La Justicia Federal investiga presuntas irregularidades en licitaciones de Tecnópolis y servicios de mensajería estatal. El foco está puesto en posibles beneficios indebidos hacia la consultora de Bettina Angeletti.
El juez federal Ariel Lijo dispuso este viernes una serie de medidas de prueba en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en contrataciones públicas que involucran a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La causa, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano, busca determinar si existieron beneficios discrecionales en concesiones clave, con especial atención en el predio de Tecnópolis y millonarios contratos de servicios de comunicación masiva.
Entre las principales disposiciones, el magistrado solicitó el envío de la documentación completa referida a la concesión de Tecnópolis a los tribunales de Comodoro Py. El objetivo es analizar las condiciones de los acuerdos firmados y verificar si hubo un apartamiento de las normativas vigentes. Asimismo, se requirieron expedientes administrativos sobre una licitación de 2025 para servicios de SMS y llamadas masivas, valuada en más de 3.600 millones de pesos, ante sospechas de una simulación de competencia entre las empresas participantes.
La investigación judicial también pone la lupa sobre la consultora +Be, propiedad de Angeletti. Se busca reconstruir el entramado societario de la firma y su relación comercial con empresas que resultaron adjudicatarias de contratos con organismos públicos. El juez Lijo solicitó información detallada a la Inspección General de Justicia (IGJ) para identificar a los beneficiarios finales de estas contrataciones y detectar posibles sobreprecios en los servicios prestados al Estado.
En esta etapa preliminar, la Justicia intenta determinar si los hechos encuadran en delitos como fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública o asociación ilícita. Para ello, se ha solicitado a la IGJ un relevamiento sobre proveedores recurrentes del Estado que mantengan vínculos directos o indirectos con el círculo cercano al Jefe de Gabinete, buscando reconstruir el circuito de las adjudicaciones bajo sospecha.
Hasta el momento, no se han formalizado imputaciones, pero las medidas de prueba marcan un avance significativo en la recolección de evidencia documental. La causa genera una fuerte repercusión política, dado que los contratos analizados pertenecen a áreas estratégicas de la gestión actual y comprometen directamente al entorno familiar de uno de los funcionarios de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo.
Con el requerimiento de información a los organismos de control y la auditoría de los expedientes administrativos, la Justicia Federal definirá en las próximas semanas si existen elementos suficientes para avanzar hacia declaraciones indagatorias o si las contrataciones cumplieron con los estándares de transparencia exigidos por la ley.
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