El integrante de la Cámara de Diputados en representación de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, demandó públicamente que el Congreso de la Nación declare la invalidez del fallo judicial que dictó la condena de la exjefa de Estado, Cristina Kirchner, en el marco de la investigación por la causa Vialidad, requiriendo además su inmediata excarcelación.
A través de un pronunciamiento difundido en su perfil de la red digital X y ratificado durante su exposición en las jornadas denominadas “Argentina Productiva” —desarrolladas en el Hotel Brizo de la localidad de La Plata—, el legislador de extracción peronista advirtió que mantener bajo arresto a una personalidad política que ejerció en dos oportunidades la presidencia de la Nación y en una ocasión la vicepresidencia coloca al sistema institucional en un escenario de extrema debilidad democrática.
Las impugnaciones al procedimiento judicial
El parlamentario detalló un listado de supuestas anomalías detectadas a lo largo del proceso legal. Cuestionó la incorporación de un magistrado proveniente de una jurisdicción externa, la designación de un agente fiscal cuyo traslado original estaba pautado hacia la ciudad de Rosario para abocarse a causas de narcotráfico, y la imposición de restricciones a los mecanismos de apelación.
A estas observaciones técnico-procesales sumó la presunta vulneración del principio de imparcialidad. Al respecto, argumentó que los miembros del Máximo Tribunal de Justicia se encontraban en la obligación legal de inhibirse en la causa, en virtud de haber estado sujetos a un proceso de juicio político que fue impulsado de manera directa por la propia fuerza política a la cual pertenece la dirigente procesada.
Bajo esa perspectiva, Pichetto sostuvo que los actos y conductas emanados de un jefe de Estado poseen un marco de evaluación especial regulado por normativas específicas, por lo que no corresponde su juzgamiento mediante los canales jurídicos ordinarios. Afirmó que, tras la presentación del recurso de queja ante la Corte Suprema, el temperamento adecuado exigía el apartamiento de los jueces titulares y la conformación de un estrado ad hoc destinado a resolver la situación de la exmandataria.
En la actualidad, Kirchner purga una penalidad de seis años de privación de la libertad por hechos de corrupción —resolución que cuenta con la confirmación de la Corte Suprema en segunda instancia—, cumplimentando dicha medida de restricción bajo la modalidad domiciliaria en la propiedad ubicada sobre la calle San José al 1100, en la geografía del barrio porteño de Constitución.
La intervención legislativa como balance de poder
La fundamentación doctrinaria de esta postura ya había sido expuesta por el diputado en el seno de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso. En dicho ámbito defensorial, argumentó que las cámaras legislativas poseen las competencias necesarias para actuar frente a lo que catalogó como una situación de severa gravedad institucional, orientando sus facultades a determinar la anulación de un dictamen viciado para reestablecer la paridad en la división de los poderes públicos del Estado.
Durante las deliberaciones en comisión, Pichetto trazó paralelismos internacionales e históricos. Ejemplificó con los debates vigentes en el parlamento de Brasil, donde se analiza la revisión de una penalidad calificada por él como desprovista de sentido aplicada al exmandatario Jair Bolsonaro.
Asimismo, evocó el antecedente local vinculado a la controversia por el beneficio del «2×1» en causas de lesa humanidad. Recordó que, en dicha oportunidad, el Congreso determinó que la interpretación de ese cómputo resultaba incompatible con los compromisos del derecho internacional asumidos por el país, logrando suspender la aplicación práctica de aquellos fallos por un lapso aproximado de diez meses hasta que el Máximo Tribunal readecuó su jurisprudencia a los parámetros delineados por el cuerpo legislativo. Concluyó que estos precedentes evidencian la viabilidad legal de abrir una vía orientada a declarar la nulidad.
El referente legislativo reconoció que su planteamiento suscitará discusiones debido a que colisiona con las interpretaciones tradicionales sobre la independencia recíproca de las esferas del Estado. Sin embargo, insistió en que este tipo de resoluciones forman parte de las prerrogativas propias conferidas al Congreso, equiparándolas a las funciones de tomar el juramento constitucional al presidente de la Nación o convalidar los escrutinios de los procesos electorales.
Gestiones políticas y proyecciones de cara al escenario de 2027
En el plano de la reorganización política, se consignó que en el mes de febrero Pichetto concretó un encuentro de una hora de duración con la expresidenta en su residencia de Constitución. El intercambio fue catalogado como un diálogo fraterno enfocado en la unificación de las diferentes vertientes del peronismo y el diseño de una alternativa de centro nacional orientada a competir electoralmente contra el actual jefe de Estado, Javier Milei, en los comicios previstos para el año 2027.
La propuesta trasladada a Kirchner contempló la necesidad de que el Partido Justicialista articule acuerdos con fuerzas moderadas bajo una plataforma de perfil capitalista y productivo orientada al resguardo de la actividad industrial, el sector del trabajo y las expresiones culturales. Este acercamiento se encontraba programado desde los meses finales del año anterior, habiéndose postergado por las directivas y regulaciones judiciales ligadas al régimen de visitas domiciliarias de la procesada.
En sintonía con este armado, Pichetto ha mantenido conversaciones con diversas figuras del arco político, tales como el referente renovador Guillermo Michel, la diputada Victoria Tolosa Paz, el dirigente Nicolás Massot y el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, quien arrastra una sanción judicial de inhabilitación para el ejercicio de la función pública refrendada por la Corte en causas por amenazas y malversación de fondos.
De manera paralela, el legislador impugnó severamente la gestión de gobierno conducida por Javier Milei, caracterizándola como una administración de transición caracterizada por la falta de empatía social y de capacidades de vinculación institucional. Definió al equipo gubernamental como una estructura carente de experiencia y propensa al endeudamiento regular, cuya dinámica genera efectos severos sobre el tejido social.
Frente a esa caracterización de la coyuntura, propició la articulación de un frente de unidad de amplio espectro que aglutine tanto al peronismo como a otros espacios políticos, incluyendo a sectores que formaron parte del oficialismo, advirtiendo sobre las consecuencias de una eventual continuidad del actual modelo por un nuevo período de cuatro años.
Finalmente, Pichetto encabezó un encuentro proselitista en La Plata junto al legislador provincial Carlos Kikuchi. La actividad expone un proceso de aproximación política entre el excompañero de fórmula de la coalición Cambiemos, hoy alineado con la estructura peronista de Fuerza Patria, y quien se desempeñara como el principal responsable del armado de listas para La Libertad Avanza durante la campaña presidencial del año 2023. Durante la jornada, Kikuchi remarcó que el desarrollo del país demanda consensos transversales que superen las disputas partidarias mediante diagnósticos técnicos y proyecciones estratégicas.
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