La nueva normativa redefine la protección de estas reservas de agua y genera debate.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, una decisión que impacta directamente en la gestión de los recursos naturales.
La nueva normativa introduce modificaciones importantes en el esquema de protección de los glaciares y las zonas periglaciares, consideradas fundamentales para el abastecimiento de agua.
Entre los principales cambios, se destaca la redefinición de las áreas protegidas, que ahora quedarán limitadas a aquellas con una función hídrica comprobada.
También se fortalece el rol de las provincias, que podrán establecer sus propios criterios de evaluación, lo que abre un escenario con mayor autonomía pero también con posibles diferencias en la aplicación de la ley.
El IANIGLA, por su parte, verá reducido su papel en la toma de decisiones, pasando a cumplir una función más técnica y consultiva.
Además, se reemplaza el sistema de prohibiciones generales por evaluaciones de impacto ambiental específicas, lo que permitirá analizar cada proyecto de manera individual.
El Gobierno defiende la medida como una forma de ordenar la normativa, mientras que sectores críticos advierten sobre los riesgos de flexibilizar la protección ambiental.
El debate continúa abierto y pone en discusión el equilibrio entre desarrollo económico y cuidado del ambiente.
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