Un demoledor informe de la UBA y el Conicet confirmó que un hogar promedio necesita casi 250.000 pesos por mes solamente para pagar la luz, el gas, el agua y el colectivo, pulverizando el poder de compra de los usuarios.
El bolsillo de los ciudadanos porteños sufrió un nuevo y violento golpe que enciende la indignación generalizada en todos los barrios. La canasta de los servicios públicos esenciales en el Área Metropolitana se incrementó un 17,5 por ciento durante el mes de mayo, una cifra que triplica holgadamente los índices de inflación general y que expone la velocidad con la que se deterioran las condiciones de vida en la Capital Federal.
La combinación de los aumentos tarifarios autorizados por el gobierno nacional y el salto en el consumo energético estacional previo al invierno desataron un combo letal. El servicio que lideró este tarifazo fue el gas natural, con un incremento salvaje del 53,3 por ciento, seguido de cerca por la energía eléctrica con un 37,8 por ciento. Las boletas llegan con montos imposibles de afrontar para miles de familias que ven cómo sus ingresos se licúan de forma acelerada.
El transporte público no se quedó atrás y consolidó su posición como el componente más destructivo para las finanzas del hogar, explicando casi la mitad del gasto total de la canasta de servicios. El boleto de colectivo en las líneas que circulan por la Ciudad aumentó un 5,4 por ciento debido a una polémica regla de indexación mensual, transformando el simple hecho de viajar a trabajar en un lujo diario insostenible.
Los datos históricos que revela el estudio académico son escalofriantes y justifican la bronca en las calles: desde diciembre de 2023, las tarifas de los servicios públicos esenciales se multiplicaron por un 800 por ciento, destrozando por completo cualquier paritaria salarial. En mayo, los usuarios debieron destinar el 14,1 por ciento de un sueldo promedio registrado únicamente a cubrir los servicios básicos, perdiendo una capacidad de pago alarmante frente al año pasado.
La brecha entre el costo real de las prestaciones y los ingresos populares augura un escenario de conflictividad y deudas acumuladas para los meses más fríos del año. Mientras las empresas prestadoras exigen mayores actualizaciones y el Estado recorta los subsidios focalizados, la clase media y los sectores trabajadores quedan atrapados en un laberinto financiero donde prender la estufa o encender la luz cuesta una fortuna.
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