La Cámara Federal de Tucumán desplazó al juez Argibay por sus vínculos familiares con los investigados y ahora la detención del «Chiqui» quedó en manos de un nuevo magistrado.
El fútbol argentino arde y el olor a quemado llega hasta la calle Viamonte. Lo que era un secreto a voces terminó en un cachetazo judicial: el juez Sebastián Argibay, que tenía que decidir si metía presos a Claudio «Chiqui» Tapia y a su mano derecha, Pablo Toviggino, fue eyectado de la causa. ¿El motivo? Un «negocito» de tierras entre su propia hija y el hermano del tesorero de la AFA.
La jugada del fiscal Pedro Simón fue letal. Recusó al juez tras descubrir que en el expediente de 10.000 fojas por lavado de dinero y asociación ilícita, aparecía la hija del magistrado vendiéndole terrenos a la familia Toviggino. Una relación demasiado estrecha para alguien que debía impartir justicia de manera imparcial sobre los dueños de la pelota.
Ahora, con Argibay fuera de juego, la presión se traslada a los juzgados subrogantes. La Cámara Federal de Tucumán no quiso quedar pegada al escándalo y aceptó el apartamiento en tiempo récord, dejando a Tapia y Toviggino sin su «paraguas» protector en Santiago del Estero. El pedido de detención e indagatoria sigue firme y el nuevo juez tendrá la brasa caliente en sus manos.
En los pasillos de la AFA el nerviosismo es total. Saben que la investigación de cuatro meses acumuló informes explosivos de bancos y organismos de control que complican seriamente el manejo de los fondos del fútbol. Ya no es una pelea de Twitter; es una causa penal que busca cortar cabezas en la cúpula del poder deportivo.
¿Se terminó la impunidad para los mandamases de la AFA o encontrarán otro juez a medida para zafar del calabozo? La pelota ahora la tiene la justicia de Tucumán y Catamarca, mientras el hincha espera saber si, por una vez, la ley entra a la cancha.
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