El organismo internacional sostuvo que las ayudas amplias a las tarifas resultan ineficientes y costosas y propuso reemplazarlas por transferencias temporales y focalizadas. En el AMBA, la canasta de servicios públicos acumula una suba del 867% desde diciembre de 2023.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió este martes un documento en el que cuestionó el otorgamiento generalizado de subsidios por considerarlos “ineficientes y costosos”. El organismo planteó, en cambio, la necesidad de avanzar hacia mecanismos de asistencia más focalizados para proteger a los sectores vulnerables.
El planteo del Fondo respalda técnicamente la política aplicada por el Gobierno argentino de reducir los subsidios a las tarifas de transporte y energía. Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó 867%, frente a una suba estimada del 254% en el nivel general de precios al consumidor, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet).
El documento, basado en el capítulo 2 del World Economic Outlook (WEO) y titulado “Apoyo focalizado, no subsidios, puede proteger mejor a las personas cuando la inflación se dispara”, analiza las crisis del costo de vida que se intensificaron a partir de los conflictos en Ucrania y Medio Oriente.
Según el organismo, estos episodios provocan aumentos persistentes en los precios de los alimentos y la energía, que afectan con mayor intensidad a las familias de menores ingresos, deterioran el salario real y desanclan las expectativas de inflación a largo plazo.
Frente a este escenario, el FMI señaló que numerosos gobiernos recurren a subsidios generalizados o controles de precios para intentar contener el impacto sobre la población. Sin embargo, consideró que estos mecanismos presentan un elevado costo y resultan poco eficientes para alcanzar a quienes realmente necesitan asistencia.
El costo de los subsidios frente a la asistencia directa
Los cálculos incluidos en el análisis del FMI muestran diferencias significativas entre los distintos mecanismos de protección.
De acuerdo con el organismo, proteger a los sectores vulnerables mediante subsidios al consumidor cuesta entre tres y seis veces más que brindar asistencia directa.
Cuando se trata de subsidios destinados a los productores, el costo resulta todavía mayor: el FMI estima que pueden representar entre 14 y 22 veces más que una ayuda directa destinada a los sectores que requieren protección.
El organismo también puso el foco en los subsidios a la energía y los combustibles, al señalar que sus beneficios se distribuyen de manera desigual y alcanzan en mayor medida a los sectores de mayores ingresos.
En los países analizados, menos de 20 centavos de cada euro destinado a subsidios energéticos llegaron al 20% más pobre de la población.
A partir de este diagnóstico, el planteo del FMI para Argentina apunta a profundizar el desmantelamiento de los subsidios universales a las tarifas y avanzar hacia esquemas segmentados de tarifa social.
La recomendación general del organismo es priorizar transferencias de ingresos temporales y focalizadas, aprovechando los sistemas de protección social existentes y procurando, al mismo tiempo, preservar las cuentas públicas.
Críticas a la indexación generalizada
El FMI también cuestionó los mecanismos de actualización generalizados que suelen implementarse durante períodos de crisis.
El organismo señaló que los mercados emergentes suelen responder a este tipo de situaciones mediante la indexación masiva de salarios mínimos, salarios públicos y pensiones.
Según su análisis, cuando los gobiernos no cuentan con suficiente espacio fiscal, esas subas generalizadas pueden deteriorar las cuentas públicas y, al mismo tiempo, alimentar la inercia inflacionaria.
En lugar de proteger de manera específica a los sectores informales en situación de indigencia, el organismo considera que este tipo de mecanismos puede generar un impacto fiscal elevado sin alcanzar de manera precisa a la población más vulnerable.
Las tarifas de los servicios públicos aumentaron con fuerza en el AMBA
En paralelo al análisis del FMI, los datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet) muestran el fuerte incremento acumulado por los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Durante septiembre, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $268.405 para cubrir sus necesidades de energía, transporte y agua potable.
Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA acumuló un incremento del 867%, mientras que el nivel general de precios se habría elevado un 254% durante el mismo período.
Dentro de los servicios relevados, los mayores ajustes correspondieron al gas natural, que aumentó más de 1.600%, y al transporte, cuyo incremento se ubicó cerca del 1.500%.
El peso de estos gastos también aumentó sobre los ingresos de los trabajadores registrados. En septiembre, la canasta de servicios públicos del AMBA representó el 14,6% del salario promedio registrado estimado, equivalente a $2.024.647.
Esa proporción más que duplicó la registrada hacia fines de 2023, cuando representaba menos del 6% del salario promedio.
Pese a los fuertes aumentos acumulados, el Observatorio estimó que los hogares del AMBA pagan, en promedio, tarifas que cubren el 54% de los costos de los servicios públicos.
De esta manera, el Estado todavía afronta el 46% restante de esos costos.
