La oposición puso la lupa sobre los inmuebles en emergencia edilicia y exige explicaciones sobre los desalojos que dejan familias en la calle.
Las paredes hablan y en la Ciudad de Buenos Aires lo que dicen es aterrador. Mientras los vecinos caminan entre grietas y apuntalamientos, la Legislatura porteña estalló con un pedido de informes fulminante para que el Ejecutivo rinda cuentas sobre qué está pasando con los edificios en riesgo de colapso desde 2024 hasta hoy.
¿En qué manos está la seguridad de las casas de los porteños? El proyecto de resolución exige que el Gobierno de la Ciudad entregue, en menos de un mes, la lista negra de propiedades con «emergencia edilicia». El foco está puesto en la oscuridad de los criterios técnicos: nadie sabe a ciencia cierta por qué algunos edificios terminan en clausura total y otros siguen en pie como si nada.
El escándalo también salpica a la gestión social. La diputada Claudia Neira y otros bloques opositores quieren saber cuántas personas terminaron durmiendo en la vereda por desalojos forzosos y si realmente hubo asistencia habitacional o si la Policía de la Ciudad fue la única respuesta estatal frente al peligro de derrumbe.
Hay sospechas de que se están haciendo operativos mediáticos sobre los mismos inmuebles de siempre, sin atacar el problema de fondo. Se piden datos procesables sobre las obras que nunca se hicieron y sobre la falta de conexión entre las bases de datos de los organismos de control. Es el caos burocrático versus la vida de la gente.
La pelota ahora está del lado del Ejecutivo, que tiene 30 días para abrir sus archivos. Mientras tanto, la pregunta en los barrios es una sola: ¿tu edificio es el próximo en la lista de los que se vienen abajo o el Estado porteño finalmente va a dejar de mirar para otro lado?
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