La jueza ordenó paralizar los trabajos en el Santojanni tras la denuncia por la construcción de canchas de pádel privadas en un espacio público.
El escándalo por la presunta privatización del Polideportivo Santojanni llegó a los tribunales y le dio un cachetazo a los planes de la Ciudad en la Comuna 9. La Justicia porteña dictó una medida precautelar que obliga a frenar de inmediato cualquier ladrillo que se quiera poner en el predio de Liniers, tras el amparo presentado por quienes ven con indignación cómo un club del barrio se transforma en un negocio para pocos.
La bronca estalló cuando aparecieron máquinas para levantar cuatro canchas de pádel sin que nadie explicara nada. Ahora, el Gobierno porteño tiene apenas cinco días para dar la cara y explicar la legalidad del convenio con la empresa Trixma SRL. La jueza quiere saber si están rompiendo un área protegida, si se cargaron árboles y por qué no hubo información pública sobre el impacto ambiental de este proyecto que huele a concesión encubierta.
Desde la Secretaría de Deportes intentaron bajarle el tono diciendo que es solo un «permiso de uso», pero el barrio no se come el verso y exige que el polideportivo siga siendo 100% público. La resolución judicial es clara: no se toca nada hasta que se aclare si el convenio es legal o si es otra entrega de espacio verde a privados. Es una victoria clave para los que se plantaron contra el avance del cemento sobre el deporte social.
Mientras las obras están muertas, la pelota queda del lado del Ejecutivo, que deberá rendir cuentas sobre cómo gestiona los recursos de todos. ¿Es el inicio del fin para las canchas privadas en los polis porteños o solo un bache legal antes de seguir con el negocio? La situación está que arde y el precedente podría repetirse en otros barrios donde el espacio público está en la mira.
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