La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de “shutdown” avanzan como herramientas para limitar la emisión y exigir equilibrio fiscal a las futuras administraciones, más allá del partido político que gobierne.
El Gobierno de Javier Milei consiguió la media sanción de dos proyectos considerados centrales para su programa: el régimen de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El avance de esta última iniciativa fue especialmente celebrado por el Presidente, debido al impacto que podría tener sobre las futuras administraciones.
En la Casa Rosada sostienen que muchos legisladores quizás no advirtieron el alcance de la reforma, pero consideran que el proyecto permite “asegurar el corazón del programa libertario”, al cerrar el acceso a la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento y obligar a los próximos gobiernos a sostener el equilibrio presupuestario.
La modificación de la normativa del Banco Central constituye, además, una de las herramientas que se complementan con el proyecto de “shutdown”, anunciado en julio. La iniciativa establece, en términos generales, que si las cuentas públicas mantienen un resultado deficitario durante varios meses consecutivos, el Congreso contará con un período limitado para corregir el desequilibrio presupuestario.
Si durante ese plazo no se alcanza el equilibrio, se activaría de manera automática el denominado shutdown, que implicaría la paralización de actividades estatales consideradas no esenciales. También se congelarían nuevos gastos y compras, no se adjudicarían contratos, se frenaría la incorporación de personal y se interrumpirían las transferencias discrecionales a las provincias.
Quienes conocen el pensamiento de Milei ponen estos avances en relación con una de las ideas que el Presidente expresó en distintas oportunidades: que su principal objetivo no sería perpetuarse en el poder y que no tendría inconvenientes en regresar a su casa, sino “dejar como legado las bases para que la Argentina sea el país más libre del mundo”.
En ese sentido, dentro del Gobierno consideran que uno de sus principales logros sería impedir que los políticos corruptos puedan financiarse mediante un Estado opresor, una idea que el propio mandatario suele plantear.
La reforma también contempla consecuencias para quienes incumplan sus disposiciones. La emisión monetaria ilegal sería considerada un delito con pena de prisión para los directivos del Banco Central y los funcionarios que autoricen o promuevan la impresión de dinero destinada a financiar el déficit del Tesoro.
El Gobierno también busca extender esa responsabilidad a quienes aprueben gastos que no estén contemplados o presupuestos deficitarios sin contar con partidas de financiamiento reales que permitan sostenerlos.
Entre los principales cambios previstos aparece la prohibición absoluta de que el Banco Central preste fondos a la Nación, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires o los municipios. También se eliminarían los adelantos transitorios y quedaría prohibida la compra directa de bonos al Estado.
Además, una futura administración que quisiera remover a las autoridades del Banco Central necesitaría contar con la aprobación previa de ambas cámaras del Congreso por una mayoría de dos tercios.
La iniciativa, sin embargo, también presenta riesgos. Uno de ellos es que el Gobierno podría quedarse sin capacidad de emisión frente a situaciones excepcionales, como una pandemia o una crisis extrema. Del mismo modo, una eventual falta de recursos en las provincias podría favorecer la aparición de bonos locales.
El legado que busca dejar Milei
En términos generales, quienes respaldan la iniciativa consideran que, si finalmente se aprueba la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, se dificultaría un regreso a la emisión monetaria como herramienta de financiamiento y, de ese modo, se buscaría evitar una nueva aceleración de la inflación.
En ese punto aparece una de las referencias económicas que Milei suele utilizar. En 1963, el economista Milton Friedman sostuvo que la inflación es un fenómeno monetario y que se produce cuando la cantidad de dinero aumenta más rápidamente que la producción. La frase se convirtió en una de las ideas que el Presidente repite con frecuencia.
Con este nuevo esquema, los legisladores deberían ser más cuidadosos al momento de aprobar gastos y determinar de dónde surgirán los recursos para financiarlos. El objetivo es devolver al Presupuesto un papel central en la administración de los recursos públicos, una función que, según esta mirada, se perdió en Argentina después de años de inflación elevada y manejo discrecional de los fondos estatales.
El próximo 15 de septiembre, el Poder Ejecutivo deberá enviar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. En el Gobierno consideran que, bajo las nuevas reglas, los legisladores podrían analizarlo con mayor atención que en años anteriores.
Créditos hipotecarios y el giro pragmático del Gobierno
Durante la semana también se produjo otra novedad vinculada con la política económica del Gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se utilizarán $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el fondo que reúne recursos destinados a respaldar el pago de jubilaciones, para otorgar créditos hipotecarios.
La decisión implica una intervención sobre el mercado crediticio que, según el ideario libertario, representa una práctica cuestionable: direccionar el crédito. A esto se suma que el Gobierno estableció una tasa de interés con un tope de UVA más 7,5% para esos préstamos.
La medida entra en tensión con los principios económicos asociados a Ludwig von Mises, uno de los referentes de la escuela austríaca reivindicados por Milei. En sus críticas al intervencionismo, el economista sostenía que cuando el Estado fija precios, salarios o tasas de interés diferentes de las que determinaría el mercado, altera la capacidad del sistema de precios para orientar la producción.
Pese a esas diferencias con la doctrina libertaria, Caputo avanzó con la iniciativa y utilizó conceptos como “justicia social”, una expresión tradicionalmente cuestionada dentro del liberalismo. La apuesta oficial es que los créditos contribuyan a reactivar el sector de la construcción.
Desde la oposición, la medida fue interpretada como una señal de que el nivel de actividad económica no tendría el dinamismo que el Gobierno esperaba. Una situación que, en su momento, también había sido reconocida por el entonces presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
La evolución de la actividad es relevante para las cuentas públicas porque, si la economía no crece con suficiente fuerza, sostener el equilibrio fiscal puede resultar más difícil debido a una menor recaudación tributaria.
A esto se suma que el Gobierno redujo distintos tributos y enfrenta, por el lado del gasto, el efecto de que aproximadamente el 60% de las erogaciones se ajustan de acuerdo con la inflación pasada. Cuando los índices de precios comienzan a desacelerarse, ese mecanismo puede provocar una recuperación de esas erogaciones en términos reales.
Al mismo tiempo, los ingresos fiscales se ven afectados por la reducción del empleo formal privado. Según datos oficiales del SIPA, desde noviembre de 2023 se acumula una pérdida superior a 241.000 puestos de trabajo en el sector privado formal. Si se incorporan las bajas del empleo público y del trabajo en casas particulares, la destrucción de puestos formales supera los 337.000.
En este escenario, analistas destacan que el Gobierno libertario volvió a mostrar pragmatismo frente a las dificultades que enfrenta.
La misma lógica aparece frente al problema de los deudores. Ante los distintos proyectos legislativos destinados a atender la situación de las personas morosas, en el Palacio de Hacienda se estaría evaluando la posibilidad de implementar medidas para asistir a los aproximadamente 6 millones de morosos que existen en el sistema financiero.
El propio ministro había señalado que se trata de un problema entre privados. Sin embargo, la magnitud de la situación podría llevar al Gobierno a analizar alternativas para abordar el problema.
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