La demora en la ampliación del Gasoducto Perito Moreno obliga a importar GNL en pleno invierno, encareciendo el suministro y afectando la actividad fabril en todo el país.
La falta de avance en obras clave para el transporte de gas volvió a generar tensiones en el sistema energético argentino. La demora en la ampliación del Gasoducto Perito Moreno obliga nuevamente a recurrir a la importación de Gas Natural Licuado (GNL), en un contexto marcado además por el aumento de precios internacionales debido a la guerra en Medio Oriente.
La situación ya impacta directamente en la industria, donde empresas de distintos sectores comenzaron a reducir turnos, reorganizar procesos productivos y, en algunos casos, frenar líneas de trabajo para poder adaptarse a la disponibilidad limitada del suministro y al incremento de los costos.
Según estimaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA), al menos una de cada dos compañías evalúa reducir su nivel de actividad durante el mes, debido a la imposibilidad de absorber el encarecimiento del gas. El mayor impacto se registra en pequeñas y medianas empresas, que dependen de redes compartidas con el consumo residencial y quedan en desventaja frente al abastecimiento domiciliario en períodos de alta demanda.
En ese contexto, distintas firmas analizan estrategias de emergencia como la reducción del consumo energético al mínimo, la modificación de turnos o la interrupción temporal de procesos. Otras optan por sostener la producción asumiendo mayores costos para cumplir con sus compromisos comerciales.
El escenario fue calificado por la Unión Industrial de Córdoba como una “ley de la jungla energética”, en referencia a las interrupciones del suministro incluso sobre contratos firmes y semifirmes, lo que —según la entidad— compromete la continuidad operativa de numerosas industrias.
La paradoja del sistema es que Argentina cuenta con una de las mayores reservas de gas no convencional del mundo gracias a Vaca Muerta, pero no dispone de la infraestructura suficiente para trasladar esa producción a los centros de consumo. La ampliación del gasoducto buscaba justamente resolver ese cuello de botella y reducir la dependencia de importaciones durante el invierno.
Sin embargo, la falta de capacidad de transporte mantiene al país obligado a importar GNL en un momento en el que la demanda interna alcanza sus picos estacionales. A esto se suma la suba internacional del combustible, que pasó de alrededor de 11 a valores cercanos a 23 o 26 dólares por millón de BTU, encareciendo fuertemente el abastecimiento.
Ante ese escenario, el Gobierno priorizó el suministro de los hogares con gas de producción local y trasladó el mayor costo del gas importado al sector industrial. De este modo, las empresas que antes pagaban cerca de 4,50 dólares por millón de BTU enfrentan ahora incrementos significativos para poder operar.
La decisión se enmarca en la estrategia oficial de sostener el equilibrio fiscal, evitando subsidios al incremento del precio internacional y también un traslado mayor a tarifas residenciales para no impactar en la inflación. Como resultado, el ajuste recae principalmente sobre la producción.
En paralelo, las distribuidoras comenzaron a recomendar a las pymes reducir el consumo durante los picos de frío, lo que podría profundizar la caída de la actividad en sectores intensivos en energía, como cerámicas, ladrillos y materiales de construcción.
El impacto también se extiende al sistema eléctrico, ya que la menor disponibilidad de gas obliga a utilizar combustibles líquidos como gasoil y diésel para generación, encareciendo aún más el costo energético para las empresas.
En este marco, el Gobierno asegura que el abastecimiento domiciliario está garantizado. El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, afirmó que no habrá faltante de gas en los hogares bajo condiciones normales y destacó el funcionamiento del sistema durante el invierno, incluso en jornadas de temperaturas extremas. Mientras tanto, la industria continúa absorbiendo las restricciones y el aumento de costos.
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