El proyecto fue presentado en la Legislatura porteña y propone derogar artículos del Código de Habilitaciones que establecen límites para la venta, el envío a domicilio y el consumo de bebidas alcohólicas. También busca eliminar la prohibición que alcanza a kioscos y maxikioscos.
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires propone eliminar las restricciones horarias vigentes para la venta de bebidas alcohólicas y terminar con las limitaciones específicas que alcanzan a kioscos, maxikioscos y locales de venta de golosinas envasadas.
La iniciativa corresponde al expediente 2410-D-2026, iniciado el 10 de agosto, y lleva la firma del legislador Juan Ignacio Fernández, con Marcelo Gregorio Ernst como coautor, ambos de La Libertad Avanza.
El texto plantea derogar los artículos 1.1.1, 1.1.3 y 1.1.4 del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad.
Qué restricciones busca eliminar
Según los fundamentos del proyecto, actualmente existen diferentes límites para la comercialización de bebidas alcohólicas.
Entre ellos, la normativa establece que la venta para consumo fuera del establecimiento puede realizarse entre las 8 y las 22, mientras que los envíos a domicilio están permitidos entre las 8 y las 0.
Además, existen restricciones para determinados horarios: se prohíbe la venta en locales autorizados entre las 5 y las 10, mientras que el consumo dentro de esos establecimientos está restringido entre las 5.30 y las 10.
La iniciativa también busca eliminar específicamente la prohibición de vender y enviar bebidas alcohólicas desde kioscos, maxikioscos y locales de venta de golosinas envasadas.
Si el proyecto es aprobado, esas limitaciones quedarían eliminadas y los comercios alcanzados podrían vender bebidas alcohólicas sin las actuales restricciones horarias establecidas por esos artículos.
Los argumentos de los impulsores
Los autores consideran que las restricciones actuales constituyen regulaciones “arbitrarias” que afectan la libertad individual, el derecho de propiedad y la libertad de comercio.
En los fundamentos sostienen que los adultos deben poder decidir sobre sus propios consumos y cuestionan la intervención estatal bajo un criterio que califican de paternalista.
Otro de los argumentos está relacionado con la igualdad entre los distintos tipos de comercios. El proyecto plantea que no existiría una justificación para permitir que una persona compre alcohol en un supermercado o local gastronómico en determinados horarios mientras un kiosco tenga prohibida la misma operación.
Los impulsores también señalan que las restricciones horarias pueden generar dificultades para la fiscalización y favorecer situaciones de corrupción administrativa.
Según esa postura, eliminar esas limitaciones permitiría reducir cargas administrativas y concentrar los controles estatales en cuestiones vinculadas con el orden público, la seguridad vial y las normas de convivencia.
Alcohol y consumo problemático
El proyecto diferencia las restricciones comerciales de las políticas destinadas a prevenir y tratar los consumos problemáticos de alcohol.
En ese sentido, sus fundamentos sostienen que los consumos problemáticos deben abordarse como una cuestión de salud pública y que las prohibiciones generales sobre horarios no necesariamente están dirigidas a quienes presentan esas conductas.
También argumentan que las restricciones podrían favorecer canales informales de comercialización y concentrar la demanda clandestina en determinados puntos de la Ciudad.
El impacto económico que plantean
La iniciativa también incorpora un argumento económico. Sus impulsores consideran que eliminar las restricciones podría aumentar las operaciones comerciales formales y tener un potencial impacto sobre la recaudación tributaria indirecta y el empleo en actividades vinculadas con el comercio, los servicios y la logística.
Además, sostienen que una mayor libertad para comercializar bebidas alcohólicas podría incrementar la competencia entre grandes distribuidores y pequeños comerciantes, con una posible mayor disponibilidad de productos y competencia de precios para los consumidores.
El proyecto quedó presentado para su tratamiento legislativo y ahora deberá atravesar el correspondiente proceso parlamentario antes de que pueda convertirse eventualmente en ley.
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