A través del Decreto 409/2026, el Poder Ejecutivo reglamentó un amplio régimen de regularización que beneficia a los empleadores que mantuvieron trabajadores en la informalidad. El texto, que sacude las estructuras del sistema de seguridad social, pasa ahora a las manos de un Congreso obligado a convalidar o rechazar este histórico «borrón y cuenta nueva».
La contradicción estructural del mercado de trabajo argentino vuelve a quedar expuesta bajo una nueva arquitectura legal. El Gobierno nacional oficializó este lunes, mediante su publicación en el Boletín Oficial, la reglamentación del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER). La medida, plasmada en el Decreto 409/2026, abre una ventana de amnistía fiscal y previsional para el sector privado, reactivando de inmediato el debate de fondo: ¿se trata de un incentivo pragmático para reactivar la economía formal o de un premio estatal a la evasión que desfinancia el sistema de jubilaciones?
El decreto, que ya rige en todo el territorio nacional y golpea con fuerza la agenda política de la Capital Federal, introduce modificaciones profundas amparadas en la Ley de Modernización Laboral 27.802. Los beneficios para las empresas que decidan regularizar relaciones laborales informales o deficientemente anotadas implican una quita drástica de sus obligaciones vencidas hasta el último día del mes de adhesión. Entre las prebendas más severas para el antiguo orden regulatorio se destacan la extinción de la acción penal en causas específicas, la baja automática del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y una condonación de deudas que escala hasta el 90% en el caso de micro y pequeñas empresas, así como entidades sin fines de lucro. Para las medianas empresas (tramos 1 y 2) el perdón será del 80%, mientras que el resto de las corporaciones recibirá una quita del 70%.
El esquema de beneficios no se detiene allí. El Poder Ejecutivo dispuso una condonación total —del 100%— para las deudas vinculadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, el Régimen de Riesgos del Trabajo (ART) y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio. En cuanto al saldo no condonado, el decreto habilita dos vías que tensionan las arcas públicas: un pago al contado con un descuento adicional del 50% sobre el capital e intereses remanentes, o la opción de ingresar a un plan de facilidades que deberá instrumentar la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Por el lado de los trabajadores, el texto normativo establece que el período regularizado bajo este régimen será computado como tiempo de servicio para acreditar los requisitos mínimos orientados a la obtención de jubilaciones, pensiones, retiros por invalidez y subsidios por desempleo. Sin embargo, el ingreso real de esos aportes no realizados en su momento al fondo común previsional queda severamente recortado por las quitas otorgadas a las patronales.
El Poder Ejecutivo deberá remitir el Decreto 409/2026 al Congreso de la Nación en los próximos días. La Comisión Bicameral Permanente será el escenario donde la oposición y las fuerzas aliadas al oficialismo medirán fuerzas para convalidar o impugnar una norma que redefine las reglas de juego laborales y que promete encender la temperatura política en el parlamento.
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