Tras permanecer casi dos meses prófugo, un efectivo de la fuerza de seguridad de la Capital Federal fue capturado en la provincia de Buenos Aires. El caso, blindado por una condena firme a siete años de prisión, saca a la luz la desprotección y las relaciones de subordinación que operan en los eslabones internos de las dependencias policiales.
El límite entre la autoridad legítima y la impunidad jerárquica volvió a quedar en el centro del debate judicial y social en la Capital Federal. Efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA), en un procedimiento conjunto con la Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP) de la UFECRI, detuvieron en la localidad bonaerense de Arturo Seguí a Facundo Sánchez Aguilar, un oficial de la Policía de la Ciudad de 34 años que se encontraba en la clandestinidad desde principios de abril para eludir una pena efectiva de prisión.
Sánchez Aguilar había sido condenado en agosto de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16, bajo los cargos de abuso sexual simple y abuso agravado con acceso carnal. La orden de detención inmediata se activó luego de que la Cámara Nacional de Casación penal rechazara los últimos recursos de la defensa, ratificando la validez del testimonio de la víctima y desarticulando los intentos por relativizar el ataque en los tribunales.
Los hechos acreditados por la justicia ocurrieron en un anexo de una comisaría del barrio de Palermo, un entorno público destinado a la seguridad que terminó convirtiéndose en el escenario del delito. De acuerdo con el expediente, el primer episodio ocurrió en diciembre de 2022, cuando el acusado forzó a ingresar a un cuarto de limpieza a la víctima, una agente de reciente incorporación a la fuerza. Meses después, en junio de 2023, valiéndose de su rol de instructor y de la evidente asimetría de poder, repitió las agresiones y el hostigamiento en momentos en que ambos se encontraban solos en la dependencia.
El fallo judicial resulta determinante al analizar las dinámicas internas de la institución. El tribunal evaluó el grave impacto emocional, el desarraigo laboral que sufrió la joven —quien debió afrontar licencias prolongadas y un posterior traslado— y la estigmatización que padeció dentro de la propia fuerza tras visibilizar lo ocurrido. En una resolución que marca un precedente indispensable para los ámbitos jerárquicos, la Cámara de Casación subrayó que la falta de resistencia física no puede interpretarse como consentimiento, legitimando el concepto de coerción institucional, donde el temor a las represalias o al descrecimiento suele postergar las denuncias de las víctimas.
Luego de semanas de tareas de inteligencia criminal basadas en el cruce de datos oficiales y registros telefónicos, los agentes federales localizaron al prófugo a unos 20 kilómetros de la ciudad de La Plata. Con la detención consolidada, la justicia ordenó además la extracción de los perfiles genéticos del condenado para su inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. El desenlace del caso expone la necesidad urgente de revisar los mecanismos de control, formación y protección interna de quienes tienen la tarea de asegurar el orden público.
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