El oficialismo consiguió la media sanción de dos iniciativas centrales durante una extensa sesión en la Cámara baja. Inocencia Fiscal II obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones, mientras que también avanzaron el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.
Tras una extensa sesión en la Cámara de Diputados, el Gobierno consiguió avanzar con dos de sus principales iniciativas económicas: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal implementado en diciembre del año pasado. Ambos proyectos obtuvieron la media sanción y ahora deberán ser tratados por el Senado.
La reforma de Inocencia Fiscal busca incentivar la incorporación al sistema formal de ahorros que actualmente se encuentran fuera del circuito, estimados en cerca de USD 179.000 millones, que según el oficialismo podrían destinarse a inversiones y contribuir a dinamizar la economía.
Durante el debate, desde el Gobierno sostuvieron que el objetivo es establecer “una relación diferente entre el Estado y quienes trabajan, producen, invierten y generan empleo”. La iniciativa surgió a partir de la evaluación del Ministerio de Economía, que consideró que la versión original del régimen no había tenido el resultado esperado y planteó ampliar el universo de contribuyentes alcanzados, además de introducir modificaciones técnicas destinadas a reforzar la seguridad jurídica.
Inocencia Fiscal II: qué cambia para los contribuyentes
Al momento de la votación, el proyecto obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, parte de Provincias Unidas, el MID, Independencia de Tucumán, Argentina Federal de Salta y Misiones, Producción y Trabajo de San Juan, Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad, Elijo Catamarca y Por Santa Cruz.
La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado explicó que el nuevo esquema busca “confiar más en el contribuyente y no tomarlo como un sospechoso por el solo hecho de haber protegido su ahorros”.
En esa línea, sostuvo que la fiscalización debe concentrarse en la evasión, pero sin convertir al contribuyente cumplidor en un sospechoso permanente. También aclaró que presumir la inocencia de los contribuyentes no implica perdonar delitos ni impedir investigaciones.
Uno de los principales cambios consiste en la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que hasta ahora condicionaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. Los límites eliminados eran de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio.
Con esta modificación, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá incorporarse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por una modalidad de presentación simplificada.
El proyecto también establece nuevas condiciones para que ARCA pueda impugnar una declaración. El organismo deberá detectar una diferencia de al menos 15% sobre el impuesto determinado, en lugar de calcularla sobre el saldo final a pagar.
Además, se incorpora un criterio de razonabilidad: no habrá una discrepancia considerada significativa cuando la diferencia nominal sea igual o inferior al 5% del límite establecido por el Régimen Penal Tributario, equivalente a $5 millones.
Los contribuyentes también tendrán una posibilidad de subsanar las inconsistencias durante 15 días hábiles, período en el que podrán rectificar la declaración e ingresar el saldo correspondiente sin que se configure la causal de impugnación.
Otro de los cambios establece que la carga probatoria quedará exclusivamente en manos de ARCA. El organismo podrá fundamentar sus observaciones únicamente en datos declarados, registros sistémicos o información aportada por terceros.
A su vez, el proyecto limita el uso de determinadas presunciones. Además de establecer la inoponibilidad del incremento patrimonial no justificado, se prohíbe hasta el 31 de diciembre de 2027 utilizar la presunción vinculada con depósitos bancarios.
Las restantes presunciones deberán contar con respaldo probatorio externo y no podrán utilizarse de manera aislada para realizar ajustes.
Beneficios para MiPyMEs y exclusión de funcionarios
La reforma también contempla un beneficio para pequeñas y medianas empresas, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales.
Estos sectores tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.
Durante el tratamiento en comisión, el oficialismo acordó con sus aliados excluir completamente de los beneficios del régimen a los funcionarios públicos.
Los representantes de los tres poderes del Estado que hayan ocupado cargos de alta responsabilidad durante los últimos cinco años podrán utilizar el sistema simplificado para presentar su declaración jurada y pagar el saldo correspondiente, pero no tendrán acceso a la presunción de exactitud ni a las demás protecciones tributarias.
En relación con los dólares no declarados, la iniciativa no establece una amnistía general. Lo que modifica es el marco bajo el cual ARCA podrá investigar el patrimonio, con la intención de incentivar que esos activos sean incorporados al circuito formal.
Desde la oposición cuestionaron el proyecto y señalaron que podría beneficiar a evasores. El diputado Martín Lousteau sostuvo que detrás de la simplificación tributaria se encuentra una reducción de la capacidad de ARCA para detectar y perseguir a evasores seriales, narcotraficantes y personas vinculadas con hechos de corrupción.
Por su parte, el diputado Ariel Rauschenberger, de Unión por la Patria, afirmó que la iniciativa “se le aproxima a un blanqueo” porque facilita la incorporación de fondos no declarados al circuito formal y limita las posibilidades de revisión.
El legislador aclaró que su espacio no rechaza la simplificación tributaria ni la incorporación de recursos a la economía formal, pero cuestionó que esos objetivos sean utilizados para reducir los controles y la trazabilidad.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
Durante la misma sesión, Diputados también aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que el Gobierno considera central para reforzar la independencia de la autoridad monetaria.
El proyecto establece una prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro por parte del Banco Central.
De aprobarse definitivamente, la entidad no podrá realizar adelantos transitorios ni comprar de manera directa títulos públicos en el mercado primario.
La iniciativa impulsada por Javier Milei busca modificar el esquema establecido con la reforma de la Carta Orgánica realizada en 2012, durante el kirchnerismo, cuando se ampliaron los objetivos del organismo para incluir, además de la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
El Gobierno pretende que el objetivo principal del Banco Central vuelva a estar concentrado en preservar el valor de la moneda.
Diputados ratificó el acuerdo entre el Mercosur y Singapur
Durante la madrugada, la Cámara baja también aprobó el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, que ya había recibido el respaldo del Senado en mayo.
El tratado obtuvo 234 votos afirmativos y 4 negativos y apunta a ampliar los mercados de exportación y diversificar las relaciones comerciales del bloque regional.
Con la entrada en vigencia del acuerdo, el 100% de las exportaciones argentinas tendrán un arancel del 0% en el mercado de Singapur.
El convenio también comprende comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual y comercio electrónico. Además, contempla medidas específicas para micro, pequeñas y medianas empresas.
Desde Unión por la Patria, el diputado Santiago Cafiero respaldó el acuerdo y destacó que se trata de un tratado de segunda generación que no se limita a la discusión arancelaria.
El legislador también planteó la necesidad de establecer una política de Estado para garantizar la cooperación comercial con Brasil, en medio del reciente conflicto diplomático entre Argentina y el gobierno de Lula da Silva.
Desde La Libertad Avanza, el diputado Damián Arabia defendió el acuerdo y afirmó que el Gobierno busca evitar represalias comerciales por parte de Brasil.
El Tratado de Patentes también obtuvo media sanción
La Cámara de Diputados también dio media sanción al proyecto que establece la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).
La iniciativa fue aprobada por 147 votos a favor y 93 en contra y generó cuestionamientos de sectores de la oposición, que advirtieron sobre posibles consecuencias para la soberanía nacional en materia científica y sanitaria.
La diputada Juliana Santillán, de La Libertad Avanza, defendió el proyecto y explicó que el tratado permitirá simplificar los procedimientos para registrar patentes en distintos países, además de reducir costos y tiempos para quienes desarrollan innovaciones en Argentina.
La legisladora recordó que actualmente 58 países forman parte del acuerdo, entre ellos Uruguay.
El diputado Nicolás Mayoraz también rechazó las críticas opositoras y sostuvo que representan una posición que “atrasa al país”. Según planteó, el sistema anterior implicaba mayores costos para los científicos argentinos y dificultades para registrar sus desarrollos.
Con la aprobación de estos proyectos, el Gobierno consiguió avanzar con parte de su agenda legislativa y ahora las iniciativas deberán continuar su recorrido en el Senado de la Nación.
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