La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la denominada «Ley de Hojarasca», que elimina más de 30 leyes, 25 ordenanzas y diversos artículos considerados obsoletos, con el objetivo de simplificar y modernizar el sistema normativo porteño.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves la denominada «Ley de Hojarasca», una iniciativa impulsada por La Libertad Avanza que busca depurar el marco normativo porteño mediante la derogación de leyes, ordenanzas y artículos considerados desactualizados o sin aplicación práctica.
El proyecto obtuvo 30 votos afirmativos y 23 negativos, y fue aprobado sobre la base del despacho de mayoría presentado por la diputada María del Pilar Ramírez.
La norma dispone la derogación total o parcial de 30 leyes, 25 ordenanzas históricas y distintos artículos de la legislación vigente, en línea con el proceso de simplificación normativa que también impulsa el Gobierno nacional.
Según los fundamentos del proyecto, la acumulación de normas a lo largo de las últimas décadas generó superposiciones, burocracia y dificultades para la gestión pública y privada. Con más de 6.900 leyes registradas, el objetivo es avanzar hacia un sistema legal «más ágil, eficiente y moderno», reduciendo regulaciones innecesarias y facilitando la actividad económica.
La ley también establece que el Poder Ejecutivo deberá adecuar la normativa reglamentaria afectada por las derogaciones y reorganizar las partidas presupuestarias vinculadas con las normas eliminadas.
Debate y cuestionamientos
Durante el tratamiento legislativo también se presentaron objeciones. Un despacho de minoría propuso crear una Unidad Técnica de Consolidación Normativa para revisar integralmente el cuerpo legal porteño, aunque la iniciativa no fue sometida a votación.
Por otra parte, organizaciones vecinales y el Observatorio del Derecho a la Ciudad expresaron su preocupación por la derogación de la Ordenanza N.º 46.229, al considerar que podría debilitar la protección jurídica de plazas y parques públicos y facilitar futuros procesos de privatización. Además, cuestionaron el procedimiento legislativo utilizado para avanzar con la iniciativa.
Desde la oposición también hubo críticas. La legisladora Victoria Freire (Fuerza por Buenos Aires) sostuvo que la norma «no representa una revisión técnica», sino que responde a la falta de implementación de leyes previamente sancionadas por parte del Ejecutivo porteño. Entre otras observaciones, señaló la eliminación del Régimen de Fomento de la Economía Social y de disposiciones vinculadas al desarrollo del sur de la Ciudad.
Con esta aprobación, la Ciudad de Buenos Aires inicia un proceso de revisión y depuración de su entramado legal con el objetivo de reducir la dispersión normativa y actualizar el funcionamiento del sistema jurídico local.
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