El fiscal federal sostiene que dos colaboradores que cobraban del Estado habrían sido utilizados durante el mandato del exdiputado para producir y difundir contenidos anónimos en redes sociales. La investigación por el presunto peculado de servicios quedó radicada en la Justicia federal porteña.
El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó que el exdiputado Emiliano Estrada sea citado a declaración indagatoria en la causa que investiga el presunto uso de recursos del Congreso para producir y difundir videos falsos en redes sociales.
Según la acusación, durante su etapa como diputado nacional Estrada habría utilizado los servicios de dos asesores cuyos salarios eran abonados por el Estado para realizar tareas vinculadas con la elaboración y difusión de contenidos anónimos.
El requerimiento fiscal fue presentado este martes 6 de octubre en el marco de la causa CFP 151/2025. Marijuan consideró, de manera preliminar, que la conducta atribuida al exlegislador podría encuadrar en el delito de peculado de trabajo y servicios, contemplado en el segundo párrafo del artículo 261 del Código Penal.
La solicitud se produjo luego de que la investigación quedara radicada en el fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires. El expediente había pasado previamente por los tribunales federales de Salta, donde Estrada ya había sido alcanzado por una audiencia de formalización de cargos el 18 de diciembre de 2025.
En su presentación, Marijuan sostuvo que el exdiputado habría utilizado “trabajos o servicios pagados por la administración pública en provecho propio” mientras ejercía su mandato.
El fiscal puso el foco particularmente en las tareas que, según la investigación, habrían sido asignadas a dos de sus asesores. De acuerdo con la acusación, los colaboradores se habrían encargado de “la confección y difusión de videos falsos, de manera clandestina y amparado en el anonimato de las redes sociales”.
La hipótesis de la fiscalía sostiene que personal remunerado con fondos públicos habría sido destinado a una finalidad que no estaba vinculada con las funciones legislativas. El requerimiento, según la información consignada en la causa, no precisa los montos involucrados ni identifica las cuentas utilizadas para publicar los contenidos.
La declaración de los dos asesores
Una de las principales pruebas mencionadas en la investigación son las declaraciones de los dos empleados que habrían sido destinados a esas tareas.
Los colaboradores reconocieron su participación en la difusión de contenidos que la investigación considera difamatorios. La operatoria se habría desarrollado mediante cuentas anónimas de TikTok.
Durante el tramo de la investigación que se desarrolló en Salta, la fiscalía había señalado que algunos de esos videos buscaban relacionar al Gobierno provincial con actividades vinculadas al narcotráfico.
En ese momento, el fiscal general Carlos Martín Amad había señalado que la acusación se centraba en el presunto desvío de servicios financiados por el Estado y en un supuesto abuso de autoridad.
Con el expediente ahora radicado en Buenos Aires, Marijuan explicó que las actuaciones deben adecuarse al régimen procesal vigente en esa jurisdicción, establecido por la Ley 23.984.
Por ese motivo, y tomando en consideración las actuaciones realizadas previamente por el Juzgado Federal N°2 de Salta, el fiscal solicitó que Estrada sea convocado para prestar declaración indagatoria.
El antecedente judicial en Salta
En la audiencia realizada el 18 de diciembre de 2025, la jueza federal de Garantías Mariela Giménez había admitido la imputación promovida por Amad contra Estrada por abuso de autoridad y peculado de servicios.
El entonces diputado participó de manera remota y no prestó declaración. Su defensa había solicitado la nulidad de las actuaciones y argumentado que existía una persecución política contra su representado. Ese planteo fue rechazado.
La investigación también estuvo atravesada por disputas de competencia entre distintos tribunales y por planteos relacionados con la inmunidad parlamentaria.
En junio de 2025, Amad había solicitado el desafuero de Estrada. Sin embargo, su mandato como diputado nacional finalizó el 10 de diciembre de ese año, antes de que pudiera completarse ese trámite parlamentario.
La causa vinculada con el presunto uso de recursos del Congreso terminó radicada en la Justicia federal porteña, donde intervienen el Juzgado Federal N°7, a cargo de Sebastián Casanello, y el fiscal Marijuan. La investigación sobre el presunto uso de fondos públicos para financiar la producción de contenidos en redes quedó así diferenciada del expediente que continúa en Salta por la difusión de los materiales.
La trayectoria de Estrada
Emiliano Estrada es economista y representó a Salta en la Cámara de Diputados de la Nación entre 2021 y 2025.
Antes de llegar al Congreso, se desempeñó como ministro de Economía de Salta durante la gestión del gobernador Juan Manuel Urtubey y como subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior.
La investigación por el presunto peculado de servicios busca determinar si, durante su período como legislador, los asesores que integraban su equipo y cobraban del Estado fueron efectivamente destinados a producir y difundir contenidos en redes sociales con una finalidad ajena a sus tareas legislativas. La imputación y los hechos investigados continúan bajo análisis judicial.
