La administración nacional intensificó su política de contracción fiscal durante el mes de mayo.
Bajo la estricta premisa de sostener el superávit a cualquier costo, el gasto primario devengado de la Administración Nacional sufrió un ajuste real del 4,5% interanual. Esta medida expone la rigidez del programa oficial ante un escenario de marcada recesión urbana que continúa minando los ingresos fiscales y hundiendo la recaudación tributaria.
El nuevo piso del recorte no se distribuyó de manera equitativa, sino que golpeó directamente a los sectores más vulnerables y al federalismo productivo. De acuerdo con los datos fiscales, el foco principal de la motosierra oficial se centró en la poda de los programas sociales, la quita de subsidios económicos y el ahogo financiero a los distritos del interior. El golpe más contundente lo absorbieron las provincias, con una estrepitosa caída del 55,8% en las transferencias asignadas por el Poder Ejecutivo. En contraste, las partidas destinadas al pago de jubilaciones y pensiones se mantuvieron prácticamente estancadas, anotando una variación marginal del 0,6% que apenas empata la inercia inflacionaria.
La sombra de la deuda flotante y la recesión
El desplome de la actividad económica urbana ha forzado al Ministerio de Economía a estirar las metas de ajuste para compensar la merma de recursos. Sin embargo, la mirada de los analistas del mercado y de los sectores sociales se posa ahora sobre la evolución de la denominada «deuda flotante». Existe una creciente preocupación en torno a la sustentabilidad del superávit, luego de los antecedentes de marzo, período en el cual el Ejecutivo recurrió a «pisar» sistemáticamente los pagos a proveedores y obligaciones del Estado para exhibir cuentas artificialmente ordenadas.
El impacto de estas decisiones macroeconómicas trasciende las planillas deExcel oficiales y consolida un escenario de creciente tensión social en las barriadas populares de Capital Federal y los cordones urbanos, donde el retroceso de la asistencia estatal profundiza la desprotección de los sectores formales e informales por igual.
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