La junta médica forense expone los brutales resultados de la autopsia definitiva mientras la querella denuncia la existencia de veinte impactos craneales que desatan una ola de indignación social en la Capital Federal.
El horror por el asesinato del menor Ángel López entra en una fase de definiciones judiciales que sacude las estructuras del fuero penal. El equipo de peritos forenses formaliza la entrega de los estudios histopatológicos complementarios en una audiencia convocada para este mediodía, un paso administrativo que resulta determinante para fijar la calificación legal definitiva contra los principales sospechosos y que reaviva las severas críticas sobre los tiempos que se toma el aparato judicial para esclarecer los casos de maltrato infantil.
Los datos preliminares aportados por el abogado de la querella, Roberto Castillo, terminaron de quebrar la paciencia de los sectores que exigen condenas ejemplares inmediatas. La representación del padre de la víctima confirmó que el informe médico ratifica la existencia de veinte traumatismos craneoencefálicos severos combinados con un cuadro infeccioso pulmonar, una revelación que desarma las versiones iniciales de la defensa y expone un escenario de tortura sistemática que estremece a la opinión pública.
El proceso mantiene tras las rejas a la madre del niño, Mariela Altamirano, y al padrastro, Michel González, ambos imputados bajo el cargo de homicidio agravado. El debate en los pasillos de los tribunales y en las calles de la Ciudad de Buenos Aires se centra en la necesidad de acelerar los juicios en los fueros criminales, donde las dilaciones burocráticas suelen otorgar márgenes de maniobra a los acusados de delitos aberrantes antes de recibir la sentencia firme.
El resultado de esta pericia médica oficial clausura la etapa de especulaciones técnicas y obliga a la fiscalía a formular el requerimiento de elevación a juicio de manera perentoria. La extrema gravedad de las lesiones documentadas por los peritos forenses intensifica la presión sobre los magistrados a cargo, quienes enfrentan un riguroso escrutinio social en una causa donde la impunidad o la demora no son toleradas por la ciudadanía.
