Tras el fallo adverso en la Cámara Federal, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario para suspender la recomposición de salarios y becas. Argumentan falta de partidas específicas y riesgo de déficit fiscal.
En un nuevo capítulo de la disputa por los recursos educativos, el Gobierno nacional formalizó hoy una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida busca revertir el reciente fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que obligaba al Estado a una recomposición inmediata de haberes. Desde la Casa Rosada sostienen que la norma es «inaplicable» en términos financieros, ya que no precisa las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir el gasto previsto.
La estrategia legal del oficialismo se apoya en la Ley 24.629 de administración financiera. Según los apoderados del Estado, la normativa universitaria debe quedar supeditada a la disponibilidad de recursos reales para no incurrir en déficit fiscal. Este movimiento judicial se produce a pesar de que la Sala III de la Cámara dictaminara el pasado 31 de marzo que no es posible anular una ley posterior con una anterior, un criterio que el Ejecutivo ahora busca que el máximo tribunal revise de forma urgente.
En los pasillos de Balcarce 50 admiten que el recurso extraordinario tiene como objetivo principal ganar tiempo. Mientras la Corte delibera, el plan del equipo económico es fragmentar la adecuación de partidas de manera mensual hasta fin de año, evitando un desembolso masivo y único. En paralelo, la mesa chica presidencial ya evalúa el envío de un nuevo proyecto de ley al Congreso para rediscutir el costo fiscal de la norma y establecer una ejecución presupuestaria más austera que la sancionada originalmente.
Por el lado de las universidades, el clima es de marcada incertidumbre. Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) confirmaron que la erogación de fondos será, por el momento, fraccionada y advirtieron que no hay definiciones sobre el pago de retroactivos. El sector académico manifestó su preocupación por la judicialización del conflicto, señalando que la intervención de la Corte podría dilatar por meses la implementación efectiva de las actualizaciones salariales y el pago de becas estudiantiles.
La intervención del máximo tribunal posiciona a sus ministros como árbitros finales de la gestión pública. La Corte no solo deberá definir el futuro del presupuesto educativo, sino que también tiene en sus manos la resolución del per saltum impulsado por el Gobierno para destrabar la reforma laboral. De esta manera, el sistema judicial se convierte en el escenario central donde se dirimen las dos disputas políticas y sociales de mayor impacto para la administración actual.
Con la apelación ya en curso, la comunidad universitaria queda a la espera de una medida cautelar que defina si la ley sigue vigente durante el proceso de revisión o si queda suspendida. El desenlace de esta batalla legal marcará el rumbo del segundo semestre para las casas de altos estudios y la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial.
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