El jefe de gobierno Jorge Macri firmó un acuerdo con la UBA para pagar la atención de residentes de la capital sin obra social, en medio de la furia por el ajuste presupuestario nacional.
El sistema de salud y la educación pública volvieron a cruzarse en un escenario de máxima tensión política en la Ciudad de Buenos Aires. Tras la masiva movilización de la Marcha Federal Universitaria que sacudió las calles porteñas, el gobierno de Jorge Macri anunció un sorpresivo convenio con la Universidad de Buenos Aires para financiar las prestaciones médicas de los ciudadanos locales en el Hospital de Clínicas, desatando una ola de cuestionamientos sobre el verdadero trasfondo de la asistencia estatal.
La jugada oficial abre una fuerte disputa sobre la responsabilidad del financiamiento de las instituciones que dependen de la Nación. Mientras las autoridades de la UBA denuncian un ahogo presupuestario extremo que pone en jaque el funcionamiento de sus hospitales escuela, la administración porteña interviene con recursos propios para absorber la demanda de las guardias, internaciones y terapias intensivas, una decisión que muchos sectores interpretan como un salvataje político encubierto frente a la inacción del gobierno central.
El debate está instalado entre quienes ven esta medida como un alivio necesario para el colapsado sistema sanitario de la Capital Federal y aquellos que critican el uso de los impuestos de los contribuyentes para parchar la crisis de un sector universitario desfinanciado. El anuncio no es casualidad: llega exactamente una semana después de que más de seiscientas mil personas marcharan en defensa de la educación y la salud pública, exigiendo respuestas urgentes a los reclamos salariales del personal de salud.
La prioridad declarada de atender exclusivamente a los residentes de la Ciudad expone también el endurecimiento de la política sanitaria local frente al histórico debate por la atención de pacientes que provienen de otras jurisdicciones. El Hospital de Clínicas se convierte así en el nuevo epicentro de una puja distributiva donde se mezclan las necesidades básicas de la población, la autonomía de las universidades y el manejo de los recursos públicos.
La implementación de este acuerdo deja una incógnita abierta sobre el futuro del resto de los centros asistenciales dependientes de la universidad. La opinión pública y los gremios médicos miran con lupa los alcances reales del convenio, mientras el conflicto de fondo por la Ley de Financiamiento Universitario sigue sin resolverse en el Congreso de la Nación.
Acerca del autor
