El recorte previsto para el área de discapacidad dejó al oficialismo en una posición de debilidad frente al PRO, la UCR y distintos bloques provinciales. Las negociaciones obligaron a La Libertad Avanza a modificar su propuesta, mientras dentro del Gobierno apuntaron contra el Ministerio de Economía por no haber advertido el costo político de la medida.
El conflicto generado por el recorte previsto para el área de discapacidad dentro del Presupuesto terminó obligando al Gobierno a revisar su estrategia legislativa y a negociar con sus aliados desde una posición más condicionada. El episodio dejó al PRO, la UCR y distintos espacios provinciales con mayor capacidad para imponer cambios sobre la agenda de La Libertad Avanza, que debió realizar concesiones que inicialmente no estaban contempladas.
La situación adquirió especial relevancia por tratarse de uno de los asuntos más sensibles de la discusión política y presupuestaria. Dentro del oficialismo, las críticas hacia la decisión fueron expresadas con cautela pero coincidieron en señalar al Ministerio de Economía, conducido por Luis “Toto” Caputo, como el área que quedó en el centro de los cuestionamientos.
La semana pasada se combinaron distintos factores que incrementaron la presión sobre el Gobierno. Por un lado, la Iglesia manifestó su posición en el marco de la visita prevista del Papa al Cottolengo San Orione en noviembre. Por otro, la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó públicamente la falta de consulta previa respecto del recorte presupuestario.
Todo ocurrió antes del tratamiento en comisión de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en un contexto en el que el oficialismo ya enfrentaba dificultades para ordenar una estrategia común frente a los reclamos de distintos sectores.
Desde la Casa Rosada, el episodio fue atribuido al área económica. El resultado fue que el Gobierno terminó obligado a negociar en condiciones menos favorables de las que había previsto.
Los cambios que debió aceptar el oficialismo
Como primera consecuencia, el Gobierno tuvo que revertir el recorte contemplado en el Presupuesto mediante una serie de modificaciones introducidas antes de la reunión de comisión prevista para este miércoles.
Sin embargo, aun después de esos cambios, dentro de La Libertad Avanza persistían dudas acerca de si lograrían reunir las firmas suficientes para avanzar con el dictamen que consideran la alternativa más conveniente de cara al debate en el recinto.
“Veremos qué pasa”, se limitó a señalar un alto funcionario nacional antes de una nueva jornada legislativa marcada por la tensión. De esta manera, el debate volvió a colocar en el centro de la discusión presupuestaria la situación de uno de los grupos sociales más vulnerables.
Frente a la presión de sus aliados y del peronismo federal, el oficialismo tuvo que presentar una propuesta modificada para intentar superar el escenario generado por el recorte.
La nueva iniciativa contempla tres modificaciones centrales: permitir la actualización de los montos destinados a los beneficiarios de acuerdo con la inflación, conservar el nomenclador universal para las prestaciones y establecer que la pensión pueda ser compatible con empleos registrados.
Esos puntos formaban parte de algunos de los principales reclamos planteados por las organizaciones vinculadas con las personas con discapacidad.
El rol de los bloques aliados
Las modificaciones fueron impulsadas con el objetivo de conseguir el respaldo de los sectores legislativos considerados más proclives al diálogo con el oficialismo.
En el sector de La Libertad Avanza en Diputados, sin embargo, consideran que las concesiones tendrán un costo mayor al inicialmente previsto, especialmente frente al espacio de Provincias Unidas.
En la reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, participaron Oscar Zago, del MID; Javier Sánchez Wrba, del PRO; Pamela Verasay, de la UCR; Fernanda Ávila, de Elijo Catamarca; Nancy Picón Martínez, de PyT; Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella, de Argentina Federal; y Karina Maureira, de La Neuquinidad.
La necesidad de alcanzar acuerdos con estos sectores estuvo vinculada también con el objetivo de impedir que avanzara la propuesta impulsada por los bloques de la oposición más dura, integrada por el peronismo, el kirchnerismo y la izquierda.
Desde esos sectores opositores señalaron que el principal cambio conseguido había sido la eliminación del término “emergencia”. Al mismo tiempo, remarcaron que las partidas destinadas al área quedarían aseguradas, pese a la intención inicial de aplicar el criterio de “no hay plata” sobre el área de discapacidad.
El giro representó una modificación importante respecto de la posición inicial del Gobierno y puso de manifiesto la necesidad del oficialismo de alcanzar acuerdos parlamentarios para sostener su estrategia presupuestaria.
La postura del Gobierno y los cuestionamientos a Caputo
En medio de las negociaciones, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que la discapacidad constituye una prioridad para la administración de Javier Milei.
“Para este gobierno las personas con discapacidad son una prioridad”, afirmó durante la mañana del martes. Además, aseguró que “ninguna persona con discapacidad se quedó sin el beneficio” desde la llegada de Milei a la Presidencia, pese a los testimonios de personas afectadas que cuestionan esa afirmación.
Dentro del bloque oficialista sostienen que el objetivo de mantener una buena relación con los aliados formaba parte de la estrategia legislativa desde el comienzo.
“Siempre el plan legislativo fue estar bien con los aliados”, aseguran en el espacio violeta.
Al mismo tiempo, otros integrantes del oficialismo dirigieron sus críticas hacia Luis Caputo. Según esa mirada interna, no habría existido una intención deliberada de provocar un perjuicio político, pero sí una falta de previsión sobre las consecuencias que podía generar la decisión presupuestaria.
Ese planteo coincide con la línea expresada por Patricia Bullrich, quien había cuestionado la falta de consulta antes de avanzar con el recorte.
Un oficialismo que busca relativizar el resultado
Mientras el Gobierno y los bloques aliados terminaban de definir la letra del dictamen sobre discapacidad, otros sectores de La Libertad Avanza buscaban restarle importancia al resultado de las negociaciones.
“No estamos condicionados por Patricia. Siempre supimos que íbamos a tener que negociar”, sostuvieron desde el oficialismo.
La lectura interna reconoce, de todos modos, que el conflicto terminó ofreciendo a una oposición que se encuentra fragmentada la posibilidad de instalar al Gobierno frente a una acusación de “crueldad” vinculada con sus políticas hacia las personas con discapacidad.
El episodio, así, expuso las dificultades del oficialismo para sostener sin modificaciones una decisión presupuestaria en un área especialmente sensible y mostró el peso que pueden adquirir los bloques aliados cuando La Libertad Avanza necesita construir mayorías parlamentarias.
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