Karina Milei convocó al ministro de Desregulación a la mesa política para que detalle los proyectos que tiene preparados. El Gobierno busca anticiparse a nuevas derrotas legislativas y avanzar con iniciativas sobre mercado inmobiliario, cabotaje, seguros y mercado de capitales.
A pesar de los recientes tropiezos que sufrió el Gobierno en el Congreso, la administración de Javier Milei decidió respaldar la agenda de reformas impulsada por Federico Sturzenegger y comenzó a delinear una estrategia para conseguir con anticipación los votos necesarios para avanzar con los proyectos pendientes.
En medio de las críticas por algunas iniciativas que no lograron ser aprobadas, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado fue convocado este martes a la habitual reunión de la mesa política del oficialismo, donde se define buena parte de la estrategia parlamentaria.
La convocatoria fue impulsada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, con el objetivo de que Sturzenegger pueda explicar en detalle los proyectos que prepara para enviar al Congreso.
Será la primera vez que un funcionario que no integra de manera permanente ese espacio participe de uno de sus encuentros.
Actualmente, la mesa política está integrada por Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
Desde el oficialismo anticiparon que durante el encuentro buscarán definir cómo continuar con los proyectos que permanecen en la agenda de Desregulación.
Las reformas que prepara Sturzenegger
Entre las iniciativas pendientes aparece la denominada ley “Hojarasca”, que ya cuenta con media sanción y propone eliminar alrededor de 70 normas que el Gobierno considera obsoletas.
El proyecto apunta a reducir la burocracia y contempla la derogación de disposiciones que permanecen formalmente vigentes aunque prácticamente dejaron de utilizarse. Entre ellas figuran el registro de palomas mensajeras, la obligación de obtener un carnet para ser mochilero y una norma que establecía una inhabilitación durante diez años para una autoridad que hiciera azotar a una persona.
Sturzenegger también tiene terminado otro paquete de reformas que fue finalizado en julio. El texto cuenta con 349 artículos y está enfocado principalmente en el mercado inmobiliario, aunque también incluye modificaciones relacionadas con otros sectores de la economía.
La iniciativa busca, entre otros objetivos, “promover la libre competencia contra toda forma de distorsión de los mercados”. En el entorno del ministro también mencionan entre los proyectos pendientes iniciativas vinculadas con cabotaje, seguros y mercado de capitales.
La preocupación del sector privado
La decisión de sumar a Sturzenegger a la mesa política fue recibida favorablemente en sectores empresarios, aunque persisten cuestionamientos sobre el contenido y las prioridades de las reformas que impulsa el Gobierno.
Desde el ámbito privado señalan que la preocupación no está solamente vinculada con las dificultades del oficialismo para conseguir la aprobación de sus iniciativas, sino también con cuáles son los proyectos que intenta llevar adelante.
En ese sentido, algunos representantes del sector consideran que la derrota legislativa vinculada con la ley de tierras no constituye necesariamente un obstáculo para la recuperación de la economía, aunque advierten sobre el comportamiento del consumo masivo, que continúa en terreno negativo.
Entre las demandas planteadas al Ejecutivo aparecen cuestiones relacionadas con el nivel de actividad, la presión fiscal, la competencia desleal y la infraestructura, según referentes del sector.
El tratado de patentes que sigue pendiente
Otro de los temas que permanece frenado en Diputados es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).
El oficialismo había conseguido dictamen en las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, pero la iniciativa finalmente no llegó a ser votada en el recinto.
Desde el sector que impulsa la adhesión argentina al tratado sostienen que el Gobierno podría volver a llevar el tema al Congreso próximamente. Martín Menem analiza como fecha tentativa el 26 de agosto, aunque la definición dependerá de las negociaciones parlamentarias.
Uno de los principales obstáculos fueron los cuestionamientos de los laboratorios nacionales al denominado Capítulo Dos, que establece una vigencia de 20 años para un registro en los países integrantes del tratado. Ese apartado quedó “en reserva” ante las objeciones de la industria farmacéutica argentina.
Desde empresas extranjeras consideran que el proyecto podría regresar con modificaciones, pero remarcan la importancia de que Argentina adhiera al PCT para incorporarse nuevamente a los estándares internacionales en materia de patentes.
De esta manera, el Gobierno busca reorganizar su estrategia legislativa, respaldar a Sturzenegger y establecer una hoja de ruta para evitar que nuevas reformas queden trabadas en el Congreso por falta de acuerdos o de votos.
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