La administración de Javier Milei adjudicó la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus. Mientras el Ejecutivo destacó la transparencia del proceso, sectores opositores y distintos analistas mantienen cuestionamientos sobre la licitación y los presuntos vínculos entre empresas participantes.
El Gobierno nacional oficializó la concesión de la Vía Navegable Troncal al consorcio conformado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa de gestión privada sobre el principal corredor fluvial del país.
La medida quedó plasmada mediante la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), publicada en el Boletín Oficial, y pone fin al proceso licitatorio iniciado en diciembre de 2025 para seleccionar al operador encargado de modernizar, operar y mantener la principal vía de salida del comercio exterior argentino.
Desde el Ministerio de Economía calificaron la adjudicación como un «hito histórico de transparencia» y aseguraron que el nuevo esquema permitirá mejorar la eficiencia de una infraestructura por la que circula cerca del 80% de las exportaciones nacionales.
Sin embargo, la decisión volvió a generar cuestionamientos de distintos sectores políticos y económicos, que sostienen que el proceso licitatorio presentó irregularidades y denuncian un supuesto direccionamiento en favor de las empresas finalmente adjudicatarias. Hasta el momento, esas acusaciones no cuentan con una resolución judicial que las confirme.
El rol del Estado en la nueva concesión
El Gobierno afirmó que, pese al traspaso de la operación al sector privado, el Estado mantendrá funciones de control sobre la actividad de la nueva concesionaria, denominada Vía Navegable Argentina S.A.
Además, anunció que avanzará en la conformación definitiva del Consejo de Control, un organismo que incorporará la participación de usuarios privados y representantes de las provincias ribereñas para supervisar el funcionamiento del corredor.
La concesión contempla trabajos permanentes de dragado, redragado, profundización del canal, renovación del sistema de balizamiento e incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la seguridad de la navegación y reforzar los controles vinculados a la lucha contra el narcotráfico.
Una infraestructura estratégica para el comercio exterior
La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye uno de los activos logísticos más importantes del país. A través de este corredor opera alrededor del 80% de las exportaciones argentinas y se articula la actividad de unas 60 terminales portuarias distribuidas a lo largo de su recorrido.
Por ese motivo, la concesión es considerada una decisión estratégica tanto para la agroindustria como para la industria y el comercio exterior.
El esquema económico adoptado establece que la concesionaria financiará las obras mediante el cobro de peajes, asumiendo el riesgo empresario sin aportes directos ni garantías económicas por parte del Estado nacional.
El contrato tendrá una duración inicial de 25 años y prevé la posibilidad de extender la concesión por cinco años adicionales.
Las proyecciones económicas del contrato
De acuerdo con las estimaciones oficiales elaboradas por la ANPYN, la concesión podría generar una facturación promedio cercana a los 628 millones de dólares anuales, con ingresos acumulados superiores a los 15.700 millones de dólares durante toda la vigencia del contrato.
Las proyecciones también prevén un incremento del 38,1% en el transporte internacional y un crecimiento del 28,2% en el cabotaje. En el tramo comprendido entre Santa Fe y el norte argentino, el aumento estimado del tráfico fluvial alcanza el 52,4%.
Según el cronograma previsto, las principales inversiones deberán realizarse durante los primeros siete años. Posteriormente comenzará la etapa de recuperación del capital invertido y, a partir del año dieciséis, se proyecta el período de mayor rentabilidad para la empresa concesionaria.
Los cuestionamientos sobre el proceso
Tras la adjudicación, distintos sectores volvieron a plantear críticas por el desarrollo de la licitación y por presuntos vínculos entre empresas que podrían participar en la ejecución de las obras.
Entre ellas se mencionó al Grupo Neuss como posible subcontratista de Jan De Nul para las tareas de dragado. También fueron señaladas otras compañías vinculadas al sector. Estas versiones fueron expuestas públicamente por distintos analistas y periodistas, aunque hasta el momento no existen resoluciones judiciales que acrediten irregularidades en esas relaciones comerciales.
Con la adjudicación ya formalizada, comienza una nueva etapa para la administración de la principal vía navegable del país, una infraestructura clave para el funcionamiento de la economía argentina y que seguirá siendo objeto de debate político y económico.
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