El jefe de Gobierno remitió a la Legislatura un paquete de leyes clave para estructurar el nuevo fuero propio. La iniciativa contempla un Código Procesal renovado, audiencias virtuales y un sistema de conciliación obligatoria previo a la instancia de juicio.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó un avance definitivo en el diseño de su estructura institucional. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, envió a la Legislatura porteña un paquete integrado de proyectos de ley destinados a fundar y poner en funcionamiento el fuero laboral propio del distrito. La medida da continuidad a un proceso iniciado en 2024 y apuntalado por el convenio de transferencia de competencias firmado entre la Nación y la administración de la Capital Federal.
La propuesta oficial excede el histórico debate abstracto sobre la autonomía metropolitana, ya que constituye la primera diagramación integral del sistema judicial que absorberá las causas del trabajo. El paquete normativo contempla modificaciones de fondo en la organización de los tribunales, la redacción de un Código Procesal específico para la materia y la instauración de un mecanismo de resolución de conflictos previo al inicio de las demandas.
De un esquema inicial a una estructura permanente
Hasta el momento, los pasos administrativos de la Ciudad se concentraban en el concurso público para cubrir diez juzgados de primera instancia, una sala de Cámara y cargos del Ministerio Público. Sin embargo, el nuevo proyecto remitido por el Poder Ejecutivo multiplica exponencialmente esa escala original.
La organización proyectada por el Ejecutivo establece un fuero compuesto por 80 juzgados laborales de primera instancia y diez salas de Cámara que albergarán a 30 jueces de alzada. De acuerdo con el texto legal, este esquema definitivo tendrá competencia explícita sobre litigios individuales y colectivos de trabajo, asociaciones sindicales, el régimen de riesgos del trabajo (ART) y las revisiones de los dictámenes de las comisiones médicas. La envergadura de la planta judicial evidencia que la Ciudad abandonó los planes de estructuras transitorias para dar paso a un sistema definitivo.
Celeridad procesal y conciliación previa
La reforma introduce un Código Procesal diseñado de manera exclusiva para la Justicia del Trabajo de la Ciudad. El articulado incorpora herramientas tecnológicas orientadas a acortar los plazos de los expedientes, tales como la digitalización total de los procesos, la celebración de audiencias virtuales, un esquema de mayor oralidad y principios de concentración de pruebas, buscando edificar un sistema más ágil en comparación con el que rige actualmente en la Justicia Nacional del Trabajo.
En paralelo, el tercer pilar del paquete legislativo instituye el Servicio de Conciliación Laboral Previa y Obligatoria de la Ciudad. Este organismo, que emula las funciones del SECLO nacional, fijará una instancia obligatoria de mediación entre las partes antes de habilitar la vía del juicio, una herramienta utilizada habitualmente para moderar la litigiosidad y favorecer acuerdos rápidos.
La aceleración de este debate normativo pone en juego las reglas de juego institucionales que ordenarán los conflictos del sector durante las próximas décadas. La conformación final de los juzgados, las fiscalías y las defensorías resulta estratégica, ya que dichos organismos serán los encargados de moldear la futura jurisprudencia y la interpretación del derecho del trabajo dentro del territorio porteño.
