanismo apunta a impedir que las sanciones pierdan capacidad económica como consecuencia de la inflación.
En ese marco, se establece que las multas por comportamientos temerarios o maliciosos durante un proceso judicial podrán ubicarse entre el 5% y el 30% del valor del juicio. Cuando no exista un monto económico determinado, la sanción podrá alcanzar el equivalente a 30 UMA. Los recursos obtenidos mediante estas multas serán destinados a los hospitales porteños.
La iniciativa también propone cambios en el sistema de notificaciones judiciales. Entre las modificaciones, establece que la firma electrónica de una cédula dentro del sistema correspondiente tendrá efecto de notificación para la parte patrocinada o representada. Asimismo, incorpora la posibilidad de utilizar plataformas digitales de amplia difusión como medios para publicar edictos judiciales.
En relación con las audiencias, el texto conserva la alternativa de utilizar versiones taquigráficas u otros registros técnicos cuando las videograbaciones no aseguren la accesibilidad universal de todas las personas que participan. También introduce modificaciones en los procedimientos para recibir declaraciones testimoniales, presentar pruebas y establecer los plazos destinados a la formulación de alegatos.
Por otra parte, el artículo 28 del proyecto plantea modificar la Ley 327 de Tasa de Justicia. La propuesta establece que los procesos judiciales que no tengan contenido económico y que no estén alcanzados por una exención deberán abonar una tasa equivalente a una UMA.
Los fundamentos de la iniciativa
En los fundamentos, Crucitta plantea que el Código Contencioso Administrativo y Tributario, aprobado en 1999, requiere una revisión para adecuarse a los cambios tecnológicos y económicos registrados durante las últimas décadas.
El documento señala que la digitalización del Poder Judicial porteño comenzó a avanzar con la Resolución 42/2017 del Consejo de la Magistratura y continuó con la puesta en funcionamiento del sistema de Expediente Judicial Electrónico (EJE). Esta herramienta permite realizar presentaciones, notificaciones y otras actuaciones judiciales mediante recursos informáticos.
La legisladora sostiene además que la reforma procura preservar garantías y principios fundamentales del proceso judicial, entre ellos el debido proceso, el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica. Al mismo tiempo, busca incorporar formalmente al Código distintas prácticas digitales que ya forman parte del funcionamiento habitual de los tribunales.
El proyecto fue presentado en la Legislatura porteña el 11 de noviembre bajo el expediente 3511-D-2026. En concreto, propone modificar 26 artículos del Código Contencioso Administrativo y Tributario, derogar otros dos y actualizar un artículo de la Ley de Tasa de Justicia.
