El fiscal Taiano pide juicio oral para el efectivo que disparó a quemarropa contra Pablo Grillo. ¿Ordenes superiores o locura individual en medio de la represión a jubilados?
La justicia federal dio un paso decisivo para sentar en el banquillo a Héctor Guerrero, el gendarme acusado de arruinarle la vida al reportero gráfico Pablo Grillo durante las protestas de marzo de 2025. Con un pedido de elevación a juicio que suena como una bofetada a los protocolos de seguridad, la fiscalía sostiene que el cabo primero disparó su lanza gases en forma horizontal y sin que existiera peligro alguno, transformando una herramienta de dispersión en un arma letal contra quienes cubrían la marcha.
El relato de los hechos es escalofriante. Mientras los manifestantes se retiraban de las inmediaciones del Congreso, Guerrero habría decidido, por cuenta propia, ignorar todo su entrenamiento. El resultado fue un proyectil impactando directamente en la cabeza de Grillo, provocándole fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Hoy, el fotorreportero lucha contra secuelas cognitivas permanentes mientras el gendarme alega que «no tuvo intención» de causar daño.
Para el fiscal Taiano, la excusa del «accidente» no camina. La acusación es por lesiones gravísimas agravadas por el abuso de la función pública. El planteo es directo: un profesional de la seguridad sabe perfectamente que disparar un lanza gases a la altura de la cara es, técnicamente, un intento de asesinato o, como mínimo, un desprecio total por la vida ajena.
La polémica vuelve a encender la calle sobre el límite del uso de la fuerza. ¿Hasta dónde llega el derecho a reprimir una protesta y dónde empieza la cacería? Guerrero pertenecía a una sección de «empleo inmediato», pero su actuación parece haber sido más un acto de descarga personal que un operativo de orden público. Las cámaras del Congreso y los peritajes no mienten: la amenaza no existía.
El caso pone a la Gendarmería en el ojo de la tormenta otra vez. Mientras la defensa intenta salvar al uniformado, la fiscalía remarca que la protesta pacífica es un derecho sagrado. El debate está servido: ¿es Guerrero un chivo expiatorio de un operativo mal planificado o un violento con uniforme que debe pagar con cárcel efectiva?
El juicio oral será el escenario donde se defina si en Argentina todavía sale gratis disparar a la cabeza de un trabajador. La sociedad espera una respuesta: ¿protección o impunidad para los que portan armas en nombre del Estado?
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