La medida de fuerza gremial busca presionar a la empresa concesionaria Emova en medio de acusaciones cruzadas. El sindicato asocia la desvinculación a una denuncia por acoso, mientras que la firma argumenta fallas de desempeño en el período de prueba.
El conflicto laboral en el subterráneo de la Capital Federal sumó un nuevo capítulo de fricción. Este martes a las 9:30, los accesos de la estación Diagonal Norte de la Línea C se transformaron en el epicentro de una protesta gremial con la apertura liberada de molinetes. La acción directa busca visibilizar y exigir la reincorporación de una empleada recientemente desvinculada por la firma administradora.
La medida fue impulsada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) como parte de una campaña activa en apoyo a Araceli Pintos. Según sostiene la organización sindical, el despido se notificó de forma inmediata luego de que la trabajadora denunciara formalmente un hecho de acoso sexual en su entorno laboral. Frente a esta situación, la empleada ya inició acciones legales en los tribunales porteños para demandar la nulidad de la baja y su reinstalación en el puesto.
La protesta en la Comuna 1 se ejecutó pocas horas antes de una audiencia clave fijada a las 10:00 en la Avenida Roque Sáenz Peña 760, en el centro de la ciudad. El gremio enmarcó políticamente este reclamo en las jornadas previas a las movilizaciones de «Ni Una Menos», argumentando que el caso expone problemáticas de violencia laboral y de género en los espacios de transporte masivo.
Por el contrario, la respuesta corporativa rechaza cualquier nexo entre la medida y la presentación efectuada por la trabajadora. Desde la empresa Emova afirmaron de manera categórica que la decisión de no efectivizar la incorporación permanente de la empleada respondió estrictamente a incumplimientos de sus tareas detectados durante el transcurso del período de prueba. Asimismo, la prestataria aseguró haber cumplido de forma transparente con todas las instancias administrativas correspondientes antes de formalizar la rescisión del contrato.
Con una audiencia judicial abierta que deberá evaluar los elementos de prueba y el expediente impulsado contra la concesionaria, la disputa se mantiene activa tanto en los tribunales como en las estaciones, reabriendo el debate sobre los derechos laborales en los servicios esenciales de la Capital.
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