El Gobierno reglamentó el régimen que abarata los aportes patronales por cuatro años y estalla la polémica sobre la precarización del sistema.
La publicación del Decreto 315/2026 en el Boletín Oficial marca un antes y un después para el bolsillo de los empresarios y la seguridad social de los empleados porteños. Con el objetivo de formalizar a quienes hoy trabajan «en negro», la Casa Rosada activó una reducción agresiva de contribuciones que ya genera roces entre quienes ven una oportunidad de empleo y quienes denuncian un desfinanciamiento del sistema jubilatorio.
El beneficio, que rige para contratos iniciados desde el 1° de mayo, permite a las empresas incorporar hasta un 80% de su nómina bajo este esquema de bajo costo. Los empleadores solo pagarán alícuotas de entre el 2% y el 3% durante casi media década, una cifra significativamente menor a la carga impositiva tradicional que asfixia a los comercios de la Capital.
Sin embargo, el control estará bajo la lupa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Cualquier incumplimiento en las condiciones de contratación derivará en la pérdida automática del beneficio y la obligación de devolver los aportes con intereses punitorios, una advertencia directa para quienes intenten simular contrataciones para evadir impuestos.
La medida alcanza especialmente a desempleados recientes y exmonotributistas, buscando absorber a la masa de trabajadores que quedó fuera del radar formal tras la crisis de diciembre de 2025. Mientras el sector privado celebra el alivio fiscal, los sindicatos miran con recelo una reforma que había sido frenada por la Justicia y que ahora vuelve con fuerza de ley.
El escenario queda planteado entre la necesidad de crear trabajo genuino y el temor a que estas «ofertas» patronales terminen licuando los derechos adquiridos. Con el cronómetro corriendo hasta abril de 2027 para aprovechar el ingreso al régimen, la discusión sobre la calidad del empleo en la Ciudad de Buenos Aires vuelve a estar en el centro de la escena.
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